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| 10/30/1995 12:00:00 AM

EL TIO ESTA FURIOSO

Se están dañando las relaciones entre Bogotá y Washington. ¿Qué puede pasar con la certificación el año entrante?

EN NOVIEMBRE DE 1993, seis meses antes de las elecciones presidenciales, el entonces precandidato liberal Ernesto Samper se reunió en Washington con el secretario asistente para Narcóticos del Departamento de Estado, Robert Gelbhardt. Por su cargo, Gelbhardt es tal vez el funcionario norteamericano más influyente en lo que se refiere a las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. En esa reunión le comunicó a Ernesto Samper que el gobierno de su país tenía, información de que su campaña había estado recibiendo financiación del cartel de Cali. Samper reaccionó con indignación a las acusaciones de Gelbhardt y le manifestó que era un absoluto imposible. Puntualizó que su campaña había diseñado unos controles. muy estrictos para que estos dineros no pudieran ingresar.
Gelbhardt le respondió a su turno que la información que tenía era muy concreta pero que no valía la pe a mirar hacia atrás. Sin embargo, le manifestó en forma enfática que si llegaba a la Presidencia y quería tener una buena relación con Estados Unidos , tuviera mucho cuidado con el cartel de Cali y la financiación de su campaña.
En ese momento faltaban seis meses para la primera vuelta de la elección presidencial. En junio de 1994, días después de la segunda vuelta, explotó el escándalo de los narcocasetes y se creó un ambiente de crisis en la relación entre los dos países. A finales de ese mes el presidente electo Ernesto Samper, preocupado por esta situación, decidió cancelar su viaje a San Francisco donde pensaba ver jugar a la Selección Colombia en el Mundial de Fútbol. En su lugar se desplazó a Nueva York donde se reuniría con representantes del gobierno norteamericano para frentear el asunto. La cita fue con mandos medios pues Gelbhardt y el secretario asistente para Asuntos Latinoamericanos, Alexander Watson, querían expresar su protesta ante el hecho de que La financiación del cartel de Cali a la campaña hubiera sucedido a pesar de la advertencia explícita del gobierno de Estados Unidos.
Ese día se reunieron en Nueva York Ernesto Samper, el embajador ante Estados Unidos Gabriel Silva, la canciller Noemí Sanín, el futuro canciller Rodrigo Pardo, el futuro ministro de Justicia Néstor Humberto Martínez, el asistente de Gelbhardt, Crescencio Arcos, y el asistente de Alexander Watson, Mike Skoll. La reunión fue tensa y se caracterizó porque los norteamericanos creían que los casetes eran reales y los colombianos insistían en que era un montaje. Finalmente los enviados de Washington le manifestaron a Ernesto Samper que estaban dispuestos a olvidarse del pasado y a concentrarse en el futuro. Es decir, olvidarse de los episodios electorales y juzgar los resultados del gobierno. Ernesto Samper los interrumpió y les dijo que él no tenía nada que hacerse perdonar de su pasado y que no aceptaba ese planteamiento.
Con esa nota discordante comenzaron las relaciones entre Estados Unidos y Colombia bajo la administración Samper. Los norteamericanos ni le habían tenido ni le tenían confianza al nuevo Presidente de Colombia pero estaban dispuestos a darle un compás de espera.

PIE IZQUIERDO
Las primeras señales no fueron muy convincentes. Por un lado los nombramientos en las Fuerzas Armadas y en la Policía no dejaban la impresión de una lucha frontal contra el narcotráfico Por otra parte cuando el recién posesionado ministro Fernando Botero visitó la capital de Estados Unidos, dejó la impresión de que su prioridad era más la lucha contra la guerrilla que contra la droga. Esa misma sensación le había dejado al Departamento de Estado la lectura ciudadana de los discursos de Ernesto Samper. La guerra sin cuartel contra los carteles que quería Estados Unidos no se veía por ningún lado.
Durante su visita a Estados Unidos, el ministro Botero se enfrentó a la sorpresa de que sus interlocutores le pusieron las cartas sobre la mesa. En términos no muy diplomático le hicieron saber que la información que ellos tenían sobre la financiación de la campaña no les permitía tener confianza en Ernesto Samper ni en él. La conclusión fue que si el nuevo gobierno quería que las relaciones entre Colombia y Estados Unidos fueran normales. las manifestaciones de compromiso en la lucha contra el narcotráfico tenían que ser mucho más claras e ir más lejos de lo que aparentemente quería el gobierno. Dieron como ejemplo una manifestación de intención concreta: que el cargo de director de la Policía estuviera en manos de un oficial que tuviera la plena confianza de Estados Unidos y señalaron al general Rosso José Serrano como candidato. Eso fue en septiembre y fue el primer campanazo que recibió Fernando Botero sobre lo que podría suceder.
El segundo campanazo fue mucho más fuerte. Tuvo lugar cuando el embajador norteamericano Myles Frechette hizo saber que tal vez Colombia no iba a calificar para la certificación anual que determina la ayuda para la lucha contra la droga. Esto tendría implicaciones crediticias, comerciales y de imagen de mucho alcance. En ese momento todo el gobierno entró en pánico y se dio el gran viraje en la lucha contra el narcotráfico. La amenaza explícita del ultimátum de la certificación y la amenaza implícita de lo que se podría revelar durante el debate sobre la misma volvieron a Colombia el mejor aliado en la lucha contra el narcotráfico. En ese momento empezaron los días de gloria de la persecución contra el cartel de Cali con la posterior y rápida captura de seis importantes cabecillas. La CIA y la DEA que habían estado marginadas de estas operaciones durante los primeros meses del gobierno empezaron a trabajar hombro a hombro con los colombianos.
Simultáneamente con esto, las consideraciones de tipo social que habían frenado el proceso de fumigación se dejaron a un lado y el gobierno se metió de lleno en este proceso con la misma intensidad con que perseguía a los capos.
A partir de ese momento las relaciones entre Colombia y Estados Unidos no sólo se normalizaron sino que llegaron a uno de sus mejores momentos cuando en julio pasado el vicepresidente norteamericano Al Gore felicitó públicamente al ministro de Defensa Fernando Botero calificándolo como un héroe de la lucha contra el narcotráfico. El camino había quedado despejado para la certificación de 1996. Los Estados Unidos, que son un país pragmático, estaban cumpliéndole a Ernesto Samper el compromiso adquirido en la reunión de Nueva York: si Colombia producía resultados, los norteamericanos se olvidaban de lo ocurrido en la campaña.
El proceso 8.000 cambió esta luna de miel. Los norteamericanos que siempre han estado convencidos de que el cartel de Cali financió la campaña de Ernesto Samper, nunca pensaron que estos hechos fueran a ser confirmados públicamente ni que fueran a tener las consecuencias jurídicas que se están viendo en Colombia. Con media docena de acusados incluyendo a Fernando Botero en la cárcel y el Presidente investigado, el gobierno norteamericano está teniendo que replantear sus opciones. 1996, el año de la próxima certificación, es un año electoral en Estados Unidos y existe la preocupación de que los republicanos le cobren a la administración Clinton su moderación frente a Colombia, teniendo en cuenta la información que Washington tenía sobre la financiación de la campaña. Este es un temor que no se ha materializado todavía y que los demócratas aspiran a neutralizar mostrando la liquidación del cartel de Cali por parte de la administración Samper. Sin embargo, como en épocas electorales se ve de todo, nadie descarta un ataque por este flanco.


¿JUEGO SUCIO?
En Estados Unidos siempre han existido dos líneas de pensamiento frente a Colombia. La moderada de Alexander Watson quien representa a la diplomacia equilibrada del Departamento de Estado, y la dura de Robert Gelbhardt quien representa la obsesión de Estados Unidos frente al narcotráfico. Hasta hace pocas semanas estas dos líneas se habían puesto de acuerdo en un par de puntos básicos: en primer lugar, que Colombia se había ganado la certificación de 1996 por los resultados de la lucha contra la droga y en segundo lugar que los Estados Unidos se marginarían completamente del conflicto interno creado por las investigaciones de la Fiscalía. Esto último era un voto de confianza a las instituciones colombianas. Por esto el gobierno de Estados Unidos se ha negado sistemáticamente durante los últimos meses a hacer pronunciamientos públicos en favor o en contra del gobierno colombiano.
Esta neutralidad, sin embargo, se ha ido debilitando en los últimos días. El golpe de gracia lo dieron las declaraciones del ministro del Interior, Horacio Serpa, en las cuales insinuó que la DEA podría estar detrás del atentado a Antonio José Cancino. Pocas metidas de pata diplomáticas de este nivel se han visto en los últimos años. Robert Gelbhardt llamó inmediatamente al canciller Rodrigo Pardo quien se encontraba en Nueva York en la asamblea de las Naciones Unidas y le pidió una explicación. Pardo le manifestó su desacuerdo con las manifestaciones de Serpa, pero esto no fue suficiente. El alto mando del Departamento de Estado decidió que era necesario contestar enérgicamente. De ahí salió el comunicado donde se acusaba al gobierno de Colombia de utilizar el atentado contra Cancino para distraer la atención sobre las investigaciones de corrupción política.
Pero las declaraciones de Serpa no fueron el primer incidente después de la luna de miel, sino más bien el último. Desde que el gobierno de Colombia empezó a hacer pública la teoría de la conspiración foránea, los Estados Unidos se han sentido aludidos y ven en ello un intento de desplazar responsabilidades hacia el país del Norte. Esto ha generado una gran indignación, particularmente porque el Departamento de Estado y la DEA consideraban que estaban jugándole limpio a Ernesto Samper a través de su neutralidad durante todo el escándalo político del Medinagate. Las declaraciones de Serpa los llevaron a la conclusión de que no hubo reciprocidad en este juego limpio.
Además de esto, el gobierno norteamericano ha tenido información en el sentido de que en por lo menos tres ocasiones el gobierno de Colombia ha contemplado la posibilidad de exigir el retiro de la DEA del país. Estos rumores han resultado infundados pero han contribuido a enrarecer el ambiente. Sin embargo, en este momento lo que les preocupa a los norteamericanos es una información que está circulando en Washington sobre posibles cambios en la cúpula de las fuerzas de seguridad. Concretamente , hay versiones sobre un posible relevo del general Rosso José Serrano como director de la Policía. Esto sería considerado por Estados Unidos como una decisión política de grandes implicaciones. Igualmente temen que personas que ellos consideran corruptas vayan a ser objeto de promociones dentro de esa institución.
Las implicaciones de todo lo anterior se han traducido en una evolución de la posición del gobierno de Estados Unidos frente a Colombia Hasta hace poco la certificación de 1996 era segura; hoy es probable, pero no automática. Está sujeta a la manera en que se desarrollen los acontecimientos hasta el próximo marzo. No solo en lo que se refiere a las relaciones entre los dos países sino a la estabilidad política interna de Colombia. A pesar del incidente de Horacio Serpa, los ánimos en el Departamento de Estado se mantienen moderados. El gobierno norteamericano no tiene la intención de propiciar la creación de un ambiente antiyanqui por medio de interferencias, exigencias, o vetos. Todavía prefieren ser observadores y no participantes. Pero sin duda alguna, el tono ha cambiado. Algo va del elogio de Al Gore a Fernando Botero hace tres meses al destemplado comunicado del Departamento de Estado la semana pasada responsabilizando al gobierno de Colombia por lo que le suceda a cualquier ciudadano norteamericano en el territorio nacional.
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