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En la Casa de Nariño, el gobierno logró el pacto para sacar adelante la reforma. De izquierda a derecha, Mauricio Fajardo, presidente del Consejo de Estado; Camilo Tarquino, presidente de la Corte Suprema; Angelino Lizcano, presidente del Consejo Superior de la Judicatura; el presidente Santos, los ministros Germán Vargas y Juan Carlos Esguerra, y el senador Luis Fernando Velasco.

REFORMA CONSTITUCIONAL

El 'revolcón' a la justicia

Qué es lo bueno, lo malo y lo feo del gran acuerdo para la reforma de la rama judicial.

8 de octubre de 2011

El gobierno logró inyectarle vida al proyecto de reforma a la justicia, el más trascendental de esta legislatura, que hasta el miércoles pasado estaba a punto de naufragar. El acuerdo que lo revitalizó se llevó a cabo en la Casa de Nariño a instancias del presidente Juan Manuel Santos, en reunión con los presidentes de las altas cortes y varios congresistas. De esa forma, la iniciativa logró ser aprobada en su primer debate en el Congreso -son ocho-, el jueves en la madrugada. La pregunta ahora es qué tipo de reforma resultó del acuerdo.

Uno de los principales propósitos de la iniciativa es lograr eficacia en la justicia, para lo cual es urgente su descongestión. Frente a este punto hay consenso. Notarios y abogados tendrán funciones jurisdiccionales en causas menores sin que puedan recabar pruebas ni fallar procesos penales. Con miras a fortalecer la independencia de la justicia se implementarán varios ajustes: el presupuesto para la rama judicial pasa del 1,43 por ciento del Presupuesto General de la Nación a una cifra cercana al 3 por ciento; los magistrados de las altas cortes deberán tener una experiencia profesional ya no de diez sino de 20 años, estos serán elegidos por la propia corporación (cooptación directa), ya no por los congresistas. También se aumenta de 65 a 70 años su edad de retiro forzoso y, una vez este se produzca, deberán pasar cinco años antes de pretender un cargo de elección popular. Así se busca que los magistrados concluyan su carrera en los altos tribunales y no que usen estos como plataforma política.

Otro punto neurálgico sobre el que se logró consenso es la eliminación de la criticada Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, cuya misión -nunca cumplida- es investigar al presidente y a los magistrados, entre otras altas personalidades. En su lugar se creará un tribunal (nadie sabe quién lo vigilará) integrado por nueve magistrados que juzgarán en lo penal al presidente y otros altos aforados, mientras que de las faltas disciplinarias se ocuparán las altas cortes. En este punto el proyecto es confuso.

Según la ponencia fruto del gran acuerdo, la Corte Suprema investigará a los magistrados del Consejo de Estado y viceversa. El mismo esquema se implementaría entre la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura. La fórmula extrae de sus funciones esenciales a los máximos jueces y, como le dijo el exmagistrado Alfredo Beltrán a SEMANA, generaría "roces entre las altas cortes, y la posibilidad de impedimentos y recusaciones son muy altas. Terminaríamos en la designación permanente de conjueces en cada investigación disciplinaria".

Por el lado del Consejo Superior de la Judicatura los cambios no serán tan extremos como se anunció en un comienzo. Se conservará esta institución con un paquete de variaciones en su Sala Administrativa que parece indicar que todo cambiará para que nada cambie. Así mismo, sigue pendiente encontrar una fórmula de consenso que solucione por fin el llamado choque de trenes entre las cortes por las sentencias contra tutelas.

Por el lado del juzgamiento penal a los congresistas, en la práctica no hay grandes cambios. Se formalizará la división interna de Corte Suprema de Justicia para que unos magistrados investiguen y otros juzguen, como ya viene ocurriendo. Eso sí, se establece una segunda instancia -dentro de la misma Corte- y la última palabra quedaría en manos de magistrados de la Sala Penal.

Sin duda, lo feo del acuerdo fue el artículo que el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, le agregó al proyecto al filo de la medianoche. En él se plantea que los delitos de los militares sean conocidos exclusivamente por tribunales castrenses. El ingrediente produjo una lluvia de críticas por lo que el viernes el ministro del Interior, Germán Vargas, anunció que ese artículo será retirado de esta iniciativa.

Aunque parece que el camino para este proyecto se despejó, aún hay duros escollos por superar. En las próximas semanas se verá si el acuerdo es mucho más que una foto impensable años atrás.