EL SERPAZO

Era el hombre ideal para ese cargo. O al menos eso fue lo primero que pensaron muchos observadores cuando se conoció el nombramiento por parte del presidente Virgilio Barco, del senador liberal por Santander Horacio Serpa Uribe como nuevo Procurador General de la Nación, un cargo que parece marcado por un sino trágico en los últimos meses. Carlos Mauro Hoyos, quien lo ocupaba desde 1986 cuando fue elegido por la Cámara de Representantes de terna enviada por Barco, fue asesinado por sicarios del narcotráfico que intentaban secuestrarlo el lunes 25 de enero. Y Alfredo Gutiérrez Márquez, quien asumió el cargo en su calidad de viceprocurador, lo debió abandonar hace pocas semanas, debido al escandalo por los negocios de su hermano con la familia del extraditable Pablo Escobar.
El nombre de Serpa no parecía ofrecer riesgos. Nacido en Bucaramanga en enero de 1943, abogado de la Universidad del Atlántico, juez civil, penal y superior en una siempre ascendente carrera, representante a la Cámara del 78 al 86 y finalmente senador durante los últimos dos años, este dirigente contaba con dos grandes ventajas para ocupar la Procuraduría. Primero, su honestidad a toda prueba era la garantía de un manejo recto de uno de los problemas que más tiempo le quitan a un Procurador en estos días: el narcotráfico. Y segundo, su identificación como liberal de izquierda, amigo del proceso de paz y de las reformas sociales y políticas, y su trayectoría como mediador de conflictos y defensor de los derechos humanos en la zona caliente del Madgalena medio santandereano, hacían de él una figura confiable para los sectores más afectados por la guerra sucia, otro de los grandes temas con que debe tratar a diario un Procurador en la actualidad.
Sin embargo, la felicidad por su nombramiento tuvo que durar pocas horas. Al final de la semana era evidente que se había encendido un agudo debate sobre la inconstitucionalidad de su nombramiento, en el que a todas luces, el gobierno parecía haberse equivocado jurídicamente. En primer lugar, quienes cuestionaban el nombramiento argumentaban que el Presidente no estaba facultado para nombrar procurador interino a alguien diferente del viceprocurador, que es el procedimiento indicado cuando la Cámara no se encuentra sesionando. Y en segundo lugar --lo que parecía más contundente-- que el artículo 109 de la Constitución prohibe expresamente que el Primer Mandatario designe a congresistas en cargos diferentes a los de "ministro, viceministro, jefe de departamento administrativo, gobernador, alcalde de Bogotá, agente diplomático o jefe militar en tiempo de guerra". La violación de la Carta en el nombramiento de Serpa parecía entonces de bulto y, al cierre de esta edición, todo indicaba que el gobierno intentaría corregir el error en las próximas horas. "Es posible --dijo a SEMANA una fuente del alto gobierno-- que ensayemos con la fórmula de que Serpa renuncie a su investidura de senador, pero esa es una posibilidad que habrá que estudiar con mucho cuidado".
Como si fuera poco, a las objeciones jurídicas se comenzaron a sumar algunas de tipo político. Pocas horas después del nombramiento de Serpa, se hizo evidente en medios políticos que uno de los objetivos de su designación, era la adquisición por parte del Presidente de un seguro de vida para la opción plebiscitaria como mecanismo para el proceso de reajuste institucional (ver artículo). En palabras de un dirigente conservador, "es claro que a Serpa lo nombraron para que, si Barco dicta un decreto de estado de sitio convocando un plebiscito, se tome todo su tiempo (hasta 30 días según la ley) para pronunciarse sobre la constitucionalidad del mismo, lo que impediría que la Corte se pronunciara antes de ese período, dentro del cual se podría celebrar el plebiscito que, una vez efectuado, ya no sería objeto de revisión jurídica".
Esto, que para unos era una hábil maniobra de un gobierno que en otras ocasiones ha lucido más bien torpe, para otros no era más que una sucia jugada, ingeniosa sí, pero inadecuada para manejar una asunto tan delicado como el proceso de reforma constitucional más importante de la segunda mitad del siglo.
De todo lo sucedido quedaba entonces algo en claro: que el gobierno había cometido el pecado de la improvisación. Y lo había cometido en materia muy grave, perjudicando su propia capacidad de maniobra en las cuestiones del reajuste institucional, y afectando de paso al senador Serpa, el único que no tenía la culpa de nada.--