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| 11/8/2014 10:00:00 PM

El tatequieto del Ministerio a las universidades

Tras varios años de denuncias y abusos, finalmente el gobierno actuó para poner a la San Martín en cintura, pero abrió un debate sobre la autonomía universitaria.

La decisión que tomó la ministra de Educación, Gina Parody, de poner en cintura a la Universidad San Martín dejó en claro que el gobierno está dispuesto a ponerle límites a la famosa autonomía universitaria, por lo menos en lo que tiene que ver con el manejo financiero y administrativo.

Y aunque para muchos fue una decisión que se debió tomar hace años, era lo que muchos esperaban no solo en la San Martín sino en muchas otras que han sido tomadas por familias o administradores para su propio beneficio.

El gobierno tomó medidas de fondo tras años de denuncias que advertían cómo las directivas de la San Martín, especialmente la familia Alvear, estaban desviando miles de millones de pesos para su beneficio y para crear nuevas empresas, lo que terminó por llevar a la institución a la crisis. El viernes 31 de octubre el presidente Juan Manuel Santos, expidió el Decreto 2219 que reglamenta el ejercicio de inspección y vigilancia de la educación superior. Antes, el ministerio podía imponer sanciones que iban desde la amonestación o la cancelación de la personería jurídica de estas instituciones. Pero para llegar a estas sanciones, se requería cumplir un largo y engorroso proceso que podría tardar años.

Precisamente amparados en esta autonomía, muchas universidades han creado ‘repúblicas independientes’ en las que sus normas, salarios, pensiones y uso de los recursos exceden lo permitido por la ley o terminan en beneficio de unos pocos directivos y sus familias.

Con ese decreto, el ministerio podrá ahora tomar medidas preventivas y temporales en las instituciones que no cumplan con los estándares de calidad o que utilicen las rentas para fines diferentes a los de su misión social. Esta batería de opciones, que va desde la suspensión de las matrículas, la exigencia y seguimiento a un plan de desempeño, la presencia de funcionarios del ministerio en las instituciones o incluso la posibilidad de que todos los recursos de una universidad sean puestos en una fiducia a cargo del Icetex o un banco reconocido, fueron usadas en la San Martín en busca, como dijo la ministra Parody, de proteger a los estudiantes.

Con decreto en mano, el gobierno intervino el pasado miércoles a la Universidad San Martín. Sin embargo la medida, antes de tranquilizar a estudiantes, trabajadores y padres de familia los alteró aún más y agudizó las protestas que llevan más de 40 días. En Bogotá, los alumnos bloquearon la Autopista Norte con calle 85 y marcharon por varias avenidas por considerar que la medida de no permitir el ingreso de nuevos estudiantes puede llevar al cierre total de la universidad por falta de recursos. La ministra Parody dijo a SEMANA que estas y otras decisiones, por el contrario, lo que buscan es protegerlos y evitar el cierre de la San Martín.

Esta medida también generó debates en el seno de la comunidad académica en torno a su eficacia y si afecta o no la autonomía universitaria. “La intención del decreto es darle al Ministerio de Educación unas herramientas que antes no tenía para vigilar e intervenir las universidades, en ese sentido el decreto es bueno”, afirmó Carlos Forero, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun). De igual manera se expresó Gonzalo Arango, miembro de la Federación de Profesores Universitarios, “el decreto está bien concebido, pues no solo establece sanciones, sino una hoja de ruta tanto para la intervención y el monitoreo de las universidades en problemas”.

Por su parte, los estudiantes universitarios congregados en la Mane no ven con buenos ojos el decreto. Para Juan Sebastián López, vocero de esta organización, la reacción del gobierno fue tardía y es una muestra más de la negligencia del gobierno Santos en materia educativa. Además considera que el decreto podría estar en contra de la autonomía universitaria.

La ministra Parody aseguró que esta medida en absoluto afecta la autonomía universitaria. “Lo que pasa es que el gobierno no va a permitir que se siga engañando a los estudiantes ofreciendo programas ilegales, ni tampoco que se desvíe la plata que los estudiantes y sus familias han ahorrado durante toda la vida, en cosas que no tienen nada que ver con la educación. En ese sentido, la función del ministerio es cuidar que los recursos de la educación sean usados en la educación. No vamos a permitir que se haga negocio con esos recursos”.

Sin duda, más allá de las polémicas, es claro que desde hace muchos años miles de estudiantes y sus familias, que han sido afectados por los abusos de algunas universidades y sus directivas, estaban esperando este tipo de acciones. Ojalá lo ocurrido esta semana con la San Martín se repita en otras que están en la mira de la opinión pública desde hace años.
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