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| 8/6/2001 12:00:00 AM

El reversazo

Después de haberlo acusado inicialmente la Fiscalía toma la decisión de exonerar a Alvaro Leyva. ¿Cómo se explica esto?

Pocas cosas impresionan tanto a los observadores internacionales como el hecho de que en Colombia los fallos de la justicia cambien con el juez de turno. Eso fue precisamente lo que sucedió con Alvaro Leyva la semana pasada. Durante la época de Alfonso Gómez Méndez la Fiscalía conceptuó que Leyva era culpable del delito de enriquecimiento ilícito de particulares por haber recibido 49 millones de pesos en un cheque de un personaje que acabó teniendo nexos con el narcotráfico. La semana pasada el nuevo fiscal, Luis Camilo Osorio, llegó a otra conclusión: que no existían suficientes evidencias para condenar a Leyva y que, ante la duda, la justicia tenía la obligación de exonerarlo. Como si este reversazo fuera poco, el otro organismo fiscalizador del país, la Procuraduría, manifestó que estaba en desacuerdo con el concepto del nuevo Fiscal y que en su opinión Leyva era culpable.

Mientras esto sucedía, en mentideros políticos y jurídicos flotaba la sensación de que el caso Leyva había sido fallado políticamente y de que, como el nuevo Fiscal era de filiación pastranista, esta era una misión que se le había encomendado ya que el Presidente tenía con Leyva la deuda de su elección por haberle organizado la reunión con ‘Tirofijo’ que lo llevó a ganar en la segunda vuelta.

¿Cuáles son las realidades del caso Leyva que llevaron a semejante confusión? En primer lugar, el hecho de que ese caso se parecía al de muchos de los condenados del proceso 8.000. Casi todos los protagonistas de éste que recibieron cheques de empresas de fachada del cartel de Cali no tenían ninguna alternativa diferente para justificar esos ingresos que decir que habían vendido obras de arte a los hermanos Rodríguez Orejuela. De ahí que de la noche a la mañana personajes como Eduardo Mestre y David Turbay se convirtieron en vendedores de cuadros, tapetes o esculturas. La Fiscalía no les creyó y los metió a la cárcel.

Cuando apareció el cheque de 49 millones de pesos de Alvaro Leyva la justificación de éste no fue arte sino repuestos de volquetas. Igualmente alegó que no tenía la menor idea de que el comprador, Jairo Aparicio Lenis, pudiera tener nexos con el narcotráfico. La Fiscalía, que había oído tantas mentiras sobre estas materias, abordó el caso con mucho escepticismo.

El cuento que echó Leyva fue el siguiente: que él había conocido a Jairo Aparicio Lenis como el propietario de una de las firmas explotadoras de carbón más importantes del Cerrejón. Que Aparicio necesitaba 30 volquetas para llevar a cabo la explotación de Prodeco, que era la firma privada carbonífera más grande del país. Y que como Leyva tenía contactos con la antigua Unión Soviética había conseguido en Minsk, Bielorrusia, 30 volquetas marca Belaz a muy bajo precio. Con una financiación de una carta de crédito las importó y se las vendió a Aparicio Lenis para que las utilizara su firma Cominco.

Todo esto había sucedido en septiembre de 1993, el problema del cheque de Leyva es que era de noviembre de 1994, es decir, un año y dos meses posterior. Leyva afirmó que esos 49 millones de pesos no tenían que ver con el negocio de las volquetas sino con un pago por la compra de repuestos para las mismas.

La Fiscalía procedió entonces a confrontar la versión de Leyva. Se pudo establecer que la historia de las volquetas era real. En el mundo de la minería colombiana todos la conocían. Se sabía que el vendedor era Leyva. Se entró en contacto con el distribuidor en Bielorrusia y allá confirmaron que el intermediario había sido él. El negocio fue por 1.900.000 dólares (4.500 millones de pesos de hoy). Leyva lo financió con dos cartas de crédito del Banco Ganadero.

Sin embargo, como las fechas de las volquetas no coincidían con las del cheque, ese negocio no sacaba a Leyva de problemas. Y su explicación sobre los repuestos de las mismas un año y dos meses después no alcanzó a convencer a la fiscalía de Alfonso Gómez Méndez.

Ese organismo averiguó que los repuestos de las volquetas por lo general eran comprados a la firma Maquesa, de Fernando Villegas, cuya empresa en Colombia proveía de repuestos a muchas marcas del bloque socialista. Leyva aclaró que los repuestos que él había traído eran los que no estaban disponibles en Colombia y requerían importación directa. Agregó que el hecho de que en Colombia una empresa vendiera repuestos no significaba que los tuviera todos ni que éstos no pudieran también ser vendidos por él.

Así como las pruebas del negocio de las volquetas resultaron irrefutables, las del negocio de los repuestos resultaron demasiado abstractas para la Fiscalía. ¿Qué repuestos correspondían a los 49 millones de pesos? Leyva presentó documentos de importación en que coincidían las fechas pero no las cifras. Aclaró que los 49 millones de pesos eran un adelanto que no tenía que correlacionarse milimétricamente con repuestos concretos porque el negocio había requerido varios viajes a Rusia que tenían que estar incluidos en el costo.

Todo este rollo sobre los repuestos le pareció demasiado enredado a la Fiscalía y decidió acusar a Leyva de enriquecimiento ilícito a pesar de aceptar que el negocio de las volquetas era real. Los abogados de Leyva manifestaron que era un absurdo considerar como ilícito un negocio de 49 millones de pesos con Jairo Aparicio Lenis cuando la propia Fiscalía reconocía que el negocio de 4.500 millones de pesos con el mismo señor era lícito.

La Fiscalía contraargumentó que el problema central era el origen de los recursos. Jairo Aparicio Lenis acabó teniendo nexos con el narcotraficante Pacho Herrera, a quien le lavaba dólares. Por lo tanto, como el enriquecimiento ilícito es un delito autónomo, la Fiscalía consideró que el caso de los repuestos encajaba en esta categoría.

Leyva se defendió señalando que hasta 1997 nadie en Colombia sospechaba que Jairo Aparicio tuviera nexos narcos y que el negocio se había llevado a cabo en 1994. Una cosa era hacer tratos con los hermanos Rodríguez Orejuela, que eran reconocidos mundialmente como narcotraficantes, y otra con un comerciante conocido ampliamente que explotaba minas de carbón del Estado. Procedió entonces a entregar múltiples certificaciones que avalaban a Jairo Aparicio como uno de los mineros más importantes del país hasta su problema en 1997.

A todo lo anterior la Fiscalía conceptuó que en el fondo no importaban las fechas de los problemas jurídicos de Jairo Aparicio sino el hecho de que estuviera involucrado con el narcotráfico y que Leyva recibió el cheque.

En ese momento Leyva decidió asilarse en Costa Rica y todo se mantuvo en suspenso hasta la semana pasada. Algunas personas en la Fiscalía pensaban que el caso Leyva era más inconcluso que contundente. Y a eso se sumó el controvertido video de Jonás Borrero. Este era un personaje que había confesado haber participado en reuniones en las cuales miembros de la Fiscalía reconocían haber negociado con Jairo Aparicio Lenis un testimonio en contra de Leyva a cambio de beneficios jurídicos. Jonás fue asesinado y dejó un video que se constituyó en un nuevo elemento de juicio. Ante esta nueva situación la Fiscalía optó por considerar que existían suficientes dudas para pedir la absolución de Alvaro Leyva.

¿Y qué pasó entonces con la Procuraduría? La semana pasada en la audiencia pública ante la juez quinta penal especializada este organismo se mantuvo en que, por un lado, había claridad sobre el origen ilícito de los recursos y, por el otro, no había claridad total sobre el negocio de los repuestos. El procurador delegado Camilo Montoya afirmó que aunque él había estudiado a fondo las pruebas no había encontrado ninguna que mostrara que sí hubo repuestos. Agregó que de haberlas visto “otra habría sido la suerte o el alegato del suscrito procurador”. Ante esta afirmación los abogados de Leyva sacaron del expediente la documentación sobre los repuestos y le pidieron al procurador delegado que la estudiara y emitiera un concepto sobre ella. En ese momento la juez intervino y dijo que la oportunidad ya había pasado.

La decisión final no está en manos de la Fiscalía ni de la Procuraduría. La suerte de Leyva está en manos de la juez Patricia Ladino, a quien la ley le da 15 días hábiles para llegar a un fallo definitivo. En todo caso sólo existe una cosa segura de este caso con tanto contenido político. Aun siendo exonerado fue tan confuso el caso para la opinión pública que el sueño de Alvaro Leyva de ser presidente de la República quedó enterrado para siempre.
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