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EL SECUESTRO DE UPEGUI

Conmoción y muchos interrogantes en torno al plagio del respetado empresario.

27 de septiembre de 1993

EL SABADO 21 AL AMANECER SONO EL TELEFONO en la residencia de Carlos Ardila Lulle en Bogotá.
Una voz nerviosa pidió hablar con alguien y pasó al teléfono un empleado de esa organización. El hombre que llamaba se identificó como un capitán de la Policía y proporcionó su nombre y su cédula. Prosiguió entonces a manifestar que "hay un plan para secuestrar al doctor Ardila Lulle este fin de semana. El operativo se está preparando en la zona comprendida entre Mondoñedo, La Mesa y Anolaima". El capitán manifestó que había recibido esta información de un informante y suministró algunos detalles adicionales antes de colgar.

Inmediatamente el sistema de seguridad de la organización Ardila Lulle procesó esta información. La primera conclusión fue que no se podía tratar de Carlos Ardila puesto que él se encontraba en Medellín y nunca transitaba por la zona señalada por el informante. Sin embargo, analizando qué funcionarios de la organización podían movilizarse por esos lugares se pensó en Carlos Upegui Zapata. El ex presidente de Coltejer y asesor desde hace muchos años de Ardila Lulle, tiene una finca de nombre Bizerta en cercanías de los municipios de Zipacón y Cachipay.

Se trata de una vieja casona que perteneció al ex presidente Eduardo Santos y que a mediados de los años 70 fue adquirida por Upegui. Allá iba todos los fines de semana: Bizerta se había convertido no solo en su hobby sino prácticamente en su vida. El directivo de la organización es un hombre sin mayores recursos económicos, que siempre ha vivido de su sueldo y cuyos ahorros han sido invertidos casi en su totalidad en la finca a donde iba todos los fines de semana.

A las ocho de la mañana de ese sábado se presentó a la residencia de Upegui, en Bogotá, uno de los hombres de seguridad de la organización, quien le informó sobre la situacion y le solicitó no salir de la capital. Upegui escuchó con atención. pero como se trataba de una información más bien confusa. consideró que no era del caso suspender el veraneo de fin de semana. Ante esta respuesta el visitante terminó la conversación con la recomendación de que Upegui no fuera "a llenar de naranjas el campero de la escolta, para que tengamos movilidad si algo pasa". El sabía que una tradición de esos fines de semana campesinos de los Upegui era el retorno a Bogotá con los vehículos cargados de naranjas.

El domingo por la noche, Carlos Ardila se encontraba en su casa de campo de Barbosa en Antioquia.
Uno de sus jefes de seguridad se reunió con él para actualizarlo sobre los últimos acontecimientos y le mencionó la llamada del día anterior. Al enterarse de la supuesta ubicación geográfica del secuestro, Ardila se dio cuenta en seguida de que el único de sus funcionarios que podía estar en esa zona era Carlos Upegui, y ordenó que le informaran inmediatamente. La respuesta de su jefe de seguridad fue que Upegui ya había sido informado desde la mañana del día anterior, pero que por falta de claridad en la información, Upegui no la había considerado contundente. Ardila se indignó por no haber sido informado personalmente sobre el asunto y en momentos en que se encontraba en plena discusión sobre el tema, sonó el teléfono. Se trataba de Jaime Alberto Upegui, el segundo de los hijos de Upegui Zapata. Su mensaje fue directo: "Acaban de secuestrar a mi papá".

REGRESO A CASA
Carlos Upegui había salido de su finca alrededor de las 7:30 de la noche del domingo. En la parte delantera de su vehículo, una camioneta Toyota blindada, iban su conductor, la muchacha del servicio y el conductor de su señora. En la parte posterior viajaban Upegui y su esposa Angela, con dos de sus sobrinos. Normalmente, detrás de ellos debía ir el carro de la escolta, que ese día estaba integrada por tres hombres. Sin embargo, como lo acompañaba su cuñado en otro vehículo, éste se colocó detrás del Toyota dejando al campero de la escolta en el tercer lugar.

Cuando salieron de la finca tomaron el camino a Bogotá una carretera estrecha y llena de curvas y después de unos 20 minutos de viaje, en el sitio conocido como La Escalera, la caravana se topó con lo que creyeron era un retén militar. Cerca de una docena de hombres uniformados tenía paralizado el tráfico en los dos sentidos de la vía. Se calcula que por lo menos 15 carros se encontraban parados, mientras los supuestos soldados pedían papeles a los ocupantes. De último en la cola que subía a Bogotá, quedó el Toyota de Upegui. Al ver que era inevitable el retén, su conductor se comunicó por radio con el vehículo de la escolta para que manejara la situación. Se bajó entonces del campero un escolta armado, quien se dirigió hacia donde estaban los uniformados para informarles quién viajaba con ellos. Pero más se demoró en bajarse del carro que en ser desarmado y sometido por los hombres del retén.
Lo mismo sucedió con los otros escoltas que habían permanecido en el campero esperándolo.

En ese momento los supuestos soldados rodearon el carro de Carlos Upegui y comenzaron a gesticular con tono amenazante para que se bajaran sus ocupantes. Upegui reaccionó con tranquilidad y se limitó a decirle a su chofer: "Bajémonos que son del Ejército".
Tan pronto descendieron fueron interrogados sobre su identidad. Upegui suministró sus datos y de inmediato le dieron la orden de volver a subir al Toyota con su señora, pero no con los otros pasajeros. En ese momento, uno de los captores dijo por una radio portátil "misión cumplida". Con un secuestrador al volante y varios otros de la banda como acompañantes, dieron la vuelta en "U" y tomaron la dirección de Girardot a través de uno de las carreteras veredales que hay en esa zona.

LA ODISEA
En ese momento los secuestradores le dijeron a los esposos Upegui: "Tranquilos, somos de Los Pepes".
Esta afirmación sorprendió, pues no correspondía a la lógica geográfica. Hasta donde se conoce Los Pepes sólo han operado en Antioquia. En el tramo entre Cachipay y Tocaima, pararon y fueron rodeados por otros vehículos. Allí le solicitaron a Carlos Upegui que se bajara de su carro para subir a otro vehículo. Emocionado se abrazó con su esposa y se despidió de ella con palabras valerosas y tranquilizantes. Antes de separarse le entregó su billetera con sus papeles. Los secuestradores le pidieron que conservara con él su cédula y que
tomara una muda de ropa del equipaje.
Así se hizo y rápidamente él y sus plagiarios desaparecieron. La camioneta Toyota prosiguió entonces con dos secuestradores acompañando a Angela de Upegui. Cinco minutos antes de llegar a Girardot detuvieron de nuevo el vehículo. Le dijeron que se lo iban a dejar para que regresara a su casa. Le preguntaron que si tenía algún dinero y ella contestó que no.
Uno de ellos le dio 10 mil pesos. Al despedirse le manifestaron: "No se preocupe señora, a su esposo no le va a pasar nada". Sola y sin mayor experiencia en conducir vehículos tan grandes, doña Angela emprendió el camino de regreso a Bogotá. Durante las cuatro horas que le tomó el recorrido no paró ni siquiera para hacer una llamada telefónica.

LO QUE SIGUE
A las pocas horas de confirmarse la noticia del secuestro de Upegui todos los informes y análisis coincidían en que las Farc eran las autoras del plagio. A esta conclusión llegaron autoridades y medios de comunicación como resultados de los antecedentes que hay de operaciones de esta agrupación guerrillera en regiones aledañas a la zona del secuestro. Según los análisis militares, dos frentes de las Farc desarrollan, desde hace varios años, acciones en el occidente de Cundinamarca. El frente XXII opera hacia el norte, en los municipios de Guaduas, Yacopí y Caparrapí. Un segundo frente, el XXV, actúa desde hace años hacia el sur, en el valle del Sumapaz, y suele desplazarse hacia el norte, y operar en el triángulo compuesto por los municipios de Viotá, La Mesa y Tocaima. La zona entre Cachipay y Zipacón, donde se produjo el secuestro, limita con ambas áreas de influencia de las Farc, tanto la del frente XXII como la del XXV. Todo esto, sumado al hecho de que los testigos del secuestro aseguran que en el operativo intervinieron entre 20 y 30 hombres armados, hace pensar que en principio es posible descartar otras alternativas, como una acción de un grupo de delincuencia común que difícilmente sería tan numeroso o un brazo del narcoterrorismo, al que le costaría mucho trabajo penetrar en una zona históricamente intervenida por las Farc.

Identificado el grupo que puede estar detrás del secuestro de Upegui, queda por analizar cuál puede ser el móvil del mismo. Aunque la importancia y figuración del secuestrado ha llevado a algunos a pensar que puede tratarse de un plagio con objetivos políticos, lo cierto es que los antecedentes de estos frentes de las Farc conducen más bien a concluir que la finalidad del plagio es meramente económica. "Una de las características de las cuadrillas dedicadas a secuestros financieros más que a combatir a la fuerza pública, es la presencia de mujeres, y en el caso del doctor Upegui, los testigos aseguran que cinco mujeres armadas hacían parte del grupo ", le explicó a SEMANA una fuente de los organismos de seguridad.
Además hay un hecho que no puede olvidarse: en sus 30 años de historia, las Farc nunca han realizado un secuestro con móviles distintos del económico.
Sin embargo hay otros elementos en el análisis que deben ser tenidos en cuenta, y que sirven para suponer que, incluso si se trata de un secuestro económico, existe la intención por parte de las Farc de agudizar este tipo de delitos, como una manera de poner a tambalear la debatida ley antisecuestro, aprobada el año pasado como primera legislación promovida por un millón de firmas de ciudadanos.
Algunos informes de inteligencia y de desertores recientes de las Farc indican que la intención de sabotear la ley antisecuestro es un objetivo claro de esa organización, cuyas finanzas dependen tanto de ello, en una cantidad calculada entre los 15.000 y los 20.0000 millones de pesos anuales. Las cifras que parecen demostrar que, desde la expedición de la ley, el secuestro ha cedido. No le conviene a las Farc ni a ninguno de los grupos que se dedican a esta actividad, pues eso consolida la validez de ese nuevo instrumento jurídico. "La idea de los gerrilleros parece ser la de desatar una ola de secuestros en el marco de su muy anunciada ofensiva de septiembre",anotó un oficial de inteligencia.
Y es que los indicadores sobre la incidencia del secuestro han comenzado a revelar una cierta efectividad de la ley y de los mecanismos operativos complementarios, como los grupos Unase urbanos y rurales. Los secuestros en el país habían crecido de manera sostenida desde 1978, cuando apenas se contaban unas pocas decenas, hasta 1991, cuando se batieron todos los récords con 1.714 plagios extorsivos. En 1992, en especial en el segundo semestre y cuando ya la ofensiva legal y operativa contra el secuestro estaba en marcha. comenzaron verse algunos avances, gracias a los cuales se dio el primer descenso año a año de las cifras de este delito: de los 1.714 plagios del 91 se pasó a los 1.320 del 92. Esta tendencia se confirmó durante los siete primeros meses de 1993. A lo largo de este período se produjeron 555 secuestros, a razón de 79 mensuales, contra los 110 que se dieron como promedio por mes en el 92.
Siempre se puede argumentar que más que bajar el número de secuestros, lo que ha hecho la ley es reducir las denuncias por el miedo de las familias afectadas a que sus actividades económicas sean intervenidas y supervisadas por la Fiscalía, y que eso les impida pagar el rescate. Es posible que haya algo de esto en el descenso de las cifras. Sin embargo, existen varios elementos que permiten pensar que esa reacción de no denunciar es menos generalizada de lo que se cree, y que sí hay una reducción real del número de secuestros.
El primero de estos elementos es la cifra de casos en que las familias empresas de secuestrados han aceptado colaborar con la Fiscalía: más de 200 en lo que va corrido del año. Prueba adicional de ello es que la Fiscalía solicitó hace pocos días al Consejo Superior de la Judicatura, autorización para crear 29 unidades regionales exclusivamente para atender la colaboración de las familias y empresas afectadas por secuestros. El segundo elemento es el aumento de cerca del 40 por ciento en la eficiencia de los grupos Unase, urbanos y rurales, en el último año, pues este crecimiento no podría haberse presentado sin la colaboración de las familias.

Esta reducción de las cifras del secuestro puede verse comprometida en 1993 si se consolida la ola de plagios de las últimas dos semanas. Entre el 17 y el 22 de agosto, las autoridades registraron 22 secuestros, a razón de 4.4 como promedio diario, que es cerca del doble del promedio entre enero y julio, que fue de 2.6 por día. Ese es, pues, el gran desafío que afrontan las autoridades, los defensores de la ley antisecuestro, y en general el país, que como ningún otro en el planeta ha sufrido durante muchos años el flagelo del seeuestro. -
UN GRAN CONSEJERO

CARLOS UPEGUI ES ANTE TODO un homhre hecho a pulso. El segundo de 13 herrnanos de una familia de Fredonia, Antioquia, en calidad de mayor de los hombres, desde pequeño le tocó ocuparse de la familia. Después de jugar con la idea de ser médico, finalmente se inclinó por el derecho. Su carrera fue rápida y exitosa. Después de cuatro años de práctica en la judicatura civil de Jericó y en Medellín, pasó al servicio público como funcionario de Caminos Vecinales en Bogotá. Llegó a ser director del organismo y posteriormente gerente de las Empresas Públicas de Medellín. De ahí pasó a la Superintendencia de Sociedades Anónimas hasta 1967.
Con esa hoja de vida abrió un bufete particular donde su principal cliente fue Carlos Ardila Lulle. Se volvieron amigos personales. Desde ese momento su carrera ha estado estrechamente relacionada a la organización Ardila Lulle, donde desempeñó varios cargos hasta llegar a la presidencia de Coltejer, labor que desempeñó por varios años.
Todos quienes lo conocen consideran que es un hombre que tiene el don del consejo. Es ecuánime y ponderado, y habla poco. Pero cuando lo hace, su opinión siempre pesa. Por su sencillez se ha granjeado el afecto de todos los que han trabajado con él, quienes lo consideran no solo un colega sino un amigo . En esta categoría se incluyen los magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado. En su vida, como buen antioqueño, priman tres valores: la familia, el trabajo y el campo. Es un hombre sin fortuna personal y a pesar de llevar muchos años en la organización Ardila Lulle no es accionista de ninguna de sus empresas.