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| 9/8/2012 12:00:00 AM

El tierrero de Tierrabomba ante una nueva base naval

Colombia aspira a tener la base naval más sofisticada de América Latina. Pero los líos jurídicos sobre la propiedad de los terrenos, la resistencia de las comunidades y lo que cuesta construirla hacen dudar que en 20 años esté lista.

Los tenientes de corbeta, vestidos con impecables uniformes blancos, recibieron dos buenas noticias el pasado 12 de junio durante la ceremonia de ascensos de la Armada. Además de ser promovidos al rango de tenientes de fragata, el presidente Juan Manuel Santos anunció esa noche que el gobierno construirá una nueva base naval en la isla de Tierrabomba “con todos los juguetes”. Luego le propuso, allí mismo, al alcalde de Cartagena Campo Elías Terán, que contrataran a la mejor banca de inversión para estudiar el traslado de la base naval que hoy está en el sector de Bocagrande en Cartagena, a la isla que queda en frente. De esta manera, la zona que hoy ocupa la base en La Heroica podría destinarse a otros desarrollos turísticos y urbanísticos.

“Qué bueno poder decir que vamos en ese camino” afirmó Santos. Pero el camino para construir esa nueva base naval es largo y tortuoso, y es probable que los que se graduaron de tenientes ni siquiera vean la base construida cuando sean almirantes. Porque para trasladar la base, o mejor dicho, construir una nueva en Tierrabomba, el gobierno debe invertir una cantidad enorme en obras de ingeniería civil que nunca se han hecho en el país, pasar por la consulta previa con los afrodescendientes, que tiene frenados otros proyectos de gran envergadura nacional, y aclarar el problema de titularidad de tierras que no es asunto menor en esta isla de aproximadamente 2.000 hectáreas, considerada estratégica para la defensa de las aguas y el territorio nacional.

Por su ubicación, la armada colombiana ha querido situar su base naval en la isla desde hace cientos de años. El problema es que nunca existió el presupuesto para realizarlo, afirma el contraalmirante Jairo Falla, quien está hoy a cargo del proyecto.

Desde diciembre del año pasado cuando el presidente Santos mencionó por primera vez la idea de la base, Falla comenzó a trabajar. Pero hasta el momento solo se ha avanzado en estudios de prefactibilidad y el análisis de alternativas para su financiación, entre ellas alianzas público-privadas, que pueden hacerse tanto con empresas nacionales como también con socios extranjeros. El pasado 3 de mayo Falla hizo una presentación del proyecto a un grupo de empresarios colombianos y extranjeros, porque lo que se quiere construir no tiene precedentes en el país.

Para empezar, se necesita un viaducto que conecte a la isla con el continente. Logísticamente es importante poder transportar tropas, armamento, insumos y equipos rápidamente, y por vías alternas. Sin el viaducto, la base no sería viable. También sería necesario hacer un dragado, sobre todo en algunas áreas de la bahía en donde la Armada planea construir sus muelles y su base. Por último, habría que construir redes de acueducto y alcantarillado, en estos momentos inexistentes en Tierrabomba.

Se estima que la base estaría ocupada al menos por 8.000 hombres, más la población flotante que viajaría a diario para trabajar en sus instalaciones. Se planea edificar no sólo una base operativa y logística, con su muelle de embarcaciones, sino también una zona de entrenamiento, un hospital, y un área residencial que se podrá ampliar a futuro. Todo esto se debe hacer, además, sin dañar el manglar aledaño a los terrenos en donde se erigiría la base y evitar que se agudice el problema de erosión que tiene la isla en algunas zonas. “Queremos crear una base modelo con un diseño arquitectónico sostenible,” dice Falla. Un proyecto así puede tardar al menos ocho años, y se estima que la planeación previa tarda al menos tres años.

Pero hay otro problema que podría dilatar aún más la obra. No hay claridad sobre cuáles son las tierras de la isla con las que realmente cuenta la Armada. En 1931 la petrolera Andean National Corporation le vendió a la Nación las tierras que tenía en la isla y en 1950 el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla decretó que toda Tierrabomba era de uso exclusivo de la Armada. Pero siete años después, como no se construyó la base naval, el gobierno consideró que mejor cedía una parte de las tierras al Distrito de Cartagena y decretó además que todos los terrenos de particulares en la isla se convertían en tierras de utilidad pública.

Esa historia, sin embargo, es cuestionada por quienes tienen propiedad privada en la isla. Según Roberto Martínez, quien asegura que sus títulos de propiedad provienen de la Colonia, el gobierno tenía un plazo de tres años para comprarles a los particulares, pero como no lo hizo, el decreto quedó sin efecto. Además de Martínez, hoy varios particulares tienen títulos registrados, entre ellos poderosos políticos cartageneros como Gabriel y Juancho García, David Dáger, Moisés Araújo y hasta el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras. SEMANA también encontró que 90 títulos fueron cedidos por el propio Ministerio de Defensa a habitantes nativos de la isla a partir de 1995, como consta en el folio de matrícula del terreno que se supone le pertenece a la Armada Nacional. Esa actuación, según el Incoder, fue ilegal porque esa es la única entidad del Estado que puede ceder terrenos de la nación a particulares y la única que puede resolver el rompecabezas de tierras de Tierrabomba.

Desde 1999 la Armada y el exalcalde Nicolás Curi acudieron al Incoder, en su momento Incora, para que aclarara a quién le pertenecen realmente las tierras en la isla. Esta comenzó a trabajar en ello en 2002, pero en 2007 otra resolución echó marcha atrás el proceso y todo quedó igual. “Hubo presiones políticas que frenaron la aclaración”, le dijo a SEMANA un funcionario del Incoder. Por eso hoy tienen que comenzar desde cero, y aunque ya arrancó podría durar al menos dos años. Actualmente el Instituto Geográfico Agustín Codazzi realiza un estudio de caracterización de la isla, que le permitirá al Incoder empezar su parte del trabajo.

Mientras eso sucede, el proyecto de la base se retrasa y solo cuando sea concreto y sepan con cuánta área cuentan en realidad para ubicar la base y medir sus posibles impactos, podrán empezar las consultas previas con la comunidad afrocolombiana de la isla, que desde ya ha anunciado cierta resistencia. A algunos pescadores les preocupa que la nueva base pueda afectar el tránsito de sus pequeñas embarcaciones y la pesca. Pero otras voces dicen que hay empresarios en la isla, algunos ligados al narcotráfico, que están presionando a las comunidades para que frenen el plan de la Armada.

El gobierno colombiano tiene la voluntad política de construir la base, pero antes debe superar los errores que el propio Estado ha cometido en el pasado.
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