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| 4/17/2010 12:00:00 AM

El SOS de los historiadores

Una carta firmada por 19 intelectuales colombianos y extranjeros enciende la polémica sobre el manejo politiquero que se le estaría dando al Archivo General de la Nación, en detrimento de su función científica.

Los más reconocidos historiadores y colombianistas, nacionales y extranjeros, le escribieron una sentida carta al presidente Álvaro Uribe para lanzar una alarma sobre el Archivo General de la Nación. Esta sería una más de las muchas misivas que recibe Uribe cada día a no ser por los eminentes firmantes: David Bushnell, Daniel Pécaut, Frank Safford, Malcolm Deas, Herbert Braun, Marco Palacio, Eduardo Posada Carbó, por mencionar solo algunos de los reputados autores de los más importantes libros sobre historia del país. En la carta, los intelectuales se quejan de que la institución, "una de las más ejemplares del hemisferio occidental", que desde su fundación hace 20 años se había destacado por la juiciosa preservación y restauración de documentos, podría estar en riesgo si se le da un manejo politiquero.

Después de elogiar la gestión que durante 14 años tuvo al frente del Archivo el historiador Jorge Palacio, ya fallecido, critican la pálida gestión de sus sucesores y se llaman a la atención sobre el nuevo director, Armando Entralgo Merchán, a quien se le endilga la creación de una nómina paralela en la entidad, en la que se habrían invertido los recursos de convenios realizados con entidades públicas en liquidación como la Caja Agraria y el Banco Central Hipotecario, entre otros. Se quejan de que algunos técnicos y expertos estarían siendo suplantados por funcionarios nuevos y que algunas de estas medidas están afectando al público y, en particular, al mundo académico.

Esta preocupación no es nueva. A principios del año, el editor Nicolás Morales advirtió en su columna en la revista Arcadia que el Archivo se estaba convirtiendo en la Etesa de la cultura, y criticaba duramente que el actual director fuera un abogado sin experiencia en el campo de los archivos. Este cuestionamiento se sumó al que ya había hecho la columnista de El Espectador Cecilia Orozco, quien aseguró que el nuevo director del Archivo era cuota del congresista Samuel Arrieta, a lo que muchos le han sumado la suspicacia de que este cargo habría sido una prebenda por haber votado a favor del referendo en el Congreso.

Entralgo es un abogado y economista que ha trabajado en campos diferentes a la cultura y que asegura que fue elegido por meritocracia. En realidad, el hecho de que no sea historiador o que le falte experiencia en este campo no son en el fondo temas relevantes en el debate. El punto crucial es si el Archivo General de la Nación, una entidad que era ejemplar y que hace parte del alma de la memoria del país, se está politizando y cayendo en las garras del clientelismo.

Entralgo le dijo a SEMANA que hasta ahora todos los cambios que ha hecho en la entidad son administrativos y que ha respetado el trabajo de los técnicos. Sobre la nómina paralela, que se dice es de 280 contratistas, él se defiende: "He firmado convenios por 4.200 millones de pesos y he contratado no más de 70 personas para hacer más eficiente el trabajo que estos demandan". Y atribuye el escándalo a funcionarios antiguos que se han visto lesionados con las medidas administrativas que él ha tomado.

Pero el debate es más de fondo. Si bien el argumento del gobierno es que Entralgo es un buen administrador, las entidades culturales como el Archivo General de la Nación requieren no solo gerentes, sino líderes que tengan legitimidad en su campo intelectual, que puedan jalonar políticas y 'tirar línea' en su campo. En esta misma lógica es que al frente, por ejemplo, de los museos o de las bibliotecas hay gente que sabe de arte o de libros, y no simples administradores. Como sería lógico, por ejemplo, que al frente de la Fiscalía esté un penalista, o al frente de un hospital un médico, aunque la mayor parte de su trabajo sea administrativo y tenga que tener esas habilidades.

Pero si a esa falta de legitimidad en un campo del saber se le suma la politiquería, el caso es más grave. El gobierno está en mora de investigar lo que está pasando y darle tranquilidad a la comunidad académica de que los archivos que guardan dos siglos de historia están a buen recaudo.
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