EL REVERSAZO

cuando el país se enteró el miércoles pasado del proyecto de beneficios para los presos aprobado por la plenaria de la Cámara la noche anterior a la ministra de Justicia, Almabeatriz Rengifo, le llovieron rayos y centellas. El proyecto pretendía, en teoría, descongestionar las cárceles y mejorar las condiciones de reclusión de los 42.000 presos que hay en el país, estableciendo alternativas diferentes para que los sentenciados purguen sus penas. Sin embargo, en momentos en que están tras las rejas varios miembros del Congreso acusados de enriquecimiento ilícito y algunos de los más reconocidos narcotraficantes, el que la titular de la cartera de Justicia apoyara una iniciativa semejante para muchos resultaba no sólo incomprensible sino que además dejaba el sabor de ser una propuesta con nombres propios. Inmediatamente le cayeron encima candidatos presidenciales, columnistas, juristas y hasta colegas del gabinete que no lograban entender que, a menos de un año de haberse aprobado la ley de aumento de penas, el gobierno diera un reversazo y ahora estuviera con el codo borrando lo que antes había hecho con la mano. Sin embargo, y aunque es innegable que la actitud de la Ministra en el episodio del nuevo narcomico fue muy confusa, lo más probable es que mientras cada uno de los promotores del proyecto tenía una agenda propia, ella fuera la única a la que la motivaran realmente las condiciones infrahumanas en que viven los presos en Colombia. Esta no era la primera vez que gobierno y congresistas trataban de sacar adelante un proyecto de esta naturaleza. Desde cuando comenzó la actual legislatura se han presentado por lo menos cinco intentos distintos de modificación de la ley penal cuyas consecuencias benefician directa o indirectamente a los narcotraficantes o a los congresistas acusados de enriquecimiento ilícito. La crisis penitenciaria y el hacinamiento de los reclusos es un hecho que nadie puede desconocer. Hay también muchas personas que piensan que las condenas aplicadas a varios de los involucrados en el proceso 8.000 han sido excesivas comparadas con las que se le han impuesto a narcotraficantes y delincuentes confesos. Pero el hecho de que fuera el mismo Congreso el que legislara a favor de algunos de sus miembros y un gobierno acusado de haber sido elegido con dinero del narcotráfico el que promoviera el proyecto hacía inevitable que la iniciativa fuera vista con malos ojos por la opinión.
El origen
El proyecto que aprobó la Cámara tuvo su origen en una iniciativa presentada en diciembre de 1996 por el entonces ministro de Justicia Carlos Medellín, cuyo objetivo era buscar alternativas distintas a las de cárcel para quienes cometieran delitos menores. El propio Medellín aclaró que estos beneficios no debían hacerse extensivos a quienes cometieran delitos graves como los de competencia de la justicia regional (narcotráfico, terrorismo, secuestro) o los contemplados en el estatuto anticorrupción. Después de hacer tránsito por las comisiones I de Cámara y Senado, el proyecto original de siete artículos salió convertido primero en uno de más de 130 y después en otro de alrededor de 70, que eran prácticamente reformas al Código Penal. Cuando se daba por descontado que el proyecto se archivaría, pues el engendro en que se había convertido hacía totalmente improbable su aprobación, sorpresivamente apareció en el orden del día del martes pasado. Lo propuesta que recibió la Cámara contenía solo ocho artículos. En ella lo que se hace es prácticamente ampliar los beneficios de reducción de penas al punto que, según los cálculos de un experto penalista "por cada año de sentencia una persona a la que se le certifique que estudia o trabaja podrá obtener rebajas hasta de ocho meses" (ver recuadro). El texto, casi en su totalidad, fue propuesto por el propio Ministerio de Justicia, el cual, primero a través del viceministro Campo Elías Rivera y luego de la propia ministra Almabeatriz Rengifo, se dedicó a hacerle lobby a una iniciativa que consideraban podía contribuir realmente a resolver la dramática situación de los presos colombianos. Sin embargo la cándida propuesta de la Ministra fue modificada ligeramente por los representantes. Cambiando tan solo dos palabras, la propuesta inicial que decía que el juez "podrá conceder la libertad condicional" a quienes hayan cumplido las dos terceras partes de su condena quedó convertida en "el juez concederá la libertad condicional" a quienes hayan cumplido las tres quintas partes de la condena. Esta pequeña modificación es la que, de ser aprobado el proyecto, permitirá que salgan libres la mayoría de los juzgados en el proceso 8.000 y que Miguel Rodríguez Orejuela pueda pasar de una pena de 21 años a ocho años efectivos de cárcel y Gilberto Rodríguez de nueve a cuatro años. A diferencia del proyecto presentado por Medellín, en esta ocasión sólo se exceptuaron de los beneficios los casos de secuestro, extorsión y homicidio.

Las reacciones
Una vez conocido el nuevo narcomico la primera reacción fue de sorpresa. Pocos entendieron por qué repentinamente el gobierno decidió reactivar un proyecto que ya se daba por descartado. Cuando se conoció el verdadero alcance de lo aprobado por la Cámara, de la sorpresa se pasó a la indignación. Hasta para la ministra de Relaciones Exteriores, María Emma Mejía, resultaba totalmente inexplicable que después de aprobada la ley de aumento de penas el gobierno terminara en la práctica reduciéndoles las penas a quienes se las había aumentado. Este fue el mensaje que transmitieron las agencias de noticias al exterior, donde la noticia _especialmente en Estados Unidos_ cayó como un baldado de agua fría. Pero quizás lo que más enfureció a la opinión fue el hecho de que una vez más el gobierno adoptara frente a temas cruciales actitudes confusas y contradictorias. Varios parlamentarios le aseguraron a SEMANA que votaron favorablemente el proyecto porque entendieron que el gobierno lo apoyaba. Es por eso que quedaron sorprendidos cuando el Presidente al día siguiente dio a entender que la Ministra había actuado por cuenta propia y a espaldas del gobierno. Resultaba prácticamente imposible que Samper, que se mantiene muy bien informado, estuviera ajeno a un debate de semejantes implicaciones. Pero, como en ocasiones anteriores, entre ellas frente al tema de la extradición, Samper hizo gala nuevamente de su habilidad para utilizar su acostumbrada política del 'sí, pero no'. A las pocas horas no tuvo ningún reparo en cambiar de posición y asegurar en una rueda de prensa que el gobierno sí conocía el proyecto y que lo que había sucedido era que en el trámite parlamentario se habían embolatado las excepciones. Lo que quedó claro con este episodio es que, tal y como le ha sucedido en otras ocasiones, Samper quería solucionar un problema político y al mismo tiempo quedar bien con la opinión. El problema para Samper no es insignificante. Al fin y al cabo buena parte de los presos del proceso 8.000 están allí acusados de haber ayudado a Ernesto Samper a llegar a la Presidencia con dineros del narcotráfico. En cuanto al Congreso, se trata de un caso de solidaridad de cuerpo. A muchos congresistas les parece injusto que sus colegas terminen pagando penas más altas que las de narcotraficantes y asesinos por el simple motivo de haber incurrido en prácticas políticas que hasta hace poco eran toleradas. Hay quienes afirman que el hecho de que la solución al problema político de Samper y de los congresistas estuviera amarrada a la de los 42.000 reclusos del país fue hábilmente aprovechada por algunos congresistas y funcionarios que se encargaron de alborotar el avispero dentro de las cárceles para que los presos empezaran a presionar soluciones. Al parecer fueron estos personajes los que promovieron las mesas de trabajo que se realizaron en distintos centros penitenciarios del país y que culminaron con manifestaciones en varios de ellos. Lo más grave de todo es que, tal y como están las cosas, el tiro puede salirles por la culata. El viernes pasado los senadores recibieron una carta en la que reclusos de la cárcel La Modelo aseguran que si no se aprueba la ley "quienes hemos trabajado por mantener la paz en los establecimientos de reclusión no seríamos capaces de controlar las manifestaciones de inconformidad". Esto quiere decir que, por donde se miren, las perspectivas del proyecto cuya suerte se decidirá esta semana no son halagadoras. Si se aprueba, incluso incluyendo como excepciones los delitos de narcotráfico y enriquecimiento ilícito, expertos penalistas aseguran que hay una alta probabilidad de que la Corte termine tumbando las excepciones argumentando el principio de que la ley debe ser igual para todos, o que los excluidos terminen beneficiados por el principio de favorabilidad de la ley penal. Si el Senado lo archiva, no hay duda de que los presos reaccionarán, como ya lo advirtieron, y que los motines en las cárceles no se harán esperar. Lo más paradójico de todo este episodio es que quien salió peor librada fue la Ministra, que fue quizás quien menos velas tuvo en el entierro. Su alta dosis de ingenuidad y su falta de experiencia política la convirtieron en el trampolín perfecto para sacar adelante un proyecto que poco tenía de cándido. Sin embargo, por sus antecedentes y su temperamento, es claro que su pecado fue más de ingenuidad que de complicidad. Y que la que más lejos estuvo de los hilos que movieron el tinglado del narcomico fue ella, quien en el fondo era posiblemente la única a la que verdaderamente le importaba la suerte de los 42.000 reclusos hacinados.
En qué consiste la alternatividad
* La libertad condicional deja de ser facultativa del juez para ser obligatoria cuando el condenado haya cumplido las tres quintas partes de la pena y observado buena conducta. Antes se requerían las dos terceras partes.
* A los detenidos y condenados se les rebajan dos días de reclusión por cada tres de trabajo o estudio. Hoy la proporción es de un día de reclusión por dos de trabajo o estudio.
* Los condenados a penas inferiores a cuatro años podrán pagarlas con trabajos comunitarios.
* Cumplidas las dos quintas partes de la pena el condenado podrá tener permiso para salir sin vigilancia por 15 días consecutivos, sin que exceda de 60 al año.
* Cumplidas las dos terceras partes de la pena los condenados podrán tener permiso para salir los fines de semana, cada 15 días.