El salto del canguro

"Voy a defender mi curul a muerte", le gritó el senador Carlos Espinosa Faciolince a Jaime Tamayo, director de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional, en las instalaciones de la Registraduría en Cartagena ante la presencia de muchos testigos. La ira del cacique liberal tenía sus razones: estaba perdiendo el escaño que había ocupado en el Congreso desde 1986. La registradora municipal de Cartagena, Ingrid Fortich, insistía en la revisión de los formularios de escrutinio pues en el último boletín electrónico de la Registraduría Espinosa ocupaba el puesto 110 con 34.956 votos y en los formularios de conteo oficial dio un salto de canguro y subió al puesto 84 con 44.629 votos. Esto era algo poco usual; la diferencia entre el preconteo electrónico y los escrutinios finales suele ser de apenas unos centenares de votos.

En otras palabras, lo que pasara con la petición de Fortich era para Espinosa Faciolince la diferencia entre estar 'quemado' y regresar al Senado. El senador, acompañado por su abogado Johnny Romero, vociferaba descompuesto a los representantes de la Registraduría, entre los que se encontraban los delegados departamentales Oswaldo Tirado y Fernando Mendoza, y pedía la exclusión del proceso de la registradora Fortich por "persecución política" en su contra.

El senador Espinosa se oponía al reconteo. Para Fortich, "entre el preconteo del ciento por ciento de las mesas y los formularios E-24 era evidente que había una diferencia injustificada de 2.000 votos a favor de Carlos Espinosa Faciolince". Según testigos, el director Tamayo se asustó ante los gritos del político y explicó que su presencia sería garantía para todos los candidatos. Los delegados le advirtieron que renunciarían si la registradora Fortich era separada del proceso de escrutinio.

La escena es apenas una muestra de la gravedad de las denuncias de fraude electoral que comienzan a develarse contra Espinosa Faciolince, entre otros congresistas electos del país.

Las pruebas 'reina'

SEMANA revela las maniobras empleadas y las pruebas concretas que hoy ponen en duda la imparcialidad e independencia de muchos funcionarios de la organización electoral. La clave para entender qué pasó está en los 62.000 formularios E-14 que llenó cada jurado de cada mesa de votación del país. Anotaron los votos obtenidos por cada uno de los 321 candidatos a Senado. Este año debían escribir estos resultados en tres copias: una iba para los claveros, que harían el trabajo de sumar los votos de las mesas; otra iba para los delegados de la Registraduría, y una tercera, exigida por el registrador nacional, Iván Duque Escobar, como su seguro 'antifraude', que iba a su despacho en Bogotá.

Duque ordenó a la firma de seguridad Thomas Gregg and Sons la impresión de un formulario adicional, que fue recogido en todo el país tan pronto se cerraron las urnas el 10 de marzo a las 4 de la tarde. De esta manera el propio Registrador Nacional tendría en sus manos una copia de la información fidedigna que salió de las urnas.

Fueron esos primeros formularios E-14 los que luego han resultado adulterados con tachones y enmendaduras (ver facsímiles). La verdadera dimensión de cuántos de ellos fueron cambiados entre las mesas de los jurados y los claveros que hicieron el escrutinio oficial sólo se sabrá cuando el Registrador Nacional compare su copia con las otras dos restantes.

Los casos

La 'inflación' electoral del senador Espinosa quedó demostrada de manera escandalosa en el municipio de San Cristóbal en Bolívar. En las tres copias del E-14 el senador aparecía con cinco votos mientras que en el formulario E-24 de la Registraduría municipal apareció el número 60 antes del cinco, o sea, un total de 605 votos para esa lista. De ser cierta, esta votación transformaría al pequeño municipio al norte de Bolívar en un fortín faciolincista. Situación que conocedores de la política regional desmienten categóricamente.

En otros E-14 se encontraron números tachados, enmendados y repisados. En algunos casos los totales de votos sufrían traumáticas metamorfosis: un 2 se convertía en un 8. Estas alteraciones se presentaron por casi todo el departamento de Bolívar: en la zona 8 de Cartagena, Cicuco, San Estanislao, Morales, San Martín de Loba, Magangué, Margarita, Pinillos, Marialabaja, Mompox, Arroyo Hondo, Achí, San Cristóbal, Altos del Rosario, Arenal, Calamar, Córdoba, El Carmen de Bolívar, Montecristo, San Jacinto, Santa Rosa, Soplaviento, Talaiga Nuevo, Tiquisio, Turbaco, Turbaná y Villanueva.

Por ejemplo, en Morales se descubrieron enmendaduras y tachones en los votos de casi todas las mesas. Lo curioso es que las alteraciones favorecen en todos los casos a los mismos candidatos: Moisés Quiroga, Carlos Clavijo, William Montes, Vicente Blel y Carlos Espinosa Faciolince.

El 'milagro de la multiplicación de los votos' también se presentó en Magangué, donde el preconteo registró 9.501 votos para el senador Vicente Blel Saad. Sin embargo el escrutinio realizado por la Registraduría municipal le trepó la votación a 18.262 votos. Lo paradójico es que el senador Blel nunca ha tenido su curul en riesgo, a diferencia del senador Espinosa. Todo lo contrario, su nombre siempre ha estado en la lista de los 15 más grandes electores de los comicios del 10 de marzo.

Esta es una muestra de los 102 casos que hasta ahora ha logrado descubrir la Registraduría en la revisión de los formularios electorales de los municipios de Bolívar. Acusaciones similares se presentan en los departamentos de La Guajira, Magdalena, Chocó, Casanare y la circunscripción especial de Bogotá.

Las reacciones

Mientras estas irregularidades se destapan en la Registraduría departamental de Bolívar el senador cristiano Jimmy Chamorro y el senador electo Jairo Clopatofsky revelaban la existencia de un boletín 41, no oficial, de la Registraduría Nacional, en el que aparecían consignados los aumentos desproporcionados de Espinosa Faciolince y Blel Saad. Este boletín, con fecha de primero de abril, también mostraba unos cambios abruptos en las votaciones antes del corte. Las listas del cristiano José María Villanueva y del conservador Jesús Carrizosa salían del Senado mientras que los liberales Piedad Córdoba y Miguel Pinedo Vidal resucitaban con 5.400 y 4.027 votos de última hora respectivamente.

Así, miembros del Congreso, la Procuraduría, la Fiscalía, la Registraduría, el Ministerio del Interior y el Consejo Nacional Electoral se han pronunciado para pedir que se investigue a funcionarios y políticos implicados en los casos de fraude. El registrador, Duque Escobar, entregó 331 formularios E-14 a la Fiscalía como pruebas del fraude y, según dijo a SEMANA, revelará todo este escándalo electoral en el Senado. Duque defenderá su credibilidad como cabeza de la Registraduría al sostener que sin los mecanismos que él implementó las irregularidades en los comicios jamás se hubieran podido detectar y demostrar.

Entre estas medidas se cuentan la tercera copia del formulario E-14, de la que se habló atrás. También el hecho de que eliminaran los nombres de los votantes en el certificado electoral que se les entrega a los ciudadanos después de votar. Esto, según Duque, facilitaba la suplantación de votos pues si un ciudadano no se presentaba a votar algún jurado inescrupuloso podía votar por él.

Todavía no se sabe a ciencia cierta la composición exacta del Senado pasado un mes de las elecciones. El Consejo Nacional Electoral advirtió el jueves de la semana pasada al dar inicio al escrutinio para la Cámara Alta que no entregará las credenciales a ninguno de los 102 senadores que por ahora aparecen entrando y que no estarán oficialmente elegidos hasta que sean resueltas todas las quejas. Así, para los senadores que luchan por su curul, el martirio puede durar varias semanas más.

Esta incertidumbre y la escalada del fraude en varios departamentos ha puesto a la organización electoral del país en el ojo del huracán y ha levantado dudas en los distintos sectores de la sociedad sobre la credibilidad de las elecciones presidenciales del próximo 26 de mayo. En el centro del debate están tanto el origen político de los miembros del Consejo Nacional Electoral como la politización de los funcionarios de las Registradurías regionales.

Más allá de la resolución de estas impugnaciones, varias cosas quedan claras. En primer lugar, las elecciones parlamentarias estuvieron contaminadas por una nueva modalidad de fraude en la cual la compra de votos tradicional ha sido sustituida por la corrupción de algunos jurados de votación y, sobre todo, de funcionarios de las Registradurías locales. Segundo, la elección presidencial no es comparable con la del Congreso, por lo que el riesgo de fraude es menor. Y, por encima de todo, este escándalo de fraude pone de manifiesto una crisis profunda del sistema electoral del país. Es obsoleto, dependiente políticamente, clientelizado y fácil de corromper. A estas alturas Colombia, que se precia de tener una de las democracias más antiguas del continente, debería por lo menos tener un poder electoral técnico e independiente que realmente asegure que quienes lleguen al poder sean las personas que escogieron los ciudadanos. Es lo mínimo que debe asegurar un sistema democrático que pretende seguirse llamando así. Si lo que se tiene como organización electoral fuera una especie de Banco de la República escenas como la del senador Espinosa Faciolince en Cartagena no se hubieran presentado.



Vea más sobre elecciones en Votebien.com