El SOS que envió el sector salud al presidente Santos

El secretario de Salud de Bogotá, Guillermo Alfonso Jaramillo, y los 22 gerentes de los hospitales de la red pública distrital evidenciaron este martes la crisis de la salud que afecta a la capital, a través de una carta de peticiones dirigida al presidente Juan Manuel Santos.
 
El SOS de los hospitales se extendió al Ministerio de la Protección Social y la Salud, la Superintendencia de Salud, la Corte Constitucional, la Procuraduría, la Contraloría, el Congreso, la Defensoría del Pueblo, el Concejo de Bogotá y la Veeduría Distrital.
 
El despacho de salud y los directivos de los hospitales alegan que "fallas estructurales del sistema general de salud" son la causa principal de su colapso.
 
"Las importantes partidas que distintas administraciones distritales incluyeron en el presupuesto de la salud ocultaron por años en esta ciudad, los estragos que iba dejando un sistema perverso y opuesto al Estado Social del Derecho", dice el documento.
 
En su criterio, la crisis que lleva a varios hospitales a la parálisis financiera "avanza y se profundiza".
 
Según lo explica la carta, la deuda de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) con la red hospitalaria supera 260.000 millones. "Tan elevada cartera imposibilita el pago de salarios y prestaciones a trabajadores e insumos a proveedores. El incumplimiento de estas obligaciones vitales, impedirá, contra nuestra voluntad, la prestación de servicios de salud en los próximos 20 días".
 
La misiva advierte que los recursos de las glosas, "que son abultados, terminan haciendo parte del patrimonio de las EPS sin autorización legal". En ese sentido, los directivos reiteran que dichos recursos son del sistema. Las glosas, "por Ley, solo tienen derecho al ocho por ciento máximo de administración. Es un nuevo filón del negocio de la salud que estimula la sustracción ilegal de los recursos del sistema". En su opinión, los organismos de control deben revisar este proceso.
 
El panorama oscuro de la salud de la capital también se agudiza con la insolvencia de varias entidades.
 
De las ocho EPS del régimen subsidiado que operan en Bogotá, cinco están quebradas, en ese sentido la misiva menciona Humana Vivir, Cóndor y Sol Salud o intervenidas, en este caso se señala a Caprecom y Ecoopsos.
 
Los directivos preguntan sobre el destino de los hospitales. "¿Debemos aceptar que las EPS lleven a la tumba a los prestadores y a miles de colombianos?, ¿quién va a responder por las deudas?
 
"Los prestadores creímos y pactamos con las aseguradoras porque el Gobierno les dió vida jurídica y las autorizó para contratar", agrega la carta.
 
Con respecto a la nivelación del Plan Obligatorio de Salud (POS), los gerentes de los hospitales y la Secretaría de Salud aseguran que aunque están de acuerdo con la medida, existe el riesgo de una carencia económica. "Con la nivelación del POS-subsidiado al POS-contributivo, los hospitales públicos de Bogotá dejan de facturar y recibir más de 15.000 millones de pesos mensuales".
 
"Los eventos no POS y los servicios que antes eran facturados al fondo financiero distrital, ya no lo son; ahora, al ser responsabilidad de las EPS, no se contratará con los hospitales. Esos pacientes son objeto de grandes barreras y terminan en las urgencias de los centros médicos", añade la misiva, que argumenta un aumento del número de enfermos que acuden a urgencias de los hospitales públicos y por cuya atención "sólo se paga la urgencia vital".
 
"A partir del 1 de julio, con la nivelación total del POS, el estrangulamiento hospitalario será definitivo. Estando de acuerdo con la nivelación del POS, consideramos que se debe nivelar la UPC (la prima entregada a cada EPS por afiliado), para evitar una equivocada interpretación por parte de las aseguradoras", dicen.
 
La carta también se refiere a los giros directos a las EPS y asegura que "además de golpear la descentralización, debilitan a los entes territoriales en la posibilidad de controlar o exigir a las EPS el pago de los servicios prestados por la red y habilita a la aseguradora para sea la única que certifica el valor de la deuda al prestador".
 
Finalmente, la comunicación anotó que el "enriquecimiento a través de las barreras de acceso" es el acto "criminal" más utilizado en el sistema de salud. En ese sentido, se mencionan algunos casos: negación del servicio, medicamentos incompletos, citas espaciadas por meses, los copagos y las cuotas moderadoras más caras que el medicamento a recibir. Además, se destacan barreras geográficas que se traducen en la atención en sitios muy distantes a la residencia.
 
"Presidente, el panorama descrito es sombrío y asusta, además de conspirar contra los esfuerzos en los cuales estamos empeñados para profundizar en la atención primaria, y fortalecer y modernizar la red hospitalaria, incluido el San Juan de Dios", añade el documento.
 
Varios organismos de control fueron citados por el despacho de salud y los directivos de los hospitales.
 
“El sistema pareciera colapsar, en detrimento de los derechos fundamentales de quienes habitamos en este Estado. Ello hace imperioso que el país aborde decididamente el rediseño de la estructura y el cambio de procedimientos, tendientes a salvaguardar el derecho a la salud, como mecanismos que permitirán tener una esperanza ante el complejo panorama mencionado”. Corte Constitucional. (Segunda audiencia de seguimiento a la sentencia 760, 10 mayo del 2012).
 
“El actual sistema general de salud debe declararse estado de Cosa inconstitucional porque le interesa más la rentabilidad económica que la defensa de los derechos humanos” (Así lo pidió la Procuraduría a la Corte en su informe del 2008). "Existen fallas estructurales que está sufriendo el pueblo colombiano”. (27 marzo del 2012).
 
“Se demuestra la vulnerabilidad del sistema a cualquiera que quiera montar una lógica de defraudación. El Estado colombiano lleva la peor parte en esta crisis porque no tiene como hacer control. Más del 50 por ciento de los recursos de la salud se desvía de manera indebida para el lucro privado”. Contraloría. (Segunda audiencia de seguimiento a la sentencia 760 del 2008, 10 de amyo del 2012).
 
"Nuestra respetuosa comunicación solo pretende que estas señales de auxilio, lanzadas a tiempo, sean atendidas oportunamente sin esperar la catástrofe, para después buscar responsables entre los que hacemos esfuerzos, tal vez inútiles, por apagar un incendio que consume toda la salud a nivel nacional. La situación exige medidas inmediatas para conjurar la parálisis sobreviniente de los próximos días en Bogotá y posiblemente en el resto del país", concluye el documento.
 
Las empresas sociales del Estado que firmaron el documento son: Hospital Kennedy, Hospital Simón Bolívar, Hospital La Victoria, Hospital Engativá, Hospital Fontibón, Hospital Meissen, Hospital Suba, Hospital Centro Oriente, Hospital Chapinero, Hospital Pablo VI Bosa, Hospital del Sur, Hospital San Cristóbal, Hospital Rafael Uribe, Hospital Tunjuelito, Hospital Vista Hermosa, Hospital Nazareth, Hospital San Blas, Hospital Santa Clara, Hospital Tunal, Hospital Bosa II Nivel, Hospital Usaquén y Hospital Usme.