Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 1996/09/30 00:00

EL TAXIMETRO DE SWIPCO

Un contrato que fue diseñado para evitar las irregularidades en la adquisición de equipo militar, demostró que el remedio puede ser peor que la enfermedad.

EL TAXIMETRO DE SWIPCO

Un día de la semana pasada los gerentes de dos empresas que venden armas y pertrechos a las Fuerzas Armadas, se encontraron para almorzar en un restaurante del norte de la ciudad. La charla de los dos hombres de negocios giró en torno a asuntos profesionales y no tardaron en llegar a un tema que los preocupa desde comienzos de 1995 y que este año ha adquirido características alarmantes: el contrato entre el Ministerio de Defensa y la compañía suiza Swipco. Así, uno de ellos le relató al otro que su empresa acababa de ganar cuatro contratos para el suministro de material militar con destino al Ejército, pero agregó que estaba muy mortificado porque había tenido que girarle a Swipco un cheque por cerca de 100 millones de pesos, correspondiente al 4 por ciento del valor total de la negociación. El otro gerente le respondió que su compañía había tenido que girar una cifra similar, pero se quejó porque adicionalmente Swipco le cobró el 16 por ciento de IVA. Los dos coincidieron en afirmar que lo peor era que tenían que girar esos recursos de manera obligatoria sin que Swipco hubiera cumplido su parte. El realidad, las preocupaciones de estos dos hombres de negocios, relatadas a SEMANA por uno de ellos, no son aisladas. También las comparten el propio Ministerio de Defensa y medio centenar de pequeñas y grandes empresas, nacionales y extranjeras, que cada año se pelean los jugosos contratos de las Fuerzas Armadas. ¿Pero en qué consiste el descontento? La polémica surgió en febrero del año pasado cuando el Ministerio de Defensa anunció que se proponía hacer más eficiente y menos costosa la compra de equipos especializados para la Fuerza Pública, al tiempo que buscaba una mayor transparencia en todos los procesos de adquisición. De esa manera, fue suscrito el contrato 07 con Swipco, una empresa multinacional que según el propio gobierno de Estados Unidos es "una compañía experimentada, con un historial de éxitos en proyectos similares con gobiernos y organizaciones internacionales". Entre otras muchas obligaciones, lo básico era que Swipco debía encargarse de revisar los pliegos de condiciones y evaluar las propuestas de las empresas que querían contratar con las Fuerzas Armadas. Además, se comprometió a ampliar el número de proveedores del Ministerio de Defensa. A cambio, Swipco recibiría dos tipos de contraprestaciones: 250 dólares por cada contrato firmado que oscilara entre los 30 y 144 millones de pesos y el 4 por ciento del valor total de los contratos que superaran esta última cifra. Estos recaudos, dijo el documento, los obtendría Swipco de las empresas contratistas y no del presupuesto del Ministerio. De acuerdo con estimativos oficiales, en el primer año de vigencia del pacto la empresa extranjera recibiría 6.000 millones de pesos en ganancias. Así, contra viento y marea y pese a la oposición de varios congresistas que denunciaron que el contrato era inconveniente, el gobierno lo puso en ejecución y su vencimiento quedó estipulado para 1999.
El contrato: sólo caos
Pero ahora, cuando el contrato está en plena ejecución, es evidente un rompimiento total entre el Ministerio de Defensa y los representantes de Swipco en Colombia porque son innumerables las irregularidades detectadas por los expertos. El pasado 13 de marzo, el ministro de Defensa, Juan Carlos Esguerra, le envió una enérgica carta a Enrique Segura, presidente ejecutivo de Swipco, en la que enumeró más de una docena de incumplimientos. "Swipco ha incumplido -sin excepción- dos de sus principales obligaciones: la identificación de potenciales contratistas y la formulación de recomendaciones para la adecuada difusión de los procesos contractuales del Ministerio", decía el documento de Esguerra. Y agregaba que hasta esa fecha la intervención de la firma extranjera no había producido el ingreso de ni siquiera un nuevo nombre en el reducido grupo de proveedores del Ministerio. Pero quizá la principal queja del ministro Esguerra radica en que la intervención de Swipco no se ha traducido en una disminución del precio del material militar adquirido por el Ministerio: "Hasta ahora, lo único que se ha advertido, como consecuencia de este contrato, es la existencia de permanentes sobrecostos en nuestra contratación". Los proveedores consultados por SEMANA ampliaron ese concepto de Esguerra: "Nosotros sabemos que nos toca pagarle a Swipco el 4 por ciento de cada licitación. Entonces nos hemos visto obligados a agregarle ese mismo porcentaje al valor de lo que ofrecemos". Otro aspecto relevante del pronunciamiento del Ministerio consistió en criticar la deficiencia de los análisis de los documentos relacionados con los contratos entre las Fuerzas Armadas y los proveedores porque el "nivel técnico de los conceptos emitidos es bastante deficiente". En tal sentido, SEMANA tuvo acceso a media docena de los documentos elaborados durante los últimos 12 meses por una comisión técnica designada por el Ministerio y encargada de verificar la forma como Swipco cumple el contrato. Y no le podía haber ido peor. El comité, integrado por oficiales del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía, ha descalificado sistemáticamente la actuación de Swipco. Incluso, los expertos han detectado errores garrafales en los conceptos emitidos por la empresa suiza. "Como ejemplo se puede evidenciar en la licitación para vehículos M-35 A-2, recomiendan adquirir vehículos nuevos, sin considerar que la sigla A-2 implica vehículos remanufacturados. Así mismo, recomiendan dimensiones de llantas que no existen en el mercado nacional e internacional", dice el tercer análisis, elaborado por el comité en junio pasado. Además, los expertos aseguran que la asesoría de Swipco en cada licitación se produce demasiado tarde. "Pero aún así ellos les cobran a los proveedores el porcentaje estipulado en el contrato. Y no hay nada qué hacer", sostuvo uno de los especialistas. En el cuarto análisis técnico, los expertos denunciaron una práctica, prohibida expresamente en una de las cláusulas del contrato original, que tiene que ver con la confidencialidad de la información a la que accede Swipco, pues se trata de datos que involucran la seguridad nacional. En tal sentido, tanto el comité, como el ministro Esguerra, aseguraron que Swipco incumplió el contrato porque ha consultado personas ajenas al proceso de contratación, lo que "puede afectar en forma definitiva e irreparable la seguridad que los equipos están llamados a brindar". Los funcionarios se referían a una licitación abierta para contratar equipos de comunicaciones con destino a las Fuerzas Militares y de Policía, que quedarán integradas en una sola red. Por todas estas razones Esguerra le planteó a Swipco la posibilidad de que, de común acuerdo, dieran por terminado el contrato. Pero la empresa suiza dijo que lo haría si le pagaban una indemnización de 24,5 millones de dólares. Ante tamaña petición el Ministerio se negó y se dio a la tarea de buscar una salida jurídica en vista de que en el contrato no quedó contemplada ninguna causal de terminación del pacto si alguna de las partes incumplía.

Sigue su marcha
Mientras tanto, el contrato sigue su marcha. Y Swipco sigue recibiendo de los proveedores una parte del costo total de las licitaciones. Así, SEMANA conoció que en lo que va corrido de 1996 las Fuerzas Militares y de Policía han abierto 397 licitaciones. De acuerdo con el contrato, 97 superan el tope de los 144 millones estipulado en el contrato, por lo cual Swipco recibe el 4 por ciento de cada una de ellas. Esas 97 licitaciones alcanzan la suma de 120.000 millones de pesos, por lo que la empresa suiza gana 4.800 millones de pesos. Adicionalmente, se han realizado 300 licitaciones que no superan el tope anterior y por las que Swipco recibe 250 dólares por cada una. Es decir, 75.000 dólares, unos 78 millones de pesos. Al mismo tiempo, durante este año la Fuerza Pública ha contratado la adquisición de material con recursos externos por 186,5 millones de dólares, los que también quedan cobijados por el contrato. Una fuente del Ministerio de Defensa le dijo a SEMANA que por este concepto Swipco recibirá cerca de 7,5 millones de dólares. Sumadas las licitaciones en pesos y en dólares, las ganancias de la empresa suiza, hasta el mes pasado, ascendían a 12.578 millones de pesos. Pero un motivo de preocupación adicional del Ministerio de Defensa, de los contratistas y de los propios militares, radica en que el mayor porcentaje de licitaciones se producirá en los próximos dos meses, en los que serán abiertas contrataciones por cerca de 250 millones de dólares (ver gráfico). "Estamos tratando de buscarle una salida a esto porque es demasiado el dinero que está en juego por tan pocos beneficios recibidos", dijo a SEMANA uno de los funcionarios involucrados en el tema. Ante el tamaño de las cifras el Ministerio de Defensa y algunos congresistas, entre ellos Manuel Ramiro Velásquez, se han dado a la tarea de buscar una fórmula mágica para acabar con el contrato y evitarle un costo mayor al país. Una de las opciones es que el gobierno opte por la vía judicial y se enfrente a Swipco en los tribunales, con la esperanza de demostrar que el contrato fue incumplido abiertamente y que se trataba de un pacto que lesionaba los intereses de la Nación. Al mismo tiempo, el representante Velásquez ha anunciado que continuará promoviendo debates para desmontar la que llamó "mordida oficial autorizada por el gobierno". Nadie sabe cómo va a terminar este episodio que arrancó con buenos vientos pero que poco a poco fue envuelto por una tormenta que no cesa.

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