El rompecabezas

En mayo de 1999 el go-bierno intervino para liquidar dos bancos ecuatorianos casi simultáneamente: el Banco del Pacífico y el Banco Andino. En ambos se perdieron importantes recursos del fisco que los bancos habían captado y tenían la obligación de transferir a la Dian.

La entidad interpuso sendas demandas en la Fiscalía contra los dos bancos en Colombia. Las demandas contra estas dos entidades tomaron cursos diferentes. La del Pacífico fue a dar a la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía. La del Andino resultó en resoluciones de acusación contra su propietario, Nicolás Landes, por “ocultación y destrucción de documentos” y violación al estatuto cambiario.

De otro lado, la Dian demandó en Estados Unidos solamente a uno de los dos bancos: el Andino. Esto despertó las sospechas del periodista Gerardo Reyes, del Nuevo Herald, quien investigó el caso. Recogiendo denuncias hechas en diciembre de 1998 por los representantes Hernando Carvalho y Javier Cáceres en el Congreso, llegó a la conclusión de que la razón por la cual no hubo demanda penal para el Banco del Pacífico en Miami pudo haber sido un acto de favoritismo del gobierno. Reyes logró establecer que ese banco tenía conexiones directas o indirectas con la plana mayor del pastranismo.

Luis Alberto Moreno, hoy embajador en Washington, había sido presidente de la junta de la matriz en Ecuador. Luis Fernando Ramírez, ex ministro de Defensa, había sido socio de una firma de inversión que tenía nexos con el banco. Como accionistas o miembros de juntas directivas más adelante en la investigación se sumarían los nombres de Camilo Gómez, alto comisionado para la Paz, Gabriel Mesa, secretario general de la Presidencia, y Jacob Bibliowicz, uno de los empresarios más cercanos al Presidente. Esta coincidencia de nombres, en la cual está medio gobierno, para Reyes, debía tener alguna relación con la no demanda penal en Miami.

Puesto que la que ponía las demandas era la Dian la explicación de las mismas le correspondió a Fanny Kertzman, quien estaba al frente de la entidad en el momento de los hechos. La hoy embajadora en Canadá ha dicho que los casos judiciales de los dos bancos eran totalmente diferentes. En el del Banco Andino existían pruebas de que días antes de que fuera intervenido en Colombia los dueños habían sacado la plata del banco, transfiriéndola a través de Miami a paraísos fiscales. Este paso del dinero por Estados Unidos creaba automáticamente una jurisdicción para una Corte de ese país.

En el caso del Banco del Pacífico no hubo ninguna evidencia de que se hubiera transferido dinero fraudulentamente al exterior. Según Kertzman, una demanda en Estados Unidos es una cosa muy seria que puede implicar contrademandas multimillonarias si carece de sustento. Sin pruebas de ninguna clase una demanda acarrea riesgos financieros enormes. De hecho, el Banco Andino, contra el cual hay pruebas, ya contrademandó al Estado colombiano por 100 millones de dólares. Explicó que hubiera sido absurdo demandar al Banco del Pacífico en Estados Unidos sin existir hechos punibles en ese país.

Los impuestos

Pero, ¿por qué había tanta plata de la Dian metida en esos bancos?

Durante la etapa más crítica de la crisis financiera, a mediados de 1999, los bancos pequeños en general, pero en especial el Andino y el Pacífico, empezaron a incrementar los recaudos de impuestos. Normalmente los contribuyentes consignan sus impuestos en entidades financieras y éstas tienen un plazo —que entonces era de 20 días— para entregar el dinero a la Dian. Tener depositada la plata de los impuestos durante algunos días le daba a estos bancos la liquidez transitoria que requerían para sobreaguar.

Pero empezaron a generar una dependencia excesiva del dinero de los impuestos y a captar montos que no guardaban proporción con el reducido tamaño de los bancos. El gobierno empezó a ser consciente del peligro que esto representaba, pues algunas de estas entidades estaban en riesgo de quiebra. Además se sabía de algunos bancos que incumplían el plazo para transferir el dinero a la Dian —el Pacífico lo hizo en varias ocasiones—. Por esta razón el 18 de mayo de 1998 el entonces ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, firmó una resolución que le prohibía al Banco del Pacífico seguir captando impuestos.

La entidad, sin embargo, lo siguió haciendo durante los dos días que siguieron a la firma de esta resolución. Lo hizo hasta el 20 de mayo, fecha en que la Superintendencia Bancaria tomó posesión del banco para liquidarlo. La explicación de la Dian sobre este hecho irregular es que la resolución del ministro Restrepo, aunque ya estaba firmada, no fue notificada a los bancos hasta el momento de su intervención.

Un punto que ha suscitado controversia es una certificación de la Dian, según la cual el banco estaba a paz y salvo con esa entidad en la transferencia de los impuestos recaudados. Este documento despertó algunas sospechas si se tiene en cuenta que el banco incumplió estas obligaciones con la Dian en por lo menos dos ocasiones. La explicación de la Dian al respecto es que la certificación se refería a una fecha específica y en ese preciso día no había atraso. Y que el funcionario que contestó la solicitud se limitó al corte de cuentas en el momento de la respuesta y no incluyó la historia pasada de los pagos.

En todo caso, cuando fue intervenido el Banco del Pacífico había 56.000 millones de pesos de impuestos depositados en él. Esa plata, al igual que la de los demás depositantes, quedó embolatada.

La posición del gobierno al respecto es que intervenir un banco es una medida de enormes implicaciones que puede afectar la estabilidad de todo el sistema financiero. Hasta el momento no se había liquidado ningún banco en Colombia y los ecuatorianos fueron los primeros. Bancos colombianos con situaciones comparables fueron intervenidos posteriormente.

Conflicto de intereses

En el fondo de todo este escándalo está el hecho de que altos funcionarios del gobierno eran socios de una empresa (Westsphere Capital Andina), que a su vez representaba intereses en el Banco del Pacífico. La historia es la siguiente:

En septiembre de 1997 Luis Alberto Moreno y Luis Fernando Ramírez abrieron una oficina para representar en Colombia una empresa estadounidense llamada Westsphere Capital Inc., una administradora de fondos de inversión extranjeros. La figura jurídica elegida para la representación en el país fue una sociedad anónima. Crearon entonces una sociedad llamada Westsphere Capital Andina S.A. el 12 de septiembre de 1997. El principal accionista de ésta era la matriz de Westsphere en Nueva York, con el 93 por ciento de las acciones. Moreno y Ramírez tenían cerca del 3 por ciento cada uno, según consta en el acta de constitución. También figuran como socios Camilo Gómez y Jacob Bibliowicz, con una participación simbólica del 0,1 por ciento cada uno. Según Moreno y Ramírez lo que ocurrió fue lo siguiente: como hay un requisito que exige que las sociedades anónimas tengan como mínimo cinco accionistas, y ellos dos con la Westsphere Internacional no eran suficientes, llamaron a sus amigos Gómez y Bibliowicz para cumplir con esa exigencia.

Pero, ¿a qué se dedicaba exactamente la firma Westsphere y cuál era la función de su filial colombiana? Esta empresa había sido fundada en 1989 en Nueva York por el financista norteamericano Joseph Vadapalas y el colombiano Eduardo Bohórquez. Ambos habían hecho carrera y ocupado altos cargos en el Chase Manhanttan Bank y se retiraron para formar esta firma, en la que también trabaja un hermano de Eduardo Bohórquez llamado Joaquín. Este último es más conocido en Colombia, pues hace dos décadas ocupó importantes posiciones en el Ministerio de Hacienda hasta llegar a viceministro.

El trabajo de Westsphere Capital Inc. es administrar fondos de inversión, que se especializan en comprar participaciones en empresas suramericanas. El objetivo es valorizarlas para venderlas al cabo de un tiempo. Lo que hace Westsphere entonces es identificar empresas suramericanas que estén buscando capital, estructurar los proyectos de inversión y proponérselos a los inversionistas que participan en esos fondos. Son estos últimos los que se convierten en socios de las empresas y no Westsphere Capital Inc. directamente.

En el mes de febrero de 1997 uno de esos fondos, el South America Equity Growth Fund, invirtió 12,4 millones de dólares para adquirir el 9,6 por ciento de las acciones del Banco del Pacífico de Ecuador, que a su vez tenía filiales del mismo nombre en Colombia, Panamá y Miami. No obstante, no hay total claridad sobre el monto de la inversión ya que el parlamentario Carvalho tiene en su poder copia de unos estados financieros, certificados por Arthur Andersen, en los que no figura una inversión de 12,4 millones de dólares sino únicamente de 5,4 millones. Los representantes de Westsphere en Nueva York afirmaron a SEMANA que consideran esta información errada y confirman que el monto invertido fue de 12,4 millones de dólares. En cualquier caso el fondo de inversión administrado por Westsphere tenía menos del 10 por ciento del Banco del Pacífico en Ecuador.

Cuando Ramírez y Moreno se vincularon a Westsphere en septiembre de 1997 parte de su trabajo era representar los intereses de ese 9,6 por ciento de las acciones. Así, Moreno fue miembro de la junta directiva del banco en Ecuador desde noviembre de 1997 y presidente de la misma desde marzo de 1998, hasta julio del mismo año, cuando renunció para irse de embajador.

Cuando empezó el actual gobierno Ramírez, Moreno y compañía siguieron siendo socios de Westsphere Capital Andina. Lo fueron hasta enero de 1999, cuando le vendieron sus acciones a la matriz de Westsphere a través de una sociedad que para el efecto se había constituido en las islas Gran Caymán. Así, en los cinco meses previos a la intervención del Banco del Pacífico en Colombia ya no estaban legalmente vinculados a la empresa Westsphere, que a su vez tenía intereses en el Banco del Pacífico.

Subsistieron después de esto algunos vínculos indirectos. Un hermano de Luis Alberto Moreno, llamado Ricardo, trabajó desde 1997 en la sucursal de Miami del Banco del Pacífico. Llegó a ser vicepresidente financiero de la misma y hace un año se retiró.

¿Hay mas conexiones?

Algunos de los críticos han observado que si bien los socios Moreno, Ramírez y Camilo Gómez de la empresa Westsphere Capital Andina vendieron sus acciones en enero de 1999 a una empresa de las Islas Caymán llamada Westsphere Andina Ltd. no se sabe si siguen siendo los dueños ya que es difícil obtener información sobre empresas en paraísos fiscales. Es más, El Espectador sugirió que el representante legal de esa empresa sería Luis Fernando Ramírez. El lo niega. Y la cónsul de Colombia en Miami, que tiene jurisdicción sobre las islas del Caribe, sostuvo en certificación escrita que los directores de esta empresa compradora, según figuran en registros de Caymán, son Eduardo Bohórquez y Joseph Valdapalos, socios de la empresa matriz de Westsphere Capital Inc. en Nueva York.

El último capítulo que ha salido a la luz pública de todo este asunto es una cena que el presidente Pastrana le ofreció en la casa de huéspedes ilustres de Cartagena a la plana mayor de Westsphere Internacional (14 personas) el 7 de noviembre de 1998. Otro de los asistentes en ese momento, Luis Fernando Ramírez, que fue quien llevó a los invitados, no se había vinculado aún al gobierno. Luis Alberto Moreno, en cambio, ya era embajador en Washington pero seguía siendo socio de la empresa Westsphere Capital Andina S.A. en Bogotá.

Se ha criticado que el Presidente invite a cenar a los socios de su embajador en Washington. Preguntado sobre el episodio, Moreno dijo que no tuvo nada que ver con esta invitación. La Presidencia, por su parte, explicó que parte de la labor del Presidente es atender a posibles inversionistas en Colombia.

¿Se perdio la plata?

Lo que queda claro después de todo es que cualquier presión que Moreno, Ramírez o el mismo Camilo Gómez hubieran podido ejercer fue en vano. El Pacífico fue el primer banco en haber sido liquidado en la crisis financiera. Por lo tanto los accionistas perdieron la totalidad de su inversión. En octubre de 1999 el banco también fue intervenido en Ecuador y pasó a ser propiedad del Estado. De manera que por el lado de los accionistas todo se perdió, tanto en Colombia como en Ecuador.

Por el lado de los ahorradores el gran interrogante es si se perdió la plata de los impuestos que estaban depositados en el banco cuando éste quebró en Colombia.

Al momento de la intervención había 56.000 millones de pesos depositados en el Banco del Pacífico. Las leyes ecuatorianas establecen que cuando los bancos tienen filiales en el exterior la casa matriz debe responder por las pérdidas patrimoniales en que puedan incurrir las subsidiarias. Como la matriz del Banco del Pacífico estaba legalmente constituida en Ecuador está cobijado por esa norma.

Esta garantía que ofrece la casa matriz del banco, sin embargo, no es equiparable a las garantías que se otorgan mediante una póliza, que se pueden cobrar con seguridad y rapidez.

Para recuperar la plata primero hay que esperar a que se termine de liquidar el banco en Colombia. Este es un proceso que dura mucho tiempo, aunque la ley establece que no puede tardar más de cuatro años. Si al final de la liquidación la venta de todos los activos no alcanza para devolverles todo el dinero a los depositantes la casa matriz responde por el saldo.

Como el Banco del Pacífico en Ecuador fue nacionalizado en octubre de 1999 el que responde ahora es el nuevo dueño de la entidad, o sea el gobierno ecuatoriano. El ministro de Hacienda de ese país, Jorge Gallardo, aclaró en carta a SEMANA que su gobierno “ha reiterado su irrevocable compromiso de honrar las pérdidas patrimoniales que se establecieren al final de dicho proceso liquidatorio”.

Hasta ahora en el proceso de liquidación la Dian ha logrado recobrar poco más de 14.000 millones de los 56.000 millones de pesos que se habían quedado en el Banco del Pacífico. Los directivos de la Dian calculan que al término de la liquidación, dentro unos dos años, se habrán recobrado aproximadamente 30.000 millones más. Para el dinero restante, unos siete millones de dólares, se cuenta con la garantía del gobierno ecuatoriano.

Lo que no se podrá recobrar, sin embargo, son los rendimientos financieros que esos dineros habrían producido, pues el reembolso de los recursos se contabiliza en pesos de 1999 sin intereses de ninguna clase.