EL SINO DE LOS 13 MILLONES

"Cuando abrí la puerta del apartamento del doctor, me sorprendió ver que todo se encontraba revuelto, en desorden. Luego, avancé unos pasos hacia adentro y entonces descubrí el cadáver". Es el relato de Rosa Tulia Díaz, empleada del servicio doméstico del parlamentario José Antonio Vargas Ríos, quien lo halló muerto en la mañana del domingo 4 en su apartamento del edificio Barichara, en la calle 19 de Bogotá. "Fue impresionante", comentó al referirse al estado del cuerpo del parlamentario, quien recibió 21 puñaladas y fue degollado.

Lo que la empleada no sabía es que su hallazgo significaba el quinto eslabón de la cadena de trágicas y hasta misteriosas muertes de personas vinculadas al caso de los 13.5 millones de dólares de una cuenta colombiana en el Chase Manhattan de Londres. En efecto, Vargas Ríos, de cuya muerte se sindica a un par de muchachos quienes lo habrían visitado en su apartamento el sábado en la noche, estaba a cargo de la investigación de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes sobre las actuaciones de algunos funcionarios en el caso de los 13.5 millones.

Vargas Ríos había viajado en agosto a Viena y en compañía del secretario de la Comisión, Hernando Ramírez Leyva, había logrado hablar con Roberto Soto Prieto, sindicado de ser el cerebro de la defraudación, y recibirle una declaración que, según trascendió a los medios de comunicación semanas después, implicaba en el caso a los ex ministros de Hacienda Edgar Gutiérrez y Eduardo Wiesner y a algunos altos mandos de las Fuerzas Armadas.

SEMANA ha podido establecer que Vargas Ríos, después de su entrevista con Soto, tenía la impresión de que el economista acusado podía ser inocente de los cargos que se le imputaban. Sin embargo, no tenía ninguna prueba a favor ni en contra de éste, pues su trabajo estaba dirigido esencialmente a investigar la actuación de los funcionarios públicos que tenían a su cargo, directa o indirectamente, el manejo de la cuenta del Chase. Pese a que en un principio Vargas Ríos había insistido en sus declaraciones a la prensa en que podía haber muchas "cosas oscuras por establecer" en la investigación, lo cierto es que a su regreso a Colombia su actitud se había tornado más prudente y sus afirmaciones se referian más a la actuación de los funcionarios que a la inocencia o culpabilidad de Soto.

Aunque inicialmente se dió por seguro que su muerte tenía origen en la investigación que adelantaba sobre el caso, después del hallazgo del expediente en su oficina, tres pisos abajo en el mismo edificio donde residía, y de la recolección de algunas informaciones, las autoridades parecen inclinadas a pensar que los móviles del crimen fueron pasionales.

Pero de todos modos, su asesinato puede hacer parte de lo que algunos han llamado "el sino trágico del caso de los 13.5 millones". Es en realidad la quinta persona que muere en extrañas circunstancias, después de haber estado vinculadad a investigación o al propio caso.
Antes de Vargas Rios murieron dos funcionarios públicos y dos personas que habían tenido negocios con Roberto Soto. El primero de los dos funcionarios fue Diego Domínguez, de 30 años, y quien ocupaba el cargo de jefe de Estudios Económicos y financieros de la Dirección de Crédito Público del ministerio de Hacienda. Desde ese puesto Domínguez había descubierto el 17 de Octubre de 1983 el robo y lo había denunciado a sus superiores, antes de que trascendiera a la prensa. Murió el 21 de diciembre en un accidente de tránsito cuando viajaba en su automóvil Renault 12 en compañía de una amiga y se estrelló contra una tracto mula. En un comienzo se creyó que el accidente había sido montado y que en realidad se trataba de un asesinato. Pero después se estableció que al parecer la tracto mula se encontraba parqueada y que fue precisamente su conductor quien llamó a los agentes de la Policía Vial para informar del accidente. Sin embargo, las autoridades piensan hoy en día que a Domínguez podía caberle alguna responsabilidad en la desaparición del dinero de la cuenta del Chase, sobre la cual no se pidieron extractos al banco durante más de seis meses, lo cual permitió no tanto el robo, como que fuera descubierto bastante tarde.

El segundo funcionario muerto en extrañas circunstancias fue el alto ejecutivo del Banco de la República, Oscar Alvear, quien se suicidó en una habitación del Hotel Dann del centro de Bogotá. Pero su nombre fue inmediatamente desvinculado del caso al conocerse que sufría de un cáncer incurable y muy doloroso que podría haber sido la causa de que tomara tal decisión.

En cuanto a las personas vinculadas en negocios con Soto Prieto, la primera muerte extraña fue la de Carlos José Ayalde, gerente de la compañía Licsa, propiedad del economista, quien desapareció en una pequeña embarcación cerca a Tumaco, donde se encontraba la sede de la compañía. En este caso se cree que simplemente Ayalde fue víctima del mar picado que pudo haber hecho zozobrar la nave en la que viajaba. A nivel de los investigadores se tiene la certeza de que su muerte nada tiene que ver con el caso.

Algo muy distinto sucede con el asesinato en Tumaco a principios de año de José de la Cruz Lara Satizábal, una persona que había tenido negocios con Soto Prieto y con su cuñado Antonio Caballero y Campo, hoy detenido. SEMANA ha podido establecer que Lara Satizábal había suministrado importantes informes sobre el caso a los investigadores. Lara fue ultimado por pistoleros y su muerte es la única que ha tenido seguimiento de las autoridades encargadas del caso de los 13.5 millones.

En fin, aunque la mayoría de los eslabones que conforman la trágica cadena, la causa de la muerte de las víctimas parece no tener nada que ver con los 13.5 millones, lo menos que puede decirse es que el famoso caso tiene tan mala espalda, como el número de los millones robados --