20 julio 2013

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El turno de los mineros

POLÍTICAA las protestas en el Catatumbo se sumó el paro de los mineros. El giro del gobierno para enfrentarlos es evidente: más fuerza pública y señalamientos a la oposición.

El turno de los mineros . La nuez del conflicto está en la distinción entre la minería informal y la  vinculada con grupos armados al margen de la ley.

La nuez del conflicto está en la distinción entre la minería informal y la vinculada con grupos armados al margen de la ley.

Foto: Diario El País Cali

La tercera fue la vencida. En julio de 2011 y en noviembre del año pasado, los más de 200.000 pequeños y medianos mineros estuvieron a punto de irse a paro pero el gobierno logró evitar la movilización. 

Molestos por los incumplimientos del gobierno a esos acuerdos an
teriores, la Confederación Nacional de Mineros (Conalminercol) convocó para el pasado miércoles 17 de julio una protesta que afecta a varios departamentos del país y que, al cierre de esta edición, continuaba. “El gobierno nos ha demostrado, con su negligencia, que el único lenguaje que parece entender es el de la protesta”, dijo Federico Taborda, de la Federación Minera del Chocó (Fedemichocó).

En las primeras horas después de decretado el paro minero, comenzaron los bloqueos a varias carreteras neurálgicas para la vida económica del país: la vía entre Cali y Buenaventura –por la que pasa el 50 por ciento de las exportaciones colombianas– y las vías Medellín-Caucasia en Tarazá; Medellín-Manizales, entre otras. 

Al mismo tiempo se presentaron manifestaciones pacíficas en Quibdó, la capital chocoana, y fuertes disturbios en Buriticá( Antioquia), Quinchía (Risaralda) y Marmato(Caldas). Las imágenes de tractomulas incendiadas, choques con la Policía y reportes de amenazas a los vehículos, incluidos los de la prensa, han marcado las tres primeras jornadas de protesta. 

La distribución geográfica del malestar se superpone a las regiones del territorio nacional donde converge la minería artesanal e informal y las extracciones mineras ilícitas. Como lo informó un reporte especial de SEMANA en marzo pasado: “La bonanza minera manipulada por el crimen y sin reglas claras para los auténticos mineros ha traído consecuencias devastadoras. Además de la carestía y la descomposición social clásica de cualquier zona minera, la puja por el control de las rentas ha producido muerte y temor”. Por ejemplo, los altos precios del oro han atraído a los grupos criminales como abejas a la miel. 

En esa falta de distinción entre quienes explotan las minas sin títulos o licencias radica la nuez de este conflicto social que hoy salta a las primeras planas. El primero de los 15 puntos del pliego de peticiones de los manifestantes es precisamente una “norma que diferencie entre la minería informal y la minería ilegal”. 

También piden un camino para legalizar su actividad, asistencia técnica, salud, la reforma al Código Minero y la revocatoria de los contratos a multinacionales sobre territorios étnicos. El florero de Llorente está en el decreto 2235 del 30 de octubre de 2012, expedido por el Ministerio de Defensa, que le permite a la fuerza pública destruir dragas y maquinarias involucradas en la explotación minera ilegal. Mientras los mineros quieren que se revoque, el ministro de Minas, Federico Renjifo, insiste en su vigencia. “No vamos a derogar el decreto. No hay reversa”, afirmó el funcionario el pasado viernes. 

No todos los mineros sin licencia son pequeños explotadores artesanales. Este hecho, reconocido por la dirigencia de Conalminercol, motiva el polémico decreto: las maquinarias destruidas serían de grandes mineros ilegales y asociados a la criminalidad. Para el gobierno nacional, al protestar por esta norma, los informales estarían entorpeciendo la lucha contra las explotaciones mineras de los grupos armados al margen de la ley. 

Si bien la minería artesanal es una realidad de siglos en muchas de estas regiones, la administración de Juan Manuel Santos ha desplegado una ‘guerra’ contra la minería ilegal. En septiembre de 2010 en Ayapel (Córdoba) el primer mandatario anunció esa cruzada mientras afirmó: “Existe un número importante de mineros informales. A ellos les decimos: no se preocupen, vamos a formalizarlos. 

Vamos a proveer los instrumentos y los mecanismos para que ellos se formalicen y puedan explotar los minerales en forma correcta”. El gobierno se ponía así a la tarea de diseñar un mecanismo para separar los mineros artesanales de las explotaciones manejadas por la guerrilla y las bandas criminales y buscar medidas de mitigación de los daños al medio ambiente. Pero esto es más fácil decirlo que hacerlo. 

Las medidas policivas del gobierno, como destruir las dragas, se aplican a una mayor velocidad que las medidas sociales de formalización y asistencia. Las zonas de explotación que van desde el Chocó hasta Guainía cuentan con fuerte presencia de grupos criminales que impiden el control de las entidades del Estado así como las investigaciones judiciales sobre los delitos ambientales. 

Así, miles de mineros informales y pequeños se encuentran, como en otras regiones conflictivas del país, en un sándwich entre la violencia de las organizaciones armadas y los requisitos legales del Estado.

Este es el trasfondo de un paro minero que se desarrolla bajo la sombra de una movilización anterior y aún activa: la de los campesinos del Catatumbo. 

Varios paralelos pueden hacerse entre ambas protestas: tradicional abandono estatal, incumplimiento de acuerdos previos con el gobierno. Criminalización de la protesta y presencia de grupos armados ilegales. Y en el centro del pulso actividades de subsistencia donde el límite entre lo legal y lo ilícito está borrado. No obstante, tras más de 35 días de manifestaciones en Tibú sin perspectivas de acuerdo, la Casa de Nariño optó por un tratamiento más duro en el caso de los mineros.

En vez de la seguidilla de altos funcionarios enviados desde Bogotá al Catatumbo, que incluyeron al vicepresidente de la República Angelino Garzón, el presidente Santos le advirtió a Conalminercol: “Si quieren hacer el paro este gobierno respeta la protesta social, pero no voy a permitir que ninguno de estos paros me bloquee una sola vía”. Entre el miércoles y el viernes pasado, la fuerza pública despejó varios taponamientos en las carreteras que unen a Medellín y Manizales y Cali y Buenaventura. El comité del paro, por su parte, rechazó las acusaciones de vandalismo y culpó a las autoridades de los disturbios y actos de violencia. El tono del primer mandatario no ha bajado de dureza. 

El viernes pasado, señaló a un congresista de estar detrás de los paros cafetero y minero. El ministro del Interior, Fernando Carrillo, confirmaría después que el dirigente del Movimiento de Dignidad Cafetera, Óscar Gutiérrez, habría incitado estas protestas violentas. Este líder cafetero es cercano al senador Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático. Estos señalamientos del alto gobierno llevan el debate sobre los paros a un nivel de pulso con uno de los líderes más representativos de la oposición. 

Detrás de este evidente giro en la actitud del gobierno están las consecuencias de no haber logrado desmontar la crisis del Catatumbo. El fracaso de las sucesivas delegaciones de alto nivel de la Casa de Nariño a Tibú empezó a enviar el mensaje a otros sectores sociales de que era el momento de expresar sus respectivos descontentos. 

Además, en la opinión pública surgieron críticas al gobierno por la falta de estrategia política para mitigar y resolver estos malestares. En cuestión de días, mineros, cafeteros, sectores agrarios, empleados del sector de la salud y trabajadores de la compañía Drummond anunciaron sus llamados a la huelga. La perspectiva de que el tercer aniversario de Santos en el poder se celebrara en medio de múltiples protestas por todo el territorio nacional comenzó a tomar cuerpo.

De ahí nace la orden del primer mandatario a la fuerza pública para impedir cualquier bloqueo de vías y frenar la negociación hasta que los líderes de la marcha no despejaran las obstrucciones. A diferencia del Catatumbo, donde los delegados negociaron en medio de protestas, esta vez el gobierno quiere primero retomar el control del orden público antes de sentarse con los líderes mineros. Aún es temprano para evaluar si esta estrategia evitará que se repita lo del Catatumbo en el Bajo Cauca antioqueño, Chocó o Buenaventura. Lo cierto es que ambos paros siguen activos. 
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El senador Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático fue señalado por el presidente Santos de estar detrás de los paros. Es la primera vez que el gobierno conecta las protestas sociales con los líderes de la oposición.

La geografía de las protestas. Bloqueos, manifestaciones y obstrucciones viales se presentaron en las regiones mineras más representativas.

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