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| 8/17/2011 12:00:00 AM

El tamaño del riesgo electoral en el país, según la MOE

Según el reciente informe de la ONG, el fraude es un riesgo electoral en 544 municipios, y la violencia de los ilegales en 447. El primero ha aumentado en 65%, mientras el segundo ha disminuido en 22%, frente al 2007.

El informe sobre los riesgos electorales de este año presentados por la Misión de Observación Electoral (MOE) tiene, en palabras de la investigadora Claudia López, “un sabor amargo y otro dulce”. Así sintetizó la investigadora la evolución de los riesgos electorales desde el 2007, cuando la organización comenzó a medirlos estadísticamente municipio por municipio.

El “amargo” surge del aumento de la cantidad de municipios en riesgo por anomalías o irregularidades que se podrían constituir en fraudes electorales: para esta edición del informe la MOE halló 544, casi la mitad de los municipios del país, mientras que en el 2007, la cifra fue de 328 municipios. El incremento fue del 66 por ciento.

Para llegar a esa conclusión, la MOE analizó las siguientes variables en cada municipio: participación atípica, que se refiere a si comparativamente con las elecciones anteriores, o con el promedio nacional, los municipios presentan una muy baja o muy alta participación en las elecciones; la cantidad de votos nulos, blancos o tarjetas no marcadas, que es una variable que arroja luz sobre la posible manipulación de las tarjetas electorales, pues hay quienes aprovechan que la gente ha votado en blanco para cambiar las tarjetas por voto válido a favor de un candidato, y viceversa; limitación en la competencia, que se refiere al hecho de que en un municipio se presenten pocos o un solo candidato, y las denuncias de posible fraude electoral.

De los 544 municipios en riesgo por anomalías electorales, 351 se encuentran en riesgo medio, 173 en riesgo alto y 20 en riesgo extremo. En esta última categoría están municipios como Dabeiba, Antioquia; Fortul, Arauca; Busbanza, Boyacá, y San Vicente del Caguán, Caquetá, entre otros.

Así, la MOE encontró que los departamentos que más presentan riesgo por anomalías electorales son Antioquia, con 71 municipios; Boyacá, con 62; Cundinamarca, con 52; Nariño, con 43, y Santander, con 41. Los departamentos Guainía, San Andrés y Vaupés no presentaron riesgo.

La investigadora López explicó que la investigación se concentró en recabar información sobre los municipios y los indicadores de cada uno de ellos para tratar de determinar el riesgo potencial, pero no en información sobre los partidos ni en los candidatos sobre los cuales ya hay denuncias.

Riesgo por violencia

La parte “dulce” del informe es que la cifra de municipios en riesgo por “violencia” ha disminuido. En esta categoría la MOE incluyó las siguientes variables: violencia política, que se refiere a ataques a candidatos o amenazas; intensidad del conflicto, que se refiere a los sitios donde hay combates entre los actores armados; desplazamiento forzado (individual y masivo), y violaciones a la libertad de prensa.

Al cruzar toda la información, el informe encontró que 447 municipios presentan algún grado de riesgo por estas razones. De estos, 260 se encuentran en riesgo medio, 71 en riesgo alto y 116 en riesgo extremo.

El número de municipios en riesgo este año se reduce en 22 por ciento comparado con el registro del 2007, cuando los municipios en riesgo sumaban 576. Según López, “la noticia es doblemente buena porque no solo ha bajado el número de municipios, sino la intensidad. Es decir que los riesgos extremo y el alto han disminuido”.

Sin embargo, la investigadora se mostró extrañada de que disminuyeran los municipios en riesgo por violencia, para los cuals el Estado debe invertir mucho más dinero, que los municipios en riesgo de fraude.

En el cien por ciento de los municipios de los departamentos de Guaviare, Guainía y Caquetá, se presentan riesgos por violencia. Y en departamentos como Cauca, Putumayo, Chocó, Huila, Córdoba, Meta, Cesar, La Guajira y Tolima, entre el 60 y el 83 por ciento de sus municipios presentan algún tipo de riesgo.

Alejandra Barrios, directora de la MOE, explicó que la violencia política directa contra los candidatos (asesinatos, amenazas, atentados, secuestros) ha sido uno de los factores que más han aumentado. “Hasta la fecha hay 189 hechos de violencia contra actores del proceso electoral, 109 son candidatos. En el 2007 se registraron 65 hechos, es decir, hay un incremento del 68 por ciento en esta variable”, explicó Barrios.

El informe incluyó como municipios en riesgo los que tienen actualmente presencia de grupos ilegales. En ese sentido, Jorge Restrepo, del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), explicó que en ciudades principales como Bogotá y Medellín se presenta un “riesgo extremo”, pero indicó que las actuaciones de estos grupos no se extienden a todo el territorio sino a algunas zonas.

En el 2007 fueron 432 municipios los catalogados como en riesgo por causa del desplazamiento forzado, este año, la consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado (CODHES), que ayudó a analizar esta variable, encontró 203 municipios en riesgo. La cifra, a pesar de la disminución, sigue siendo alta si se tiene en cuenta que el desplazamiento altera el censo electoral y en sí mismo constituye una vulneración al derecho de participación de los ciudadanos.

El desplazamiento masivo, aunque ha disminuido, se concentró en municipios pertenecientes a regiones del Pacífico, sur de Córdoba, bajo Cauca antioqueño y en la frontera entre Meta y Guaviare.

La investigadora López destacó que municipios como Buenaventura han presentado una anomalía en todas las mediciones del riesgo que se han hecho: “Cuando hay elecciones, hay desplazamiento. Pasan las elecciones y disminuye. Pero, sistemáticamente expulsa población antes de las elecciones y eso altera el censo electoral. La pregunta es si eso busca favorecer a algún candidato. Eso se presenta en 25 municipios”, dijo.

Por su parte, León Valencia, director de la Fundación Nuevo Arco Iris, hizo algunas valoraciones sobre la actuación de los grupos ilegales en el proceso electoral. Dijo, por ejemplo, que en el pasado, “Las FARC se fueron de frente contra la institucionalidad del Estado. Eso persiste, pero hay una variación. En alguna partes están apoyando candidatos”, dijo. A la pregunta sobre cuáles partidos, respondió que no era necesariamente candidatos de partidos de izquierda, sino que hay casos de apoyo a partidos como La U.

Ese fenómeno está más generalizado entre las bandas criminales o neoparamilitares que han demostrado interés por la cooptación del poder local desde sus inicios. Valencia dijo que la estrategia de interferencia en las elecciones de estos grupos tiene rasgos característicos como: financiamiento de campañas, corrupción de las autoridades locales y, en algunos casos, proselitismo o el ataque a candidatos.

Sin embargo, destacó la actuación del Gobierno, que ha mostrado interés en que haya un mayor control y en impulsar normas como la Reforma Política en aras del fortalecimiento de los partidos. “Pero la respuesta de estos ha sido vergonzosa”, dijo. Mencionó que en un informe presentado por la ONG al Gobierno, esta advirtió sobre la cantidad de candidatos procesados o cuestionados que figuraban en las listas de los partidos. El resultado es desalentador: “de los candidatos que advertimos de cuestionamientos, solo al 10 por ciento le quitaron el aval”, dijo.

En el análisis sobre cómo han cambiado los mapas del riesgo, los analistas llegaron a una conclusión: en las zonas de frontera, especialmente la que linda con Venezuela, los factores de violencia han aumentado. A la pregunta ¿por qué?, Valencia respondió que esto se debe a varias causas: la frontera es porosa, el contrabando de gasolina es atractivo para comerciantes y grupos ilegales, en zonas como la selva del Catatumbo la producción de coca se puede triplicar, entre otros.


Libertad de prensa

“Es la cuarta vez que decimos que es una lástima que no exista una estadística oficial de atentados contra la libertad de prensa. No hay fuente oficial de obstrucciones al ejercicio periodístico, dijo Barrios. Acto seguido invitó a Andrés Morales, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, a presentar el balance de esa organización sobre las agresiones a periodistas en el cubrimiento electoral. Morales destacó una disminución de ataques directos a la prensa de 49, en el 2007, a 27”.

Sin embargo, se mostró preocupado por el cambio de estrategia para censurar, “ya no son los métodos como la amenaza, pero sí se presenta la presión a través de la pauta publicitaria”, dijo. También advirtió de que los periodistas en las regiones tienen una percepción generalizada de que hay muchos temas de interés público que no se están cubriendo, “eso afecta las elecciones, pues la ciudadanía no cuenta con información confiable para tomar decisiones”, dijo.

Las condiciones socioeconómicas

Esta versión de la encuesta incluyó un capítulo que buscó establecer si los riesgos electorales por participación atípica en las elecciones están asociados a las condiciones socioeconómicas. La respuesta es no. “No hay una correlación estadísticamente significativa entre las variables que discriminan el riesgo de participación electoral y las variables socioeconómicas”, explicó Carlos Alberto Jaimes, decano del programa de economía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Es decir que la venta del voto ocurre en lugares apartados y con poca educación, así como entre gente educada y de las ciudades.

La MOE identificó 241 municipios donde confluye el riesgo por anomalías indicativas de fraude y el riesgo por violencia. A juicio de las organizaciones que hacen parte de la mesa técnica, “las autoridades deben concentrar esfuerzos de mitigación de posibles irregularidades y delitos electorales, así como de actos de violencia en esos municipios”.
Los mapas de riesgo están publicados en la página en internet de la MOE en donde la ciudadanía podrá consultar en qué nivel y cuáles riesgos aquejan a su municipio. A dos meses de las elecciones, la información también servirá a las autoridades para diseñar sus estrategias de prevención y protección de los derechos electorales de los ciudadanos.
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