Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 1999/12/13 00:00

EL TIO CONEJO

A pesar de que es muy probable que el paquete de ayuda para el país sea aprobado a comienzos <BR>de 2000 la forma en que Washington manejó el tema fue una bofetada para Colombia.

EL TIO CONEJO

Corre el mes de noviembre y el período legislativo está por acabarse. Es un momento
decisivo para las relaciones entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. Una de las partes espera que
la otra sea capaz de convencer al Congreso de su país de tramitar una ley fundamental para sus intereses.
Asumiendo un costo político grande el gobierno logra sacar adelante la norma y la relación bilateral sale
fortalecida.Lo anterior no sucedió en noviembre de 1999, sino de 1997. Fue lo que pasó cuando el gobierno
de Ernesto Samper logró la aprobación de la extradición en el Congreso de Colombia por exigencia del
gobierno norteamericano. Hoy, dos años más tarde, la situación es la misma, pero totalmente a la inversa.
Esta vez fue el gobierno colombiano el que fijó sus esperanzas en que el Congreso de Estados Unidos
aprobara un paquete de ayuda económica para financiar el Plan Colombia. Sólo que la historia versión 1999
no tuvo el mismo final feliz de la de 1997. Por el contrario, el gobierno de Clinton no quiso asumir el costo
político interno de sacar adelante la norma. Tampoco quiso hacerlo el Congreso de mayoría
republicana. Pero la carambola histórica no se acaba ahí. Precisamente el día en que se anunció que la
ayuda norteamericana no iba a llegar la Corte Suprema de Colombia autorizó la primera extradición de un
ciudadano colombiano en virtud de lo aprobado hace dos años, en noviembre de 1997. La reacción de los
extraditables no se hizo esperar: una bomba en Bogotá segó la vida de seis colombianos inocentes. El
fantasma del narcoterrorismo volvió al escenario. Como para variar, Colombia se quedó con el pecado y sin el
género.Las consecuenciasLo más curioso de todo esto, sin embargo, es que más allá de ser un episodio de
maltrato y desprecio por parte del establecimiento norteamericano al gobierno y al país, lo cierto es que las
implicaciones de lo sucedido la semana pasada son relativamente pocas. Lo más probable es que los gringos
se pongan las pilas en febrero y saquen adelante los 1.500 millones de dólares que el país necesita para
adelantar el Plan Colombia. En lo militar, que es el 70 por ciento del plan, no va a haber ningún atraso ya que
el primer Batallón Antinarcóticos del Ejército ya está listo y equipado y entra a operar a comienzos de 2000.
Los otros dos batallones no estarán entrenados antes del segundo semestre del próximo año, lo cual da
tiempo para que salgan los recursos y no se retrase el cronograma. Lo mismo sucede con buena parte de
los programas, debido a que los recursos son para tres años y es muy poco lo que se pensaba ejecutar en el
corto plazo.La aprobación de la ayuda seguramente se dará porque existe ya un consenso entre republicanos
y demócratas de que es urgente ayudarle a Colombia. Y a pesar de los comentarios de algunos columnistas
de la oposición, que han pretendido hacer otro tipo de interpretaciones, lo cierto es que la decisión de girar la
plata parece estar tomada. Incluso el dinero para operaciones militares no presenta mayores problemas en
Washington ya que el Departamento de Estado sabe muy bien que los batallones que recibirán la ayuda
realizarán operaciones exclusivamente contra los cultivos ilícitos. Y de eso se encargará el gobierno gringo, de
vigilar que no haya operaciones de otro tipo. Si en ellas caen guerrilleros, paramilitares o civiles es porque
estaban custodiando un cultivo de coca o amapola, y eso los hace narcotraficantes. Para Estados Unidos
es así de claro y así de simple.¿Que va a pasar?El 22 de enero próximo se reunirá de nuevo el Congreso
estadounidense. Y con seguridad aprobará el paquete de ayuda sin mayores problemas, especialmente por
haber dejado atrás los dos principales obstáculos que se presentaron este año. El primero fue la carrera contra
el tiempo del final de la legislatura, en la que varios otros temas de importancia para Estados Unidos saltaron
a la palestra a última hora, complicando la aprobación de la ayuda a Colombia y haciendo que pasara a
segundo plano. El segundo obstáculo tiene que ver con la tensión política frente a un aumento en el gasto,
precisamente cuando ambos partidos quieren llegar a la campaña presidencial del próximo año con la
bandera de ser duros en materia de recorte fiscal. La política norteamericana parece haber llegado a un
sofocante consenso, en el cual hay pocas discrepancias ideológicas entre demócratas y republicanos. Y uno
de los pocos temas que todavía obsesionan a los votantes es el de reducir el gasto público. Por eso,
aunque todos querían ayudar a Colombia, ni los republicanos del Congreso ni los demócratas del
gobierno querían ser los primeros en proponer gastarse la plata. ¿Cómo se soluciona eso? SEMANA consultó
a un alto funcionario de la administración Clinton, quien al respecto dijo: "La solución es que ambas partes se
sienten y conspiren para aumentar el gasto pero acuerden no decir quién lo propuso. Es la única forma".
SEMANA pudo establecer que los contactos entre el gobierno y el Congreso para que eso suceda a
comienzos del próximo año ya se han adelantado y parece haber un acuerdo en firme al respecto. Además es
muy probable que el paquete se apruebe antes de finales de febrero. La razón es simple: el primero de
marzo tiene que anunciarse el resultado del proceso de certificación y no tendría presentación para los
norteamericanos permitirse evaluar los resultados de Colombia cuando ellos mismos no han cumplido con su
parte en la lucha. Especialmente cuando una vez más tendrán que certificar a México, muy a pesar de que ese
país se ha convertido en la gran despensa de droga para Estados Unidos, y la cooperación antinarcóticos
de las autoridades mexicanas, a nivel local y de policía, deja mucho que desear. Todo esto influye para que
sea muy difícil para Estados Unidos llegar al proceso de certificación sin haber concretado la ayuda para
Colombia. De hecho, si se cumplieran las reglas de juego que Estados Unidos le ha aplicado al país en los
últimos años, el gobierno de Bogotá no tendría otra alternativa que descertificar a los gringos por su
desempeño en la lucha antinarcóticos durante 1999. Junto con Irak, Irán, Libia, Myanmar y Afganistán.

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