El telefonazo

LA HISTORIA DEL TELEFONAZO COMEnzó hace año y medio. El 24 de mayo de 1992, muy preocupado por la contínua filtración de información a la prensa por parte de funcionarios de la Procuraduría delegada para la Policía Judicial, el procurador Carlos Gustavo Arrieta pidió permiso a la Fiscalía para intervenir todas las líneas telefónicas de tal dependencia. Días después, la Dijin y la Fiscalía iniciaron esa labor. Luego de escuchar las conversaciones entre el procurador delegado, Guillermo Villa, y los periodistas de algunos medios capitalinos, se concluyó que el funcionario hablaba más de la cuenta con la prensa. "El asunto no pasó a mayores, pero en todo caso Villa fue conminado a ser más prudente y mesurado en sus charlas telefónicas con los periodistas", le dijo a SEMANA una alta fuente de la Procuraduría.
Meses más tarde, y cuando todo indicaba que cesaría la intervención de las líneas, una queja anónima aseveró que Villa estaba violando las normas al ejercer como abogado en un caso en Bucaramanga. Las pesquisas continuaron sin hallar pruebas. En enero de este año fue detectada una llamada a Barranquilla, hecha desde el despacho de Villa por un abogado ajeno a esa dependencia, y quien parecía estar ultimando los detalles para la comisión de un delito contrabando de tractomulas. Los responsables del negocio fueron capturados, pero en este caso tampoco aparecieron pruebas que comprometieran a Villa. La conclusión fue que el teléfono podía haber sido utilizado sin el consentimiento suyo.
UNA CASUALIDAD
Pero la suerte de Villa cambió en junio de este año, después de que el despacho a su cargo se trasladara a una nueva sede en la carrera 7a. con calle 13. Ante la dimensión del frustrado contrabando de Barranquilla y la necesidad de continuar las investigaciones internas, la Procuraduría solicitó a la Fiscalía que la intercepción se extendiera a las líneas telefónicas de la nueva sede. Como no se trataba ya de una investigación interna de la Procuraduría sino de un caso de contrabando que involucraba a particulares, la Dijin quedó sola a cargo de las pesquisas.
En cuanto al asunto del contrabando las cosas no avanzaron. Pero los interceptores de la Dijin se encontraron el pasado jueves 23 de septiembre, con una sorpresa que resultó mucho más jugosa que el tema de las tractomulas. Se trataba de una llamada de Villa a Miguel Rodríguez Orejuela, cuyo hermano, Gilberto, ha sido señalado repetidamente por la DEA como cabeza de las organizaciones del narcotráfico de Cali. Era algo realmente novedoso, pues como le dijo a SEMANA el procurador Arrieta "no había ningún indicio previo, ni llamada anterior, que permitiera suponer que Villa tenía contactos con ese cartel". Lo que si es bien conocido: el diario El Tiempo, en su edición del miércoles 29, publicó a tres columnas, en su primera página, toda la historia y estalló el escándalo.
No era para menos: de la lectura de la versión escrita de la grabación de tres comunicaciones telefónicas entre Villa y Rodríguez (ver cuadro), se podía sacar toda clase de conclusiones. Primero, que Villa y Rodríguez eran viejos conocidos. Segundo, que la generosa colaboración ofrecida por Villa para tramitar una queja de Rodríguez en contra de la Dijin podía, cuando menos, configurar un delito de asesoría ilegal, si es que no bastaba para considerarlo como alguien demasiado vinculado a los Rodríguez. Tercero, que Villa no ocultaba su profunda animadversión hacia el subdirector de la Dijin, el coronel Alonso Arango, un oficial profundamente comprometido en la lucha contra las organizaciones del narcotráfico de Cali. Cuarto, que Rodríguez parecía estarle ofreciendo a Villa unos pasajes aéreos que éste le había pedido. Y quinto, que Villa viajaría al día siguiente de la conversación como en efecto lo hizo a la capital del Valle, y que sería recogido en el aeropuerto por personas vinculadas a Rodríguez.
Después de analizar la llamada, la Dijin le informó al fiscal Gustavo de Greiff sobre el contenido de las grabaciones. A su vez, los periodistas Miller Rubio y Edgar Torres del diario El Tiempo, enterados previamente del caso, le pidieron a la Fiscalía que les confirmara la información, y lo lograron. Fue entonces en la noche del miércoles 29 cuando decidieron, después de cotejar diferentes datos, publicar la noticia en la edición del día siguiente.
A esa misma hora, el procurador Arrieta se hallaba en la Cámara de Representantes, en un debate sobre el código disciplinario y la corrupción. "Cuando salí del recinto en un intermedio -le relató a SEMANA el jefe del Ministerio Público- me encontré con un mensaje del Fiscal General". Aprovechó el receso para responder la llamada, y en ella De Greiff lo invitó a su oficina a tomarse un café.
"Estoy ahora ocupado en el debate -contestó Arrieta-. Dime si es algo urgente". El Fiscal le respondió que no sólo era urgente sino muy importante para el Procurador. Al llegar éste a la Fiscalía, De Greiff le dijo: "Te voy a mostrar una cosa". Sacó un casete de su escritorio y pidió una grabadora a la oficina de prensa. Antes de poner a andar la grabación, el Fiscal le preguntó a Arrieta: "Cómo son tus relaciones con Villegas?". "¿Con Fabio, el ministro de Gobierno?", preguntó el Procurador. "No, perdón, con Villa, tu Procurador delegado", le aclaró De Greiff, apenado por su proverbial y simpático despiste. "Pues Villa ha estado vinculado con algunas investigaciones importantes..."¿por que?", le contestó Arrieta.
El Fiscal inició la grabadora. A medida que avanzaba la cinta, el Procurador comenzó a cambiar de semblante. " Quedé sorprendido por lo que escuché y lo único que se me ocurrió fue prender un cigarillo, pese a que hacía 15 días había dejado de fumar", le contó Arrieta a SEMANA.
REUNION DE EMERGENCIA
Eran ya las 7 y 30 de la noche. Muy preocupado, el Procurador se dirigió a su despacho y convocó al viceprocurador a una reunión de urgencia. Le comentó la gravedad del asunto y de una vez decidieron declarar insubsistente a Villa y sellar su despacho, todo lo cual hicieron esa misma noche.
El jueves, a eso de las 10 de la mañana y cuando ya el escándalo copaba la atención de toda los medios de comunicacion nacionales y de los corresponsales extranjeros, Villa apareció en el edificio de la Procuraduría y llegó hasta el piso 12, donde queda la oficina de Arrieta, a quien le pidió de inmediato una audiencia. Ofuscado y sentido, el Procurador sólo aceptó recibirlo unos minutos, en compañía del viceprocurador. Villa, quien había ido temprano a su oficina de la calle 13 y se había encontrado con la desagradable sorpresa de no poder entrar, trató de ofrecerle excusas a Arrieta. El Procurador no quiso oír explicaciones, pues consideró que Villa debía dárselas a los investigadores. Prefirió dirigirse a la sala de juntas donde decenas de periodistas lo esperaban para una rueda de prensa. Compungido y con el sentimiento de haber sido traicionado por alguien muy cercano, enfrentó una a una las preguntas de los reporteros. Era, sin duda, el día mas difícil desde cuando asumió el cargo hace ya tres años.
EL ORIGEN DE LA HISTORIA
Semanas antes del escándalo desatado por la publicación del diario El Tiempo, las autoridades judiciales habían sido informadas de una fuerte ofensiva jurídica y legislativa que al parecer preparaba el cartel de Cali para obtener beneficios en caso de un posible sometimiento a la justicia. Según las autoridades, esta organización estaba tratando de influir en algunos parlamentarios para obtener ciertas concesiones en la redacción del nuevo Código de Procedimiento Penal, que se debate en las cámaras.
Pero estos esfuerzos del cartel habrían quedado truncos, de acuerdo con las autoridades, por una información que apareció el 22 de septiembre en El Tiempo. Era un extenso reportaje a seis columnas en la sección judicial, en la página 10, titulado "Así se extienden los carteles en el Valle", que hacía una detallada relación de la forma como los hermanos Rodríguez Orejuela habrían incrementado su capital, y de los bienes que habrían adquirido.
La publicación desató la indignación de los hermanos Rodríguez Orejuela, quienes ese mismo día enviaron a El Tiempo una carta. De acuerdo con ésta, el informe de inteligencia que había originado la nota periodística era producto de una alteración hecha por cl coronel Alonso Arango Salazar, subdirector de la Dijin, al informe original enviado por sus subalternos en Cali. Según los Rodríguez, sus nombres habrían sido agregados al informe por el propio coronel Arango. Esta supuesta adulteración fue el motivo de la comunicación entre Villa y Rodríguez Orejuela el 23 de septiembre, cuyo contenido, revelado el jueves de la semana pasada, desató la tormenta del telefonazo.
LAS CONSECUENCIAS
Aparte de que el caso puso de presente una vez más hasta dónde los carteles de la droga han logrado penetrar a las instituciones del Estado, el episodio de Villa tiene consecuencias de hondo significado. Para empezar, para la propia Procuraduría, que recibió un duro golpe a su imagen, mitigado en parte por la rápida reacción de Arrieta. La verdad es que hasta ahora se había hablado de infiltración de los carteles en el Congreso, en la Policía, en el Ejército, en el Ministerio de Justicia y en los tribunales, entre otros. Pero que la Procuraduría General de la Nación, la entidad encargada, entre otras cosas, de que esas infiltraciones no se produzcan, se haya visto expuesta por uno de sus funcionarios de más alto rango a una penetración aparentemente muy profunda de las organizaciones del narcotráfico, es desconcertante. Como en el viejo y popular adagio, "si la sal se corrompe..."
Y más allá de estas implicaciones de tipo general, hay algunas muy concretas a nivel de las investigaciones conducidas por el procurador Villa. Casos como el de la sanción al general Luis Enrique Montenegro cuando ocupaba la dirección de la Dijin; el pliego de cargos contra los agentes de la Dijin que habrían atentado contra Jorge Enrique Velásquez, el famoso informante conocido como "El Navegante"; las acusaciones contra un grupo de agentes de la Dijin por la muerte de 12 supuestos asaltantes bancarios en Bogotá; el caso del cambiazo de uno de los hombres más importantes de la organización militar del cartel de Cali, que se encontraba detenido en la Sijin del Valle; las investigaciones contra el coronel Arango y el mayor Estupiñán, oficiales de la Dijin, por el uso de fondos reservados de la institución; las investigaciones contra una de las unidades del grupo Unase por haberse convertido en una banda de secuestradores; las averiguaciones disciplinarias contra los integrantes del Bloque de Búsqueda de Pablo Escobar y, en fin, las más importantes intervenciones del Ministerio Público en el control de las entidades y funcionarios involucrados en la lucha contra la delincuencia organizada, han quedado en entredicho. Esas mismas investigaciones que le granjearon a Villa el respeto de sus colegas en la Procuraduría, ahora están bajo sospecha, y podrían ser recurridas jurídicamente por todos y cada uno de los afectados que pueden argumentar fueron conducidas por un hombre cuyas motivaciones hoy ya no son claras.
En cuanto a la Dijin, la verdad es que algunas preguntas flotan en el ambiente. La primera es por qué una vez tuvo en claro que Villa se entrevistaría en Cali con Miguel Rodríguez, no procedió a un seguimiento que hubiera podido poner al descubierto algo más que el caso de un funcionario corrupto. Y la segunda, si detrás del operativo contra Villa no había un profundo deseo de venganza hacia un funcionario que se había convertido prácticamente en un enemigo. Pero más allá de estas dudas, lo cierto es que se anotó un hit al poner a Villa en evidencia ante la Fiscalía y ante su superior.
Sin embargo, para muchos de los colombianos que han tenido oportunidad de leer las publicaciones sobre el caso, resulta insólito que las relaciones entre dos agencias del Estado como la Procuraduría y la Dijin, que deberían ser armónicas y de colaboración para enfrentar a los peores enemigos que puede tener una sociedad, no sean las de dos socios que luchan contra el delito sino la de dos enemigos acérrimos. En este caso, esa enemistad puede haber contribuído a descubrir una grave corrupción. Pero es posible que en muchos otros, sólo sirva para entorpecer la lucha contra el crimen organizado.
En cuanto a Villa, su situación es muy compleja, pues en el plano jurídico parece encontrarse gravemente comprometido. La situación para Miguel Rodríguez Orejuela, cuyo nombre no había sido asociado públicamente nunca de manera definitiva al tema del narcotráfico, también es delicada. En la carta que envió al diario El Tiempo el viernes pasado, tácitamente reconoció que era el interlocutor de Villa en la conversación interceptada. Y como de esta comunicación telefónica podrían tipificarse conductas penales, es evidente que el asunto no está terminado para ninguno de los involucrados.

¿Quién es el coronel Arango?
DETRAS DE TODO EL ESCANDalo del telefonazo del procurador Villa y Miguel Rodríguez Orejuela, está un personaje prácticamente desconocido para el colombiano común: el coronel Alonso Arango Salazar, subdirector de la Dijin, organismo investigador de la Policía Nacional, contra quien se dirigen las acusaciones de la conversación telefónica entre Villa y Rodríguez.
Con 17 años en la Dijin, numerosos cursos en el exterior en las diferentes especialidades de la investigación criminalística y judicial, este abogado, de 41 años, es conocido y muy apreciado por sus compañeros de la Policía así como por funcionarios de tan alto nivel como el propio fiscal general Gustavo de Greiff.
Quienes lo conocen, lo definen como un hombre cerebral, mesurado y prudente, pero tambien severo, inflexible y perseverante que hace todo lo que tenga que hacer para lograr sacar adelante una investigación. En ocasiones, esto último origina debates sobre su forma de actuar en el curso de las pesquisas.
Defiende a toda costa su bajo perfil, hasta tal punto que de él casi no existen fotografías en los archivos periodísticos, ni videograbaciones en los noticieros de televisión. Sin embargo, en los círculos policiales colombianos y estadounidenses su nombre es pronunciado con frecuencia y respeto. El año pasado la DEA lo declaró el mejor policía antinarcóticos del continente, en reconocimiento, entre otras cosas, al hecho de que rompió el mito de que la Policía colombiana sólo luchaba contra el cartel de Medellín y nunca contra el de Cali.