El tremendo error del caso del Palacio de Justicia

Cuando Débora cumplía apenas dos años de edad el país se estremecía con la cruenta toma del Palacio de Justicia. Hoy tiene 29 años y desconoce dónde se encuentra el cadáver de su madre, Norma Constanza Esguerra, quien el 6 de noviembre de 1985 llegó a ese edificio atacado por el M-19, con un encargo de pasteles y empanadas.

Ese día, la presunta desaparecida del Palacio de Justicia estuvo acompañada por Amparo Peña, su hermana. “Norma parqueó el carro al frente de la catedral. Era un volkswagen verde. Yo vi todo, cuando ella entró por la puerta principal del Palacio y no salió… Cuando empezó la balacera (…) Fue tan terrible, parecía que fritaran maíz, pero eran balas, balas, balas”, recuerda.

El negocio de la mujer de 27 años era una pastelería casera. Llevaba sus productos al Senado, al Claustro de San Agustín, a la Casa de Márquez y al Banco Hipotecario; los lugares, junto a la Cancillería, a los que Norma hubiera querido llegar para trabajar en su carrera profesional: derecho internacional y diplomacia.

Hoy se desconoce si la mujer, amante de los perros y seguidora de Julio Iglesias, está entre los 11 desaparecidos del Palacio. Según investigaciones a las que tuvo acceso Semana.com, es altamente posible que el cuerpo de Norma Constanza Esguerra haya sido entregado a los familiares del magistrado Pedro Elías Serrano Abadía, como si fuera el cuerpo de este.

De acuerdo con los expedientes, la madrina del matrimonio del magistrado, identificada como Ciria Mercy Méndez de Trujillo, fue quien realizó el reconocimiento de prendas y manifestó que se trataba del “doctor Pedro”. Según los documentos, Ciria reclamó el cadáver con el supuesto respaldo de la entonces viceministra de Justicia, Nazly Lozano.

Lo absurdo del caso es que el protocolo de necropsia que corresponde al cuerpo que se le entregó a la familia del magistrado Serrano advierte que se trata de una mujer carbonizada. Allí, en ese viejo registro de Medicina Legal, quedó consignado: “útero no preñado carbonizado”. También se observan referencias como esta: “N. N. Femenino. Pedro Elías Serrano Abadía”.

En ese sentido, es muy posible que el cuerpo del magistrado no esté enterrado en Cali, como lo cree su familia, sino desaparecido o enterrado en otro lugar.

En una entrevista con el diario caleño El País, el coronel Luis Alfonso Plazas Vega, condenado a 30 años de prisión por la desaparición de 11 personas del Palacio, entre ellas, Norma Constanza, se defiende al aclarar que “no hay desaparecidos, lo que hay es no identificados”.

El oficial que hoy ruega para que la Corte Suprema no ratifique su condena, dice que “Norma fue enterrada en el sepulcro de Pedro Elías Serrano Abadía (…) Ya sabemos que en la morgue de Medicina Legal está el cadáver número 35, se lo digo con nombre exacto, es del magistrado Pedro Elías Serrano Abadía”.

Una exhumación que no llega

La primera solicitud de exhumación del cadáver, realizada con el fin de practicar las pruebas de ADN y aclarar si el Estado se equivocó, la hizo en marzo del 2002 Elvira Forero de Esguerra, la hoy fallecida madre de Norma.

Hasta hoy, esa petición no se ha hecho realidad. “La exhumación es un proceso dilatado”, así lo afirman a Semana.com los familiares de Norma. Amparo insiste en que “el proceso está dilatado porque al Estado no le conviene”.

Recuerda que se halló un cadáver “descuartizado”. “Esta parte no más”, dice al señalar las extremidades inferiores. Al parecer, al lado de ese cuerpo fueron encontradas algunas pertenencias de Norma. En su momento, sus padres reconocieron una pulsera y las perlas de un collar.

“Esta señora (la esposa del magistrado) había reclamado ese cadáver y el médico le había dicho que no, que era un cadáver de una mujer porque tenía un útero no preñado. Dijo que no le importaba, que ese era su esposo. A razón de qué, porque necesitaba que le dieran la indemnización. Eso no se hace, ahí nos perjudicó a nosotros”, dice Amparo.

La hermana de la presunta desaparecida asegura que hace varios años el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo pide la exhumación. “Tenemos derecho como familia a saber si era Norma”.

¿Habló la familia Esguerra con la familia de Serrano? La hermana de Norma asegura que no lo intentaron. “No se llegó al caso, eso se delega a los abogados. Creo que esa señora nunca quiso”.

Junto a Amparo está Debora, la hija de Norma. La joven asegura que los abogados le sugieren que “no es prudente hablar con la señora del magistrado”. “Soy una persona muy impulsiva y le reclamaría. Ahora no me gustaría hablar con ella, no hasta que se haga la exhumación”.

Al igual que Amparo, Débora confiesa que “siempre” ha esperado la exhumación. “No sé cuál será el proceso de dilatación por parte de la Fiscalía, que no ha querido exhumar el cadáver (…) En enero hablamos con el abogado sobre un nuevo recurso de apelación”.

A pesar del dolor que representa la ausencia de Norma, una posible coincidencia en las pruebas de ADN sería una buena noticia para la familia Esguerra.

“Se sabe que es el cuerpo de una mujer, sea mi mamá u otra. Guardaría la esperanza de que mi mamá haya muerto por las explosiones que el Ejército provocó, preferiría pensar que mi mamá murió en el fuego cruzado y que la parte de su cuerpo quedó desmembrada y ella es la que está enterrada en Cali. Me gustaría pensar que mi mamá no fue torturada como las otras diez personas”, relata.

 Amparo y Débora reclaman al Estado despejar las dudas sobre dónde está el cadáver de su familiar.

La demanda que cargaría el Gobierno

La posibilidad de un error histórico en la entrega del cadáver trasnocha a este hogar. “Sigo dolida e indignada con el gobierno. Ellos sabían perfectamente que la esposa de este magistrado se llevaba este cuerpo para que su esposo no fuera desaparecido y poder así cobrar la pensión vitalicia, la que me imagino que tendrá y gozará en estos momentos (…) Si llega a ser mi mamá, el mismo gobierno permitió que otra persona gozara de beneficios por medio de algo injusto y corrupto”, afirma Débora.

El final de este gran interrogante no terminará cuando el Estado colombiano decida cumplir con la exhumación. Débora tiene nacionalidad estadounidense y asegura que pedirá que se practiquen las mismas pruebas en su país de origen.

En caso de que sí resulte ser el cuerpo de Norma, su hija señala que interpondrá una demanda en contra del Gobierno. “Por culpa de ellos (gobierno) hemos vivido todo el infierno que ha sido mi vida y la vida de mi familia. Demandaríamos porque el Gobierno nos mantuvo en la incertidumbre por culpa de su negligencia”.

Este resultado, además, le daría fuerza y credibilidad al histórico reclamo de Plazas Vega en el sentido de que no hubo desaparecidos.

El refugio de los familiares

Frente al posible error persiste otra hipótesis, la misma en la que durante 28 años se han refugiado los familiares de los desaparecidos. Esta versión señala al Ejército como responsable.

“Hay muchos testimonios de que ellos salieron vivos, y el Ejército los desapareció. Al tercer día, un soldado le dijo a mi mamá que sí había gente viva del Palacio en el Cantón Norte”, relata Amparo, quien recuerda que tras el hecho se halló la cartera de su hermana, pero ésta no tenía la cédula.

“Otros familiares y amigos fueron al reconocimiento de los cuerpos y entre las víctimas no estaba Norma. Mi mamá estuvo en los hospitales de reposo y en los manicomios, en todo lado”, precisa.

Esta familia pide justicia. “No se ha logrado saber qué pasó con mi mamá o dónde está su cadáver”, agrega Débora, quien luego se pregunta por qué “el Ejército se extralimitó al investigar quién se había tomado el Palacio (…) Dieron indicios de que la persona venía de los cargos más bajos: la gente de la cafetería, los celadores, la vigilancia, los servicios de aseo”.

Una lucha por la verdad

Débora deja a un lado su rabia y se refiere a su papel como madre de una niña de seis años. “Desde que nació mi hija pude entender la angustia que pudo haber sentido mi mamá, estando en un lugar donde no la dejaban salir, por una guerra que no tenía que ver con ella. No sé qué sintió ella pensando en mí, que tenía dos años (…) Mi mamá era una mujer cristiana, entregada a su familia y a su negocio”.

Desconsolada, así se muestra esta joven ante los periodistas de Semana.com. “Me veo fuerte pero no lo estoy, nunca lo he estado. Toda mi vida crecí viendo como mi abuela lloraba todas las noches”.

El Estado reconoció como víctimas a la madre de Norma, Elvira Forero de Esguerra, y a su hija Débora, a quienes entregó indemnizaciones de 10 y 30 millones de pesos de pesos, respectivamente, por daños sicológicos y materiales, según cuenta Amparo.

¿Por qué después de 28 años ninguna autoridad judicial ha atendido la petición de la familia Esguerra? Mientras se define qué pasará con la que sería una irresponsable confusión, sigue vivo el proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estudia si Colombia debe ser sancionada por este hecho. “Más que reparación integral, el gobierno tiene que encontrarlos vivos o muertos a once ciudadanos colombianos que no aparecen”, concluye Débora.

Semana.com intentó comunicarse con Ciria Mercy Méndez de Trujillo y con la entonces viceministra de Justicia Nazly Lozano, quien autorizó la presunta entrega equivocada del cadáver de Norma, pero no fue posible.

Vea aquí las fotos sobre Norma Constanza y su familia.