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| 6/9/1997 12:00:00 AM

EL TESTIGO ESPAÑOL

Desde una cárcel en Madrid un preso revive el escándalo de la narcofinanciación de la campaña de Ernesto Samper.

Desde hace varias semanas se venía especulando en círculos políticos, judiciales y periodísticos de una bomba que le iba a caer a Horacio Serpa. Se trataba de la confesión de un preso español, quien supuestamente habría suministrado nuevas informaciones sobre la vinculación del Ministro del Interior con los dineros calientesdurante la campaña de Ernesto Samper. El esperado testimonio fue conocido por SEMANA, que reproduce a continuación los apartes más relevantes del documento.
Esta es la historiaFlorentino Carlos Fernández García nació en Avilés de Asturias, España, el 11 de marzo de 1946. Es un hombre de 1,80 metros de estatura, piel trigueña, muy corpulento y hosco en el trato personal. En su círculo de amigos es conocido como 'El Viejo' o 'El Hombre de la Gorra' por su calvicie prematura. Fernández es considerado un hombre multimillonario, dueño de lujosos chalets ubicados en las zonas más exclusivas de Madrid, Marbella, Barcelona, Gibraltar y Andorra. Sus hobbys son los carros de lujo, las tiendas de moda más famosas de Europa y la buena mesa. Detrás de su fachada de hombre acaudalado se escondía un pasado turbio. Así lo descubrieron las autoridades españolas cuando empezaron a seguirle los pasos. A finales de 1993 obtuvieron los primeros indicios que señalaban que 'El Hombre de la Gorra' tenía contactos con el alto mundo del narcotráfico en Europa. Además les llamó poderosamente la atención que Fernández acababa de regresar de Colombia y siempre se hacía acompañar de un guardaespaldas de origen colombiano. A pesar del intenso control que ejercieron sobre sus actividades no lograron pescarlo con las manos en la masa. Sin embargo la vigilancia y los seguimientos se mantuvieron. Fue así como en la primera semana de abril de 1996 las autoridades españolas, que tenían interceptados los teléfonos de Fernández, escucharon varias conversaciones en clave y dedujeron que posiblemente el español podría estar vinculado en un caso de secuestro, relacionado con deudas entre mafiosos por una suma que superaba los 800 millones de pesos. Dos semanas después Fernández fue detenido bajo el cargo de intento de secuestro. Las pruebas eran muy débiles y las autoridades desconocían en ese momento quiénes eran y en dónde estaban los secuestrados. Dos meses después, el 24 de julio, la justicia española por fin tuvo suerte. Alertada por el DAS de Colombia la policía de la provincia de Orense puso en marcha la Operación Papagayo y decomisó 13 toneladas de marihuana y una de hachís. Además capturó a 39 personas de diversas nacionalidades. Pero la sorpresa fue mayor cuando en los interrogatorios una mujer, Gloria María Echeverry, reveló que ella había sido una de las dos personas secuestradas por Florentino Carlos Fernández. Contó que el plagio había sido motivado por una deuda pendiente de narcotráfico y que permaneció, junto con Marisol Hernández, retenida en un chalet de Marbella. La mujer señaló que una vez fue pagada la deuda recobraron la libertad. Finalizada la operación el jefe de la policía de Orense, José García, indicó que las autoridades habían logrado aclarar el secuestro de dos mujeres, esposas de los capos de la organización que pretendía introducir a España el cargamento de marihuana y hachís. Agregó que recopilaron importante información que les permitió mantener privado de la libertad a un español por el caso de secuestro y considerado como una de las personas más importantes en el mundo del narcotráfico en la península ibérica. García, un curtido investigador, prefirió guardar el nombre del español para no entorpecer el trabajo que se venía realizando para comprobar los nexos de Florentino Fernández con la retención ilegal de las dos mujeres.

Tabla de salvación
La situación jurídica de Fernández cambió de manera radical. De una detención precautelativa pasó a ser sospechoso de un delito que en España le podía significar una pena mínima de 30 años de prisión por secuestro. Fernández estaba metido en un laberinto sin salida. El siguiente paso que dio, cinco días después de la Operación Papagayo, indicaba que estaba dispuesto a buscar su salvación. Por esa razón, el primero de agosto del año pasado, su abogado José María Stampa Casas, uno de los más importantes juristas españoles, se presentó ante el magistrado juez de instrucción de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón Real, considerado como uno de los jueces más prestigiosos del mundo y el símbolo en ese país de la lucha contra la corrupción. Durante la reunión Stampa le dijo a Garzón que Florentino Fernández, detenido en la prisión provisional de Alcalá Meco, Madrid, corría serio peligro porque estaba dispuesto a formular graves denuncias en relación con el terrorismo internacional, el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. El abogado agregó que su defendido quería presentarse ante Garzón para contarle en detalle todo lo que sabía. SEMANA consultó en España al abogado Stampa sobre el tema y éste reveló que, en efecto, el 2 de agosto de 1996 Garzón recibió en su despacho a Florentino Fernández. En los siguientes días éste relató en detalle cómo operaban las organizaciones de tráfico de drogas y de armas en España y cuáles eran sus nexos con la mafia colombiana. Además relató cuáles eran los centros de operaciones para el blanqueo de dólares. La historia de Fernández llamó poderosamente la atención del juez Garzón, quien durante varios años ha liderado en su país una lucha frontal contra el terrorismo y el narcotráfico. El tiene a su cargo los casos judiciales más delicados de España, como el de los GAL, los grupos que supuestamente creó el gobierno de Felipe González para combatir a la ETA. Cuando Fernández terminó de contar toda su historia sobre el narcotráfico en España, decidió jugarse una última carta en busca de lograr mayores beneficios judiciales con el fin de reducir al máximo su condena: le dijo a Garzón que estaba en capacidad de suministrar información sobre la forma como había sido financiada la campaña que llevó a la presidencia a Ernesto Samper en Colombia y sobre la estructura y negocios de las organizaciones del narcotráfico colombiano. De acuerdo con fuentes de la Audiencia Nacional de España consultadas por SEMANA, Fernández fue más allá en su propuesta y dijo a Garzón que estaba dispuesto a entregar pruebas documentales de sus afirmaciones, pero que sólo lo haría si se le concedía la libertad. En las siguientes semanas el juez Garzón concentró los esfuerzos de su despacho en comprobar las denuncias del testigo referidas a las redes de narcos que operaban en España. Los resultados fueron sorprendentes y en muy poco tiempo logró resolver numerosos casos y dejar al descubierto personajes desconocidos hasta ese momento para las autoridades españolas. Rumbo a Colombia Satisfecho con los éxitos logrados por la información entregada por Florentino Fernández, Baltasar Garzón decidió que las afirmaciones de éste sobre el caso de la financiación de la campaña de Samper podrían interesarle a la justicia colombiana. Fue así como el 29 de octubre del año pasado Garzón estableció contacto con la Fiscalía General de la Nación en Bogotá y le informó de la existencia de Florentino Fernández. Después de numerosas conversaciones telefónicas entre el juez español y funcionarios de la cúpula de la Fiscalía fue integrada una pequeña comisión para que viajara a Madrid con el fin de realizar una declaración juramentada con el testigo. El abogado José María Stampa confirmó a SEMANA en España que, en efecto, el 13 de noviembre su defendido comenzó a ser interrogado por los fiscales colombianos. En total se realizaron tres diligencias, durante las cuales Florentino Fernández les contó en detalle su historia en Colombia. Empezó por decir que llegó al país el 26 de abril de 1986, luego de ingresar ilegalmente por la ciudad de Cúcuta. De acuerdo con su relato obtuvo una cédula falsa a nombre de Francisco Carlos Cánovas Puello. El documento de identidad fue el número 71.713.080 expedido por la Registraduría de Medellín. En los primeros meses de estadía en Colombia, según su relato, se dedicó a la construcción de inmuebles y a la compra y venta de aviones. Abrió cuentas corrientes en los bancos del Estado y de Crédito y Comercio. Posteriormente se casó por lo civil con Claudia Botero González, con quien tiene una hija. En su declaración juramentada Fernández señaló que una de las primeras personas que conoció en Colombia fue a la señora Anita Ross y a su esposo Hassan Nassar, propietarios de la conocida joyería Andy Ross. Con ellos realizó varios negocios de piedras preciosas, especialmente de esmeraldas y diamantes. Según su testimonio, por intermedio de Anita Ross y su esposo conoció a Jesús Amado Sarria y a su esposa, Elizabeth Montoya. Con ellos entabló una estrecha amistad y muy pronto conoció los negocios de la pareja en San Andrés y Bogotá, así como a sus más cercanos amigos. De acuerdo con su declaración las personas más cercanas a los Sarria eran Hassan Nassar y su esposa Anita Roos, Ernesto Samper, el mayor de la Policía Germán Osorio y su jefe de seguridad conocido como "Jimy".

Plata para la campaña
El testigo señaló que la cercanía que tenía con los Sarria fue lo que le permitió conocer en detalle los primeros ofrecimientos que le hizo la 'Monita retrechera' a Samper para financiar su campaña presidencial. Según su declaración, a mediados de 1993, pocas semanas después del regreso de Samper como embajador en España, tuvo lugar una reunión en una hacienda de la sabana, propiedad de Elizabeth Montoya, en la que estuvieron presentes Jesús Amado Sarria, el mayor Germán Osorio, Ernesto Samper, una hermana de Elizabeth Montoya, su novio y Florentino Fernández. En ese encuentro, según versión del testigo, la 'Monita retrechera' le dijo a Samper que ella podía colaborar en la recolección de entre 15 y 20 millones de dólares, que serían donados por varios grupos de amigos, entre ellos los Rodríguez Orejuela, Pacho Herrera, José Santacruz y Nelson Urrego, para su campaña. El declarante recordó que ante el ofrecimiento Samper dijo: "Cualquier ayuda, viniere de donde viniere, es bienvenida". En esa reunión el candidato le expresó a Elizabeth Montoya que los dineros en efectivo serían manejados directamente por Santiago Medina y Horacio Serpa y que lo concerniente a cheques y aportes en el exterior lo haría Fernando Botero. Florentino Fernández hizo referencia a tres reuniones más que supuestamente ocurrieron en esa finca, otra en una casa ubicada en el barrio Santa Ana y una más en un apartamento del norte de Bogotá, donde estuvieron presentes los mismos protagonistas y se habló del tema de la financiación. En desarrollo de su declaración juramentada Fernández también mencionó al ministro del Interior Horacio Serpa y señaló que éste realizó varias reuniones en un apartamento ubicado en la carrera 4ª con calle 75 de Bogotá, donde Serpa coordinó la entrega de dineros en efectivo para las sedes regionales que colaboraban con la campaña. Igualmente indicó que tanto Fernando Botero como Santiago Medina y el propio Serpa tenían pleno conocimiento de quién era Elizabeth Montoya y que ella fue la persona que coordinó el ingreso de los dineros provenientes del cartel de Cali. En cuanto al mayor Germán Osorio, el testigo español señaló que era la persona que manejaba las relaciones entre los esposos Sarria y el presidente Ernesto Samper. Agregó que los Sarria le pagaban al oficial de la Policía en dólares por los servicios que les prestaba. A lo largo de los tres días que duró la diligencia con la comisión de fiscales colombianos Florentino Fernández prendió una especie de ventilador. Mencionó a más de 100 personas relacionadas con el negocio del narcotráfico y en particular a Juan Carlos Ramírez Abadía, alias 'Chupeta', a Guillermo Ortiz, a los hermanos Gaitán Cendales y a Juan Carlos Ortiz Escobar, alias 'Cuchilla'. Señaló que también prestó sus servicios al cartel de Medellín para sobornar a congresistas para que votaran en 1989 el referéndum en contra de la extradición. Según su testimonio, uno de ellos fue el entonces presidente del Senado Luis Guillermo Giraldo Hurtado, a quien habrían llamado telefónicamente para ofrecerle 100 millones de pesos. Como su voto fue en favor de la extradición, decidieron amenazarlo de muerte y que por esa razón el parlamentario salió del país rumbo a Alemania, donde ocupó el cargo de embajador.En una de sus declaraciones indicó que fue secuestrado en Colombia el 11 de marzo de 1993 durante 47 días y señaló como responsable del plagio a Jairo Correa Alzate, quien hoy se encuentra detenido en la cárcel La Modelo de Bogotá. Dijo que por su liberación pagó 10 millones de dólares. Una parte del secuestro la canceló en efectivo y otra con propiedades, entre ellas una lujosa mansión ubicada en Santa Marta en el condominio campestre de Alcatraz. Como prueba de su afirmación entregó una foto de la vivienda en Santa Marta.
Frente a las denuncias contenidas en las declaraciones de Florentino Fernández, SEMANA habló en Madrid con el juez Baltasar Garzón y el abogado José María Stampa. Garzón, de manera tajante, dijo: "Como usted comprenderá, yo no puedo dar información de ese caso. Ese es un caso muy delicado". Por su parte Stampa, el apoderado de Fernández, indicó que "efectivamente, mi cliente está colaborando con las autoridades colombianas. Lo está haciendo porque está convencido que llegó la hora de que se haga justicia". Sobre las pruebas que dice tener Fernández, su abogado agregó: "El está diciendo la verdad y seguramente en su momento las entregará". SEMANA consultó al ministro Serpa sobre las afirmaciones del testigo, pero el funcionario se abstuvo de hacer comentarios sobre el particular.
¿Sin pruebas?
El testimonio del español, que durante muchas semanas fue objeto de mucha expectativa en círculos periodísticos, de momento parece no contener nada definitivo. Algunos esperaban que fuera el tiro de gracia contra el ministro Horacio Serpa cuando el testimonio remitido por el superjuez Baltasar Garzón fue anexado judicialmente por la Fiscalía colombiana en el expediente del Ministro. Resulta, sin embargo, que en su declaración Fernández no menciona nunca en forma concreta una reunión en la que él hubiera estado presente con Serpa. Todas las referencias que se hacen del Ministro son de oídas. Su nombre aparece supuestamente mencionado por Ernesto Samper como una de las personas que iba a manejar grandes sumas de dinero narco con Santiago Medina y Fernando Botero. Cambio de status Fernández también pretende demostrar que Serpa tenía conocimiento de las actividades de Elizabeth Montoya y sabía que ella había gestionado los aportes de los narcos para la campaña. Esto contradice la versión del Ministro, quien ha manifestado que sólo vio a Elizabeth Montoya una vez. La misma noche en que llegó a su hotel Marazul de San Andrés con 15 millones en efectivo que llevó de la campaña, y a bordo de una aeronave también de propiedad de la 'Monita'. El testimonio de Florentino Fernández le echa más agua sucia a Ernesto Samper que a Serpa. El Presidente sí queda mencionado en una reunión en la cual supuestamente se habría aceptado el dinero de Elizabeth de Sarria y a través de ella el de otros narcotraficantes. Aunque las circunstancias de la reunión descrita por el testigo son coherentes con la información verificada hasta la fecha, el contenido de cualquier conversación que haya transcurrido no podrá ser probado nunca. Suena factible que el Presidente de la República y la 'Monita retrechera' hubieran estado presentes en alguna reunión en la cual discutieron formas de financiar la campaña electoral. Al fin y al cabo en el famoso casete del Presidente con ella queda claro, cuando hablan del tema de la Phillip Morris, que en ocasiones anteriores habían conversado sobre el asunto. Pero lo que no suena muy convincente es que un hombre como Gilberto Rodríguez, conocido con el apodo de 'El Ajedrecista' por su cautela y su prudencia, haya acudido a una intermediaria tan folclórica para una misión tan delicada. Ese encargo hubiera sido más lógico dejárselo a un hombre sobrio y diplomático como Eduardo Mestre o a una persona 'de la casa' como Alberto Giraldo, tal como se ha venido evidenciando desde los narcocasetes. Elizabeth de Sarria era una mujer reconocida como arribista, exagerada y hasta mitómana, y así como es obvio que manejaba dineros 'tibios' no existe ninguna evidencia de que pudiera representar a los Rodríguez Orejuela. Mientras Florentino Fernández no aporte las pruebas documentales que ha ofrecido, en su testimonio, este no tendrá la fuerza suficiente para atajar la candidatura de Horacio Serpa. En cuanto a sus acusaciones contra el Presidente, el juicio está cerrado. Y para abrir un nuevo proceso harían falta pruebas contundentes sobre nuevos hechos. La estrategia del reo es cambiar de estatus su proceso para lograr beneficios. Hoy el caso está en un juzgado en el cual, según la ley española, no se pueden obtener rebajas de penas. Para esto se requiere que se traslade a la Audiencia Nacional, que es una instancia superior, donde sí es posible negociar penas. Fernández dice que tiene cheques, grabaciones y documentos que sólo entregará cuando quede en libertad. Esto es un imposible jurídico, pues nadie lo va a dejar libre antes de recibir pruebas. Mientras esto no ocurra lo único que hay es la palabra de un preso sindicado de secuestro contra la palabra del Presidente de Colombia y su Ministro del Interior. El testimonio de Florentino Fernández le echa más agua sucia a Samper que a Serpan El abogado de Fernández confirmó que su cliente habló con una comisión de fiscales colombianos.
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