Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 1994/08/15 00:00

EL TIO SAM NOS SEÑALA

Se agrava la crisis ente Estados Unidos y Colombia. ¿Qué puede pasar?

EL TIO SAM NOS SEÑALA

EL PRESIDENTE ELECTO ERNESTO SAMPER se encontraba disfrutando de los encantos de una tarde parisina en compañía de su gran amigo Julio Andrés Camacho, cuando sonó el teléfono celular de éste último. Se trataba de un periodista, quien acababa de recibir el boletín de la agencia de noticias 'United Press International' del mediodía, y quería oír los comentarios de Samper al respecto. Cuál no sería su sorpresa cuando descubrió que el Presidente electo no tenía ni idea de qué le estaban hablando. En ese momento, Ernesto Samper descubrió que sus vacaciones habían terminado.
El comunicado, que según la UPI tenía como fuentes a funcionarios estadounidenses encargados de la política hacia Colombia y agentes de inteligencia, tenía entre sus múltiples afirmaciones las siguientes: "El gobierno del presidente Bill Clinton concluyó que el presidente electo Ernesto Samper aceptó más de 3 millones de dólares en contribuciones a su campaña electoral por parte de poderosos narcotraficantes, y su jefe de Policía, Octavio Vareas, también aparece manchado". "A Vargas le queda prohibido volver a entrar a Estados Unidos". "El gobierno de Clinton concluyó que las alegaciones eran correctas, pero decidió no emprender una acción punitiva contra Colombia... ya que esto conduciría a una erosión al apoyo de Washington en su política hacia Haití". "No podemos evitar que se convierta en Presidente, dijo un funcionario estadounidense, así que trabajaremos con él y lo observaremos muy de cerca, él sabe que lo que haga será determinante en la relación ".
Semejante lenguaje sobre un jefe de Estado no se había oído desde los días del panameño Manuel Antonio Noriega. Por tanto, lo que había sucedido, más que una noticia, era una crisis internacional. Siguieron inmediatamente pronunciamientos previsibles por parte de la Cancillería colombiana y por parte de Samper, pero existía un interrogante acerca de cuál sería la posición oficial de Estados Unidos acerca de la noticia divulgada por la UPI. Y cuando llegó un escueto comunicado, sin firma ni responsable identificable, el resultado no fue muy satisfactorio. Según el comunicado "Estados Unidos continúa preocupado acerca de las investigaciones sobre si la campaña de Samper ha recibido dineros de traficantes de droga", y "la administración Clinton no ha tomado ninguna determinación definitiva".

TOCANDO FONDO
Como el episodio del comunicado de la UPI se había hecho público inmediatamente después de la cancelación a última hora por parte de la DEA de la visita del director de la Policía general Octavio Vargas Silva -cancelación atribuida oficialmente a una diferencia de expectativas, pero extraoficialmente a la mención que del general se hace en el último narcocasete- se pensaba que, con ese desaire, la situación había tocado fondo.
Pero al día siguiente se demostró que esto era inexacto. El vocero de la derecha moralista del estado de Carolina del Norte, el senador Jesse Helms, quien en repetidas ocasiones ha promovido la suspensión de la ayuda económica a otras naciones latinoamericanas, propuso ante el Congreso congelar la contribución que Estados Unidos brinda a Colombia en el marco de la lucha contra el narcotráfico. El senador precipitó una rápida votación que condicionaba la entrega de los 30 millones de dólares anuales que el gobierno colombiano recibe de Estados Unidos para la lucha antinarcóticos, a la certificación por parte de la administración Clinton de que Colombia cumple ciertos requisitos en la lucha contra las drogas.
Todo lo anterior ha desembocado en la crisis internacional más grave que ha vivido Colombia en sus últimos años. La imagen de que el país es una narcodemocracia se habría impuesto, por lo menos ante el gobierno de Estados Unidos. Ernesto Samper, antes de posesionarse, ya sería el mandatario más cuestionado en la historia reciente. La ayuda suspendida por la votación del Senado podría ser la antesala de posteriores retaliaciones comerciales de inmensas consecuencias para el país (ver recuadro). Esto en cuanto a lo económico. Pero si la percepción de Estados Unidos se extendiera a otros países, Colombia podría quedar aislada y convertida en un paria ante la comunidad internacional.

DIFERENCIA DE INTERPRETACIONES
Lo absurdo de toda esta situación es que se llegó a ella por un malentendido. No era imposible, en el fondo, que con el poder que tiene el narcotráfico en Colombia, algún día hubiera podido imponer a un amigo en la Presidencia de la República. No era imposible que éste tuviera una posición tolerante frente al negocio. Y tampoco era imposible que le diera un vuelco a la postura tradicional del país en materia de droga. Pero nada de esto sucedió. Ernesto Samper es un hombre totalmente ajeno al mundo del narcotráfico y su posición ante este delito no es más que la continuación de la política tradicional del Estado colombiano. El episodio de los narcocasetes, que son auténticos (ver siguiente artículo) pero que dan pie para interpretaciones diferentes, ha arrojado, a ojos de Estados Unidos, un manto de duda sobre la verticalidad del Presidente electo. Esta circunstancia ha producido fricciones entre los dos gobiernos las cuales, al cierre de esta edición, habían llegado a un punto que nadie consideraba posible hace apenas un mes.
La crisis que se está viviendo contiene tres elementos: verdades, malentendidos y errores de manejo. Es verdad que los narcocasetes han revelado una penetración del narcotráfico en la vida nacional que pocos sospechaban. Esto demuestra una tolerancia preocupante con el fenómeno o, por lo menos, una relativa indiferencia por parte de la opinión pública. Los colombianos consideraban grave el narcoterrorismo y lograron aglutinarse contra este flagelo. Pero con la muerte de Pablo Escobar, el narcoterrorismo -tal y como lo conocieron los colombianos en las peores épocas de la guerra- desapareció, y muchos consideraron que la verdadera batalla había terminado.
Ese mismo proceso mental no lo vivieron los estadounidenses. A ellos no les importaba mucho el asesinato de Luis Carlos Galán o de Guillermo Cano, o la voladura del avión de Avianca,sino el flujo de cocaína que entraba a su país. Ahora ese volumen ha aumentado. Por tanto, para las autoridades estadounidenses el problema se ha agudizado, mientras que para los colombianos se volvió más manejable.
Y la verdad es que los resultados reales en la lucha antinarcóticos dejan mucho que desear. Los decomisos han disminuido en los últimos dos años. A pesar de los esfuerzos por reducir el área cultivada de amapola y coca, la reducción no ha sido significativa. La política de sometimiento a la justicia-arma principal de la administración Gaviria Dara combatir el tráfico de droras -fué diseñada para acabar con una guerra y no con el negocio, no porque nadie quisiera que el negocio sobreviviera, sino porque para Colombia terminar con el derramamiento de sangre era absolutamente prioritario frente a cualquier otra consideración. En este sentido, la política de sometimiento ala justicia fué un éxito. Los principales cabecillas del cartel de Medellín están tras las rejas y su jefe muerto, pero el flujo de cocaína hacia Estados Unidos sigue intacto, gracias al desplazamiento del negocio de un cartel a otro, y al surgimiento de múltiples organizaciones.
Si bien los anteriores son hechos incuestionables, han ido acompañados de malentendidos. El principal de estos radica en creer que el gobierno colombiano ha sido cómplice o complaciente con esta evolución. En realidad, el aumento del tráfico de droga no tiene su origen en un ablandamiento del ejecutivo,sino en el final de la guerrra. El cartel de Cali estaba enfrentado a muerte con el de Medellín y el gobierno, con diferentes grados de intensidad, los combatía a ambos. Todo esto no generaba las condiciones óptimas para el florecimiento del negocio, pues lo que estaba de por medio era la supervivencia de todos los protagonistas.
En tiempos de paz, el negocio ha prosperado, pero no porque la fuerza pública hubiera bajado la guardia, sino porque la demanda en Estados Unidos ha aumentado en forma descomunal y porque en Colombia es difícil combatirla en forma efectiva por la expansión y atomización a que ha llegado el tráfico de cocaína.
Los estadounidenses consideran que es necesario revisar la política de sometimiento a la justicia, y cambiarla por la represión. Los colombianos, por su parte, sienten que acaban de salir de una guerra y que la represión podría ser el inicio de otra etapa de violencia, por cuenta de un problema que no podrá ser solucionado mientras no se controle la demanda.

LA MANZANA DE LA DISCORDIA
El fiscal Gustavo de Greiff se convirtió en el símbolo de todos estos conflictos. Acusado de blando por los estadounidenses y por el propio gobierno colombiano, siempre ha tenido a su favor el hecho de que estos dos reconocen que puede ser el colombiano menos contaminado por el narcotráfico y que actúa solamente por razones de principios. Y sus principios son sencillos: 1. mientras no haya legalización, el negocio siempre sobrevivirá. 9 Mientras esté vidente la política de sometimiento a la justicia, esta debe ser ejecutada de conformidad con lo que dice la ley.
La actitud del Fiscal es tal vez el origen del distanciamiento entre Estados Unidos y Colombia. Durante gran parte de su gestión, ha habido permanentes desacuerdos. Sin embargo, desacuerdos entre los dos gobiernos, siempre han existido. La novedad es que, por cuenta de los narcocasetes, fueron reemplazados por la desconfianza. La mayoría de las agencias estadounidenses tienen internamente una línea blanda y una dura, a tal Dunto que parecen prácticamente países diferentes. Esto sucede no sólo en la DEA, sino en el Departamento de Estado y en la propia Casa Blanca. En el Departamento de Estado, por ejemplo, mientras la Subsecretaría de Estado para Asuntos de Narcóticos cree que Ernesto Samper es un narcopresidente, la Secretaría de Estados para América Latina tiene una visión realista del nuevo presidente. Hasta los narcocasetes, la línea blanda generalmente se imponía sobre la dura. Después de la revelación de las grabaciones. ésta última se ha fortalecido.
Todas estas fricciones internas de la burocracia estadounidense se han traducido en un manejo errático. como el que se la dió a la visita del general Octavio Vargas Silva a Washington la semana pasada. La propia DEA le reiteró la invitación aún después de conocer el contenido del casete, el cual fué entregado a funcionarios de la agencia por el mismo. Dos días después, la misma DEA le canceló la agenda de visitas, con el argumento baladí de que la prensa colombiana había inflado las expectativas. Todas estas incongruencias han contribuido al mal ambiente reinante, pero no se han traducido aún en un cambio de la política oficial de Estados Unidos hacia Colombia. La propia votación en el Senado para suspender la ayuda a Colombia fué hecha con la oposición del Departamento de Estado, que consideraba esto una locura. Por tanto, es necesario tener en cuenta que las divisiones internas de la burocracia no han producido aún situaciones de no retorno.
Una cosa es segura: existen sectores que consideran que el gobierno de Colombia se entregó a los narcos. Existen otros que saben que esto no es así. Pero los dos están utilizando el episodio de los narcocasetes para apretar tuercas y radicalizar al gobierno colombiano en su postura hacia el tema del narcotráfico. Lo injusto de esto es que esta posición ha sido siempre digna y valerosa y que Ernesto Samper no tenía ninguna intención de cambiarla. Paradójicamente, en donde sí no hay ninguna claridad sobre la política sobre las drogas es en Estados Unidos. Al igual que lo que le sucede con Cuba, Clinton quisiere disonar una nueva, pero no quiere incurrir en el costo de hacerlo. Por tanto, al no haber política, lo que hay son bandazos como los que se han visto en los últimos tiempos.
Ernesto Samper tenía desde antes del escándalo una política sana y realista. Era en cierta forma la tercera etapa en un proceso de 10 años. A Virgilio Barco le correspondió la guerra. A César Gaviria le correspondió el sometimiento a la justicia. Y a Ernesto Samper le iba a corresponder hacerle ajustes sustanciales a esta política con base en el fin del narcoterrorismo y en las experiencias vividas.
Los puntos claves de su política antinarcóticos son el aumento de penas, la limitación a la acumulación de procesos para que ello no desemboque en una excesiva rebaja de penas, convertió en delito el lavado de dinero, apoyar el referendo propuesto por Gaviria para volver a penalizar el consumo de drogas y un aumento en la confiscación de los bienes de los narcotraficantes. Esta es una política respetable y corresponde a realidades nacionales.
Sería más conveniente estudiar la posibilidad de implantar esta política. que intensificar la escalada diplomática que se está viviendo. De lado y lado ha habido errores de manejo. Estados Unidos cometió un error serio al tratar en forma desobligante al presidente Samper durante su visita a Nueva York. No sólo le mandó una delegación de segundo rango, sino que lo trató como un dirigente colonial que tenía que rendirle cuentas a la metrópoli. Registró su complacencia por el hecho de que los cinco primeros ministros nombrados no tuvieran vínculos con el narcotráfico. Le manifestó que estaban satisfechos con el 70 por ciento de sus explicaciones y terminaron la reunión afirmando que estaban dispuestos a olvidar el pasado para trabajar conjuntamente en el futuro. Ante este tratamiento irrespetuoso, el presidente electo respondió con dignidad, señalando que no aceptaba el concepto de perdón al pasado. pues ni él ni Colombia tenían nada que hacerse perdonar de Estados Unidos.
Pero así como Estados Unidos ha manejado mal la situación a nivel de gobierno, en Colombia la opinión pública se está radicalizando en forma preocupante. Se está estimulando un sentimiento antiyanqui más apropiado para la época de la guerra fría que para el mundo contemporáneo. En este momento, es conveniente que todas las partes conserven la cabeza fría. y no prosigan en la escalada que se comenzo a volver preocupante la semana pasada. Sobre todo si este distanciamiento está originado en una premisa falsa: la de que el nuevo gobierno de Colombia tiene algo que ver con el narcotráfico.

HASTA DONDE PODRIA LLEGAR LA CRISIS
EN EL marco de la aprobación de la Ley de Ayuda Externa de Estados Unidos, el viernes de la semana pasada el senador por Carolina del Norte. Jesse Helmes, propuso ante el Congreso de Estados Unidos congelar la ayuda económica que presta cada año ese país a Colombia en el marco de la lucha antinarcóticos. Y aunque la votación fué unánime y llenó de indignación a la opinión pública colombiana, lo cierto es que aún nada ha sucedido. La propuesta del senador debe aún ser estudiada en comisión antes de ser ratificada por las dos cámaras del Congreso estadounidense, y consiste en condicionar la ayuda antinarcóticos -que asciende anualmente a unos 30 millones de dólares- a una cortificación que expida el gobierno del presidente Clinton, la cual dé fe del buen desarrollo de la política antinarcóticos del gobierno colombiano.
En todo caso, y aunque el valor de la ayuda estadounidense en ese aspecto es más simbólica que real -pues con pequeños ajustes al presupuesto nacional el gobierno colombiano puede prescindir de esa colaboración-, lo cierto es que la votación del Congreso estadounidensc es un síntoma claro del deterioro de las relaciones entre ambos paises, deterioro que sí podría llegar a tener consecuencias graves para Colombia si el distanciamiento se llegara a trasladar a la relación comercial. En este aspecto el país goza por la lucha que libra contra el tráfico de estupefacientes, de un tratamiento comercial especial contemplado en los acuerdos ATPA, (las preferencias comerciales otorgadas a los países andinos que luchan contra el narcotráfico) y que tienen una vigencia de 10 años. En virtud del ATPA, la gran mayoría de productos colombianos están exentos de impuestos al ingresar al mercado estadounidense, y cualquier alteración en esta política puede afectar gravemente las exportaciones hacia Estados Unidos y la economía en general.
Sin embargo, la consecuencia más grave deun enfriamiento de las relaciones comerciales con Estados Unidos podría ser, en última instancia, la exclusión del país del TLC o Nafta, el tratado de libre comercio que une a Estados Unidos, a Canadá y a México, y al cual Colombia podría ingresar en un par de años. despues de Chile. El TLC daría acceso a los productos colombianos a un enorme mercado en el cual las ventajas arancelarias son indiscutibles.
Aunque hasta el momento el tema comercial no ha sido mencionado y la postura oficial del gobierno estadounidense no ha variado -prueba de ello es la oposición que manifestó el Departamento de Estado hacia la votación en el Congreso-, lo sucedido la semana pasada fué una muestra más de las diferencias internas que dividen a los distintos estamentos de Estados Unidos y que, de seguir ahondándose, podrán repercutir gravemente para la economía colombiana. -

ITINERARIO DE LA CRISIS
1. LA FUGA
Julio de 1992
Pablo Escobar se fuga de La Catedral. La Casa Blanca manifiesta su preocupación y reafirma su compromiso de trabajar con Colombia contra el narcotráfico.

2. CUBA
Octubre de 1993
Después de 12 años, Colombia reanuda relaciones diplomáticas con Cuba. Estados Unidos no reacciona.

3. LEGALIZACION
Noviembre de 1993
El fiscal Gustavo de Greiff aboga públicamente por la legalización de la droga. Por eso y por sus declaraciones sobre el cartel de Cali la fiscal estadounidense Janet Reno lo califica de blando,

4. JUANCHACO
Diciembre de 1993
Tropos de Estados Unidos llegan a Juanchaco (Valle) para construir una escuela y un puesto de salud. El hecho es interpretados como una misión contra el cartel de Cali.

5. REUNION SECRETA
Febrero de 1994
Se conoce una reunión entre De Greiff y miembros del cartel de Cali. El Departamento de Justicia anuncia la suspensión del intercambio de pruebas, y critica una posible entrega negociada de aquello.s

6. INSOLITA CARTA
Marzo de 1994
El Fiscal provoca malestar en el Departamento de Justicia al informar al juez del caso de "La Quica", que en Colombia no hay pruebas de su participación en el atentado del avión de Avianca.

7. ACUSACIONES
Abril de 1994
El senador John Kerry critica en el Washington Post al Fiscal y califica a Colombia de narcodemocracia. El embajador Gabriel Silva rechaza enérgicamente las acusaciones contra Colombia.

8. DESPENALIZACION
Mayo de 1994
La Corte Constitucional despenaliza el uso de algunas sustancias narcóticas. El presidente Gaviria rechaza la decisión de la Corte y anuncia medidas para restringir el alcance del fallo.

9. RADARES
Mayo de 1994
Estados Unidos suspende suministro de inteligencia a Colombia. Bogotá pide reanudarlo o retirar los radares. Clinton propone cambiar la ley que prohibe dar información que pueda resultar en el derribo de aviones.

10. NARCOCASETES
Junio de 1994
Preocupación gringa al ser conocidas conversaciones de los jefes del cartel de Cali, que evidenciarían la presencia de dineros calientes en las campañas presidenciales.

11. SAMPER EN NUEVA YORK
Junio de 1994
Samper tiene una reunión poco grata en Nueva York con funcionarios del Departamento de Estado. Estos sugieren "no mirar hacia el pasado", lo cual indigna a Samper.

12. DESAIRE
Julio de 1994
La DEA cancela a última hora una reunión con el director de la Policía, Octavio Vargas Silva. La DEA justifica el impasse como una confusión.

13. NOTICIA BOMBA
Julio de 1994
La agencia UPI sostiene que Estados Unidos reconoce que Samper habría recibido tres millones de dólares del cartel de Cali. El gobierno estadounidense niega que esa sea su posición oficial.

14. CERO AYUDA
Julio de 1994
El Congreso de Estados Unidos vota por unanimidad el congelamiento de la ayuda antinarcóticos a Colombia y condiciona su continuidad. Colombia rechaza la injerencia en asuntos internos.

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