El Tío Sam vigila

Apartir del primero de enero del año entrante los colombianos que quieran entrar legalmente a Estados Unidos van a llevarse una sorpresa. En cualquier terminal de ingreso la hoja del pasaporte que contiene todos sus datos personales será escaneada por las autoridades del servicio de inmigración. La foto y la huella del índice derecho digitalizadas serán comparadas con la misma información que existe en una base de datos estadounidense para comprobar que, en efecto, quien se identifica como Pedro Pérez es Pedro Pérez.

¿Cómo puede tener acceso a estos datos de un colombiano el personal de una agencia federal estadounidense? En una forma muy simple. Basta con que ingrese a la base de datos de Choicepoint, la compañía que compró, según la denuncia que hizo el mes pasado la agencia Associated Press (AP), los archivos en los que aparecen el número de cédula de cada ciudadano colombiano y el de pasaporte para quien lo tiene (que desde hace un tiempo es el mismo), la fecha y el lugar de nacimiento, los nombres de los padres y su descripción física.

Choicepoint recogió información similar, en algunos casos sumada a datos empresariales o comerciales, en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Venezuela. Lo hizo desde el año 2001 por solicitud del Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos.

En México la investigación de la AP desató un escándalo monumental. Para la opinión pública de ese país era inconcebible que alguien hubiera vendido el padrón electoral de 1999 del Instituto Federal Electoral (IFE). La dignidad nacional estaba en juego. La semana pasada trascendió que la acción conjunta de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores consiguió que dos funcionarios de Choicepoint contaran en el consulado mexicano, en Atlanta, donde tiene su sede principal esta empresa, su versión sobre la forma como obtuvieron por 250.000 dólares el padrón y que lo devolvieran en 10 discos compactos.

En El Salvador y Nicaragua sus presidentes, Francisco Flores y Enrique Bolaños respectivamente, solicitaron investigaciones exhaustivas hasta dar con quienes estaban violando el derecho a la intimidad de sus nacionales. La principal afectada con esta cacería de brujas fue la compañía guatemalteca Infornet, a la que se sindicó de vender a Choicepoint información sobre 18 millones de centroamericanos. La Fiscalía nicaragüense le decomisó equipos y archivos pero, a la larga, parecía que el asunto no iba a tener mayor trascendencia pues el negocio siempre fue legal.

En Colombia la situación se ha manejado con un perfil más bajo y en un proceso más lento. La primera referencia que tuvo sobre el tema Almabeatriz Rengifo, registradora nacional, fue la llamada de una periodista de AP el mes pasado como parte de la gran investigación en la que revelaron los negocios de Choicepoint. En ese momento le preguntaron que si la entidad a su cargo había vendido alguna información. Ella dijo que no sabía nada al respecto.

Hace dos semanas, cuando El Tiempo publicó un informe de su corresponsal en Washington sobre el particular, la registradora se inquietó. "Empezamos a averiguar en las entidades privadas y estatales que consultan nuestra base de datos si había algún antecedente, alguna comunicación con esa firma. Realmente no existe nada. Nadie los conoce o sabe nada de ellos". La Registraduría está facultada para vender un disco compacto con dos datos básicos de algunos colombianos: el nombre y el número de cédula.

Esta información ha sido comprada desde 1997 por 29 entidades estatales o privadas como, por ejemplo, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Asobancaria, el Instituto de Seguro Social, la Central de Contrainteligencia Militar, la Fundación para la Identificación de los Colombianos, entre otros. Esta misma información puede ser consultada por medio de Internet por 14 instituciones como el Ministerio de Hacienda o la Fiscalía (ver recuadro). "Nosotros no podemos entregar otros datos a menos que haya un requerimiento judicial porque eso forma parte de la intimidad de la persona, que está protegida en la Constitución como un derecho fundamental", le dijo a SEMANA la registradora.

¿Cómo obtuvo entonces Choicepoint la información sobre Colombia? Los directivos de la compañía han dicho que no pueden revelar el nombre de su proveedor. En la Registraduría no se explican de dónde salieron esos datos. Por lo pronto la oficina de control interno disciplinario de dicha entidad inició una investigación preliminar para determinar si alguna de las personas que tuvo acceso a la base de datos pudo comercializarla en forma indebida. Al mismo tiempo la registradora Rengifo instauró el lunes de la semana pasada una denuncia ante la Fiscalía por "la presunta violación de los archivos de identificación nacional de los ciudadanos colombianos". La funcionaria quiere que el ente investigador averigüe si esos datos salieron de la Registraduría directamente o fueron vendidos por alguno de los usuarios que han tenido acceso a ellos.

Mientras las autoridades colombianas determinan qué pasó y quién tuvo la culpa una treintena de agencias federales estadounidenses pueden acceder a la base de datos de Choicepoint para confirmar que Pedro Pérez es Pedro Pérez. Parece una exageración pero sólo es una arista más de la política de seguridad que se desarrolló en Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre y que con tanta vehemencia expuso la semana pasada Asa Hutchinson. El subsecretario de seguridad interna para la zona fronteriza dijo en una rueda de prensa que "en el siglo XXI la seguridad fronteriza ya no se trata de sólo una costa o una línea trazada en la tierra entre dos países. Ahora es también una línea de información en una computadora que nos dice quién está en este país, durante cuánto tiempo y por qué razón". Como quien dice, el Tío Sam una vez más tiene la sartén por el mango.