El tijeretazo

Es fácil prever que una reforma tributaria es impopular. Y mucho más en época electoral. Por eso los primeros sorprendidos con el anuncio del ministro Juan Manuel Santos de tramitar una reforma tributaria en el Congreso fueron los propios parlamentarios, la mayoría de los cuales considera que el gobierno no sólo actuó con apresuramiento sino que escogió el peor momento para su trámite.

Para los congresistas, tanto de la oposición como los amigos del gobierno, en época electoral es bastante difícil que éste encuentre solidaridad en el Congreso, cuyos miembros como es apenas natural, están más interesados en conseguir votos para sus candidatos que en levantar plata para el gobierno. Ellos sostienen que, además, la recesión económica que vive el país no es la mejor época para gravar el aparato productivo nacional. “Antes del 29 de octubre ese tema no se toca en el Congreso. Por eso lo mejor que puede hacer el gobierno es meter la reforma al congelador”, dijo a SEMANA un senador liberal.

Pero el proyecto de reforma del ministro Santos no sólo cayó mal en el Congreso. En las propias filas del gobierno generó un fuego cruzado dentro del llamado equipo económico. Dos pesos pesados del gabinete, el ministro de Desarrollo, Augusto Ramírez Ocampo, y el de Trabajo, Angelino Garzón, pusieron el grito en el cielo por considerar contraproducentes los gravámenes proyectados a la construcción y al empleo. Ramírez cuestionó públicamente la propuesta de Santos de gravar la vivienda usada.

Las críticas más severas al Ministro han surgido de la bancada liberal, liderada por el tributarista antioqueño Luis Guillermo Vélez, quien descalificó de plano la iniciativa de Santos. Pero no fue el único. Un viejo zorro de la política, también experto en asuntos tributarios y además santista de vieja data, el senador caldense Víctor Renán Barco, sorprendió a la opinión al calificar las intenciones del gobierno como “más subversivas que las Farc”.

El Partido Conservador, que es el de gobierno, tampoco le ha brindado un sólido apoyo en su afán de sacar adelante la reforma tributaria. No son muchos los dirigentes conservadores que acompañan al ministro Santos. Uno de ellos es el presidente del Directorio Nacional Conservador, Ciro Ramírez, quien ha reclamado mayor comprensión y apoyo a su iniciativa.

Los llamados independientes, aunque no se han pronunciado como bloque, en forma aislada han hecho saber su inconformidad. Es claro que ninguno de ellos aprueba la reforma tal y como fue radicada. El senador Samuel Moreno Rojas es uno de los que de manera sarcástica le agradece al gobierno el que le haya permitido ir a la plaza pública a atacar la reforma. “A ningún elector le gusta que lo pongan a sudar y a llorar y a sangrar el bolsillo”, dijo Moreno a SEMANA.



El Congreso en contra

Por más que el ministro Santos insista en pintarles a los parlamentarios y al país un escenario apocalíptico si no se aprueba la reforma, lo cierto es que sus antiguos colegas de Congreso no le creen, entre otras cosas, porque consideran que una de las tareas de los ministros de Hacienda es la de proyectar el peor de los mundos para lograr sus propósitos. Hay senadores que consideran que la reforma lo que busca es cumplirle al Fondo Monetario Internacional (FMI) para tapar el enorme déficit fiscal y no para expandir y modernizar el aparato productivo de la Nación.

Otros congresistas, por su parte, dicen que el gobierno está haciendo la tarea a medias puesto que a la par con el proyecto de reforma debió presentar una propuesta para tratar de controlar el gasto público, al que muchos consideran la vena rota del presupuesto. El gobierno ha sostenido que reorganizará la burocracia estatal, reducirá la nómina oficial y fusionará algunos ministerios.

Lo que sucede es que, para muchos parlamentarios, el gobierno de Andrés Pastrana desaprovechó la oportunidad que le dio el mismo Congreso al comienzo de su mandato de reestructurar toda la administración pública. En esa ocasión el gobierno diseñó una tímida reorganización que finalmente tumbó la Corte Constitucional por vicios de forma. A la postre lo único que quedó en pie de ese fallido intento fue la liquidación de la Caja Agraria y la creación del Banco Agrario.

Esta sumatoria de hechos es la que ha llevado a un sector de la bancada liberal a considerar que el gobierno no está en condiciones de asumir el costo político que implicaría una reforma tributaria en la que la sola reestructuración de los organismos nacionales dejaría a más de 120.000 personas sin empleo. Entre los damnificados estarían por lo menos ocho ministros, cuyas carteras desaparecerían, y el doble de directores de institutos descentralizados. A eso se suma que la llamada reingeniería del aparato estatal aconseja la reducción del tamaño del Estado mediante procesos de privatización y desregulación, dos frentes en los cuales el gobierno tampoco ha tenido suerte.

Curiosamente en lo que sí ha tenido fortuna el gobierno es en el incremento de los ingresos de la Nación por cuenta del aumento significativo del precio del petróleo, calculado por el presidente de Ecopetrol, Alberto Calderón, en cerca de un billón de pesos. A ello se suman las prácticas antievasoras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), puestas en marcha por Fanny Kertzman y por su sucesor Guillermo Fino, quienes han logrado recaudar otro medio billón.

Estas cifras han hecho que las cuentas de Santos y los parlamentarios no cuadren. Mientras el Ministro considera que necesita tres billones de pesos para tapar el hueco fiscal, los parlamentarios argumentan que sólo le hacen falta un billón y medio puesto que ya tiene el otro billón y medio. “El asunto no es tan complicado y no hay que hacer grandes operaciones aritméticas. Sólo es una simple suma”, afirmó un senador liberal de la Costa Atlántica.



¿Que le espera?

Así las cosas, ¿cuál será el futuro de la reforma en el Congreso? Por ahora es incierto. Todo parece indicar que el tema quedará en stand by por lo menos hasta el 29 de octubre. Casi ningún parlamentario quiere arriesgar sus votos por cuenta de darle vía libre a más impuestos. Después de las elecciones las cosas podrían cambiar, siempre y cuando el gobierno deje por fuera de la cobertura de la reforma a aquellos sectores de la población que más se afectarían con una mayor carga tributaria. Es el caso de los productos de la canasta familiar, los impuestos a la vivienda y los vehículos usados y la retención en la fuente a las pensiones.

El gobierno, quizá sin pretenderlo, cometió el error político de convertir el tema de la reforma tributaria en caballito de batalla de los congresistas, quienes se deleitan en la plazas pública echándole pullas al gobierno por cuenta del famoso sudor y lágrimas del ministro Santos.

Pero de lo que no queda duda es que con la reforma tributaria el gobierno está jugando con fuego. Al tratar de ampliar la cobertura tributaria al máximo para después negociar con el Congreso, está corriendo el riesgo de que en la negociación se le filtren muchos micos que más que favorecer al gobierno o al Estado terminan sirviendo a los intereses de los capitales privados.

En estas circunstancias lo único que está claro es que como fue presentada la reforma tributaria tiene pocas posibilidades de éxito en el Congreso. Su supervivencia depende de que le metan un buen tijeretazo. Lo que sucede es que las tijeras del gobierno y la de los parlamentarios, al menos por ahora, son bien distintas.