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| 1/16/2016 10:00:00 PM

Cómo sería en Colombia

El sistema parlamentario tiene bloqueada la conformación de un nuevo gobierno en España. Un ejercicio hipotético de cómo funcionaría aquí ese sistema deja claro que el presidencialismo es una mejor opción en un país con partidos débiles.

En este momento, en España no se sabe cómo será el próximo gobierno. En las elecciones parlamentarias obtuvo la mayoría de los votos el Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy, pero no alcanzó la mayoría absoluta que le permita continuar automáticamente en el gobierno. Como con una mayoría relativa se requiere aliarse con otros partidos para alcanzar la mayoría en el Parlamento y gobernar, Rajoy se ha venido reuniendo con los jefes de otras colectividades, tanto de derecha como de izquierda, para ver si aceptan armar una coalición que tenga más del 51 por ciento de los diputados.

En la búsqueda de esa coalición, el presidente de gobierno ha entrado en contacto tanto con la derecha, el partido Ciudadanos, como con la izquierda, el partido Podemos. Igualmente, se reunió con otros partidos más moderados o de centro, pero hasta ahora ninguno ha aceptado esa propuesta de matrimonio. Como el PP está desprestigiado después de tantos años en el poder, el novio no es buen partido. Por lo tanto, el futuro político de España está en el limbo, pues el grupo político que gobierna en la actualidad obtuvo la mayor cantidad de sufragios en las últimas elecciones, pero no la mayoría absoluta que le permitiría conformar un gobierno.

Las anteriores son las vicisitudes a las que se expone un país cuando tiene un sistema parlamentario. Este consiste en que el voto popular elige a los diputados, y el jefe del partido mayoritario se convierte en jefe de gobierno. El gobierno así conformado se podrá mantener en el poder mientras conserve esa mayoría, aunque en plazos establecidos tendrá que presentarse a nuevas elecciones. El gobierno se puede caer si se pierde un ‘voto de confianza’, que es simplemente un conteo de los diputados, o si pierden curules en unas elecciones y, por lo tanto, la mayoría. Esto último fue precisamente lo que sucedió con el PP en España, lo que ha dejado a esta colectividad en el aire, pues no ha conseguido el apoyo necesario para conformar un gobierno.

La parálisis que está viviendo España sirve para ilustrar lo desastrosa que sería si en Colombia se llegara a adoptar un sistema de esa naturaleza. Aunque el tema no está sobre el tapete, ha sido propuesto en otras ocasiones. Cuando se estaba cambiando la Constitución para reelegir a Álvaro Uribe, algunos consideraban que el sistema parlamentario era una alternativa que permitiría prolongar la duración de un gobierno sin tener que cambiar las reglas del juego en la mitad del partido. Ese argumento podría ser válido para que gobiernos populares y exitosos duraran más de cuatro años, pero tendría implicaciones de gobernabilidad enormes.

En Colombia, según todas las encuestas, la gente tiene muy poca confianza en las instituciones. Lo que permite que los gobiernos lleguen a su fin no es su popularidad, sino sus instrumentos institucionales de poder. La figura del presidente tiene un ascendiente considerable tanto sobre la Rama Legislativa como sobre la Rama Judicial. En relación con el Congreso, ese poder podría ser descrito como desproporcionado. Como el sistema en Colombia todavía es esencialmente clientelista, el ocupante de la Casa de Nariño es quien reparte los instrumentos que garantizan la clientela. Y sin clientela para muchos congresistas no hay supervivencia. Aun así, el Congreso siempre ha tenido un nicho de oposición y un residuo de independencia que ha servido de dique para que el presidente no se desboque. Ese dique ha sido aún más efectivo en la Rama Judicial, que, al no requerir de puestos o contratos para sobrevivir, ha tomado decisiones históricas como la de evitar la segunda reelección de Álvaro Uribe, que hubiera dejado al país en la categoría de república bananera.

A pesar de lo anterior, existe un dese-quilibrio de poderes a favor del Ejecutivo. Sin embargo, eso para un país tan desinstitucionalizado, y sin partidos sólidos, puede acabar siendo más bueno que malo. Sobre todo porque se combina con el sistema de elección presidencial en segunda vuelta, que obliga a una agrupación de los partidos y a la conformación de una mayoría sólida. El parlamentarismo funciona en sistemas bipartidistas pero cuando se atomizan las fuerzas políticas –que es lo que ha pasado en España y en Colombia- se hace difícil conformar mayorías.

En Colombia, además, no se aplica la carrera administrativa en términos reales, y la estructura del poder está centrada, en buena parte, en la repartición de los puestos, contratos y las partidas presupuestales que hoy se denominan “mermelada”. El Congreso tiene, por lo tanto, más consideraciones burocráticas y económicas que ideológicas. Eso significa que si en Colombia hubiera un sistema parlamentario los partidos sujetarían su respaldo al gobierno más a este tipo de dádivas que a su opinión sobre los programas del presidente.

Si se toman como referencia los resultados de las últimas elecciones para el Senado, se pueden hacer algunos escenarios hipotéticos sobre cómo sería la era Santos con un sistema parlamentario. En 2014 este fue el resultado en porcentajes de esa votación: Partido de la U, 20,5 por ciento; Centro Democrático, 19,6 por ciento; Conservador, 17,6 por ciento; Liberal, 16,6 por ciento; Cambio Radical, 8,8 por ciento; verdes, 4,9 por ciento; Polo, 4,9 por ciento.

Lo anterior significa que para conformar una mayoría del 51 por ciento y formar un gobierno, el partido mayoritario, es decir el de La U, tendría que aliarse por lo menos con dos partidos más. Si se excluye el Centro Democrático y el Polo por razones ideológicas, estarían en juego el partido Conservador, el Liberal, Cambio Radical y los verdes. Cualquier combinación de estos daría un apoyo parecido al que hoy representa la mesa de Unidad Nacional. Pero con el riesgo de que si alguno de estos soportes se retirara se podría caer el gobierno.

Es de conocimiento público que ha habido debates en varios partidos de la Unidad Nacional para decidir si permanecen o no en ella. Esos pataleos, por lo general, no son serios, pues los partidos no están dispuestos a perder sus puestos ni su mermelada. En todo caso, vale la pena recordar que bajo el sistema presidencial colombiano esas amenazas se solucionan con manejo y dádivas, mientras que en un sistema parlamentario el gobierno se cae.

Lo que está sucediendo en España en la actualidad ilustra los riesgos que existen en países desinstitucionalizados y con partidos muy inestables cuando el Legislativo es más fuerte que el Ejecutivo. El caso de Italia es aún peor que el del país ibérico y el promedio de duración de los gobiernos en el último medio siglo ha sido del orden de 2 años, con contadas excepciones. En Francia, el parlamentarismo de la Cuarta República produjo una ingobernabilidad en el país que desembocó en el autoritarismo democrático de Charles de Gaulle bajo un sistema mixto.

En América Latina, el sistema parlamentario no ha tenido arraigo. El concepto del hombre fuerte, derivado de caudillos libertadores como Bolívar, ha evolucionado hacia un presidencialismo marcado. En las pocas ocasiones en que en el continente ha habido choques de trenes reales entre el Ejecutivo y el Legislativo los resultados han sido catastróficos. El más diciente fue el del presidente Balmaceda en Chile a comienzos del siglo XX. El Congreso envalentonado le declaró la guerra, y fue una guerra de verdad con tropas y balas. El jefe de Estado perdió y pidió asilo en la embajada de Argentina. Allá permaneció hasta el día en que en teoría hubiera terminado su mandato. Ese día cogió un revólver y se suicidó. Su carta póstuma decía: “El régimen parlamentario ha triunfado en los campos de batalla; pero esta victoria no prevalecerá. Mientras subsista en Chile este tipo de gobierno, no habrá libertad electoral ni organización seria y constante en los partidos, ni paz en el país”.
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