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| 12/6/2014 10:00:00 PM

El ‘sapo’ del narcotráfico como delito político

La propuesta de Santos de poner sobre el tapete el tema del narcotráfico y la ampliación del delito político generó un ‘tsunami’ de indignación.

La propuesta no podía ser más impopular. En momentos en que el presidente Santos estaba bastante caído en las encuestas con críticas por el proceso de paz y por la reforma tributaria, planteó la necesidad de incluir en la negociación de La Habana el narcotráfico como delito político.

A primera vista la iniciativa sonó indignante. En un país que ha librado una guerra de 30 años contra ese flagelo, en la cual dieron su vida personas de la talla de Luis Carlos Galán, Guillermo Cano y Rodrigo Lara, se estaba dando la impresión de un indulto a los magnicidas. Esa interpretación fue la que le dieron no solo los uribistas y el procurador sino algunas voces moderadas como la de Darío Arizmendi en su programa radial Hoy por hoy.

Sin embargo, el problema es más complicado. En el mano a mano que se está librando en La Habana entre el gobierno y las Farc alrededor del tema de la justicia transicional todavía no se ha llegado a un acuerdo. La guerrilla considera que las dos partes tienen responsabilidad en la guerra y que un acuerdo de paz firmado después de un conflicto político-ideológico de medio siglo, no puede terminar en cárcel para una de las partes. El país -y el gobierno- consideran que no puede haber impunidad total para una guerrilla que cometió toda clase de delitos atroces a lo largo de esas cinco décadas.  El tratado de Roma y la Corte Penal Internacional no lo permitirían y como Colombia suscribió ese tratado está obligada a acatarlo.

Por lo tanto la solución será una fórmula intermedia en que si bien no habrá cárcel con barrotes, sí habrá algún tipo de sanción con una dosis alta de impunidad, pero no total. Probablemente se llegará a algún acuerdo en que las personas condenadas serán objeto de penas relativamente cortas que se cumplirán en zonas agrarias bajo la supervisión del Estado. Aunque las Farc manifiestan que eso es inaceptable, eventualmente tendrán que ceder pues de lo contrario el gobierno no podría firmar la paz.

Pero esa fórmula de justicia transicional no sería posible si el delito del narcotráfico no está incluido en la categoría de delitos políticos. Hoy día solo la asonada, la sedición y la rebelión son considerados delitos políticos. Pero en el conflicto colombiano la insurgencia fue financiada por el secuestro y el narcotráfico. Esos dos delitos no están en la órbita de la Corte Penal Internacional pues son delitos comunes y esa corte solo es instancia para delitos de lesa humanidad. El secuestro está asociado a la rebelión desde 1993 y por él se pagan las más altas penas de prisión en Colombia. El narcotráfico también es un delito común y por lo tanto es una decisión política de los colombianos establecer si se puede considerar como delito político o no. Esta conexidad sería en la práctica el único blindaje posible para que los altos mandos de la guerrilla no terminen extraditados y pagando sus penas en las cárceles de Estados Unidos, como les ocurrió a los jefes paramilitares.

Las Farc, aunque en muchas regiones se han comportado como un cartel, nunca han reconocido ser narcotraficantes. Admiten que han cobrado una cuota por gramaje a los cultivadores de coca pero alegan que han hecho lo mismo con ganaderos, algodoneros, etcétera. Esa es una verdad parcial pues algunos frentes como los del Putumayo, Guaviare o el Pacífico, acabaron dedicándose de lleno al narcotráfico. Aun así, la guerrilla considera que ningún movimiento insurgente en la historia se ha financiado legalmente y que, por lo tanto,  las modalidades de la financiación no son más que exigencias de la guerra. En otras palabras, que hay una gran diferencia entre robar un banco para enriquecerse o robarlo para financiar un movimiento revolucionario. Para ellos lo primero es un delito común y lo segundo es un delito político. Eso mismo piensan del narcotráfico y no están dispuestos a estar expuestos a la extradición en calidad de narcotraficantes. Así como el gobierno no firma un acuerdo de paz con impunidad total, la guerrilla no lo firma sin seguridad jurídica de no extradición.

Lo que indigna a la opinión pública sobre este tema se basa en gran parte en un malentendido: creer que todos los narcotraficantes serán cobijados bajo la categoría de delito político. En realidad solo los guerrilleros podrían acogerse a esta interpretación. En teoría cualquier narcotraficante que no forme parte de una organización subversiva será tratado por la justicia ordinaria como un delincuente común con las penas de cárcel correspondientes. Ahora, se podría alegar que en el caso de las autodefensas, los narcotraficantes se disfrazaron de paramilitares para obtener los beneficios de la Ley de justicia y paz. Y que si el narcotráfico se llegara a considerar delito político eso podría beneficiar también a los jefes paramilitares e incluso a los de algunas bandas criminales que están buscando espacios para negociar. Ese riesgo siempre existe, por eso la propuesta de Santos causó tanto revuelo y queda todavía mucha tela para cortar sobre los alcances que podría tener su idea de ser más flexibles.

Todo lo anterior son verdades políticamente incorrectas. Por eso al presidente le tocó matizar su posición con el argumento de que lo habían malinterpretado. En su aclaración dijo que él no se refería al aspecto penal del narcotráfico, que siempre será objeto de acción punitiva, sino a la implicación que él tiene para la participación en política de los desmovilizados de las Farc. Ese malabarismo retórico apaciguó por ahora el tsunami de protestas. Pero la verdad es que el planteamiento original del presidente sigue vigente: si los cabecillas de las Farc están expuestos a ser  condenados o extraditados como narcotraficantes, no se podrá firmar un acuerdo de paz.
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