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| 2/26/2011 12:00:00 AM

El sello de 82.000 millones de pesos

Cinco meses después de que se frenó un multimillonario pago del Estado a un particular, apareció 'en el cajón de un escritorio viejo' el sello que podría dar paso al pago de la escandalosa conciliación.

Hace un mes, SEMANA dio a conocer cómo, a último minuto, se frenó el desembolso de la mayor conciliación jamás pagada por el Estado colombiano a un grupo de contratistas. Este pleito se conoce como el caso Conigravas, en el que, de pagar, la Nación les giraría a estos particulares 82.000 millones de pesos por un contrato de una carretera que en 1983 costaba 690 millones de pesos y que no se hizo. De ahí el litigio. En enero pasado, la pieza clave que sirvió para que el Ministerio de Hacienda evitara el giro fue un informe de la Fiscalía en el que se ponía en duda la legitimidad del documento con el que se está haciendo el cobro.

Por las características de la demanda, para cobrar basta con el fallo judicial. Pero la Fiscalía encontró un pequeño problema en el fallo. En un informe de agosto del año pasado dice: "El sello que se viene utilizando como primera copia no existe en el Tribunal Administrativo de Antioquia". Tan categórica afirmación puso en duda la legalidad del documento. La Contraloría General retomó el hallazgo de la Fiscalía, se lo hizo saber al gobierno y el desembolso se frenó.

Pero cinco meses después, el secretario general del mencionado Tribunal de Antioquia aprovechó otra diligencia que el CTI realizaba en su despacho para entregar "el sello que encontré en el escritorio en mal estado en julio de 2009", y según dejó constancia en la singular diligencia, ese es el sello que comprobaría que el fallo con el cual están reclamando la multimillonaria conciliación es verdadero. Luis Fernando Henao, secretario del Tribunal, dijo a SEMANA que lo que pasó fue que en la primera visita la Fiscalía no les pidió el sello. Que él no tiene cómo saber si es el que se usó en el documento en cuestión, pero "a nosotros se nos hace parecido". Así entonces, en teoría, el Estado ya no tendría talanquera en qué apoyarse para evitar el cuantioso pago.

Sin embargo, en la práctica, la Fiscalía tiene la última palabra, y en esencia tiene que resolver tres cosas. Por un lado, tendrá que aclarar la autenticidad del documento, pues el Invías, que es el demandado, alega que ellos son los que tienen el original que les fue entregado en 1998 cuando por el mismo caso pagaron 24.000 millones de pesos en una primera conciliación. En segundo lugar, tendrá que pronunciarse sobre la legitimidad del cobro, pues no es claro cómo es que se admiten dos conciliaciones sobre un mismo pleito. Y, finalmente, tendrá que precisar cuál es la operación matemática que en 28 años de litigio convierte 690 millones de pesos en más de 100.000 millones que reclaman los de Conigravas. Aunque el gobierno ha pensado en reconocer 'apenas' 82.000 millones. Cabe anotar que esta diferencia, según los demandantes, sería una nueva inconsistencia que les dejaría la puerta abierta para volver a demandar así les hayan pagado tan abultada cifra.

Los puntos que están pendientes no son menores. No obstante, la Fiscalía ya no tiene 20 años más para resolver. Ahora está en una carrera contra el tiempo porque acosan los fallos judiciales que ordenan el pago. Y después de que se gire la plata, no hay Santa Lucía que valga. Hay dos procesos penales abiertos, 15 personas vinculadas a ellos y un país expectante de que se ponga punto final a esta, la más escandalosa conciliación jamás pagada.
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