El turno para Rodríguez, el ‘amo y señor’ del IDU

En las últimas semanas el tema del ‘carrusel de la contratación’ ha estado muy activo. Primero por la aparición de la contabilidad del controvertido empresario Emilio Tapia que detalla los giros millonarios a decenas de personas sospechosas de participar de manera irregular en la contratación en Bogotá. También por las revelaciones de Semana.com luego de que la Fiscalía abrió investigación preliminar al exsecretario general de la Alcaldía Yuri Chillán, quien habría terminado involucrado en las presuntas irregularidades. Por eso lo llamará en los próximos días a imputación de cargos.

Ahora el turno es para el concejal José Juan Rodríguez, señalado por contratistas y exfuncionarios del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), quienes han dicho que él era una especie de ‘amo y señor’ de la entidad y que por sus manos pasó buena parte de los millonarios contratos que allí se entregaron para aceitar a políticos y contratistas en el 2008 y el 2009.

Si no ocurre algo extraordinario este miércoles, Rodríguez irá ante un juez, mientras la Fiscalía lo señalará de haber cometido el presunto delito de interés indebido en celebración de contratos por haber influido en la entrega de algunos de ellos.

La Fiscalía cuenta con gran cantidad de material probatorio para demostrar que Rodríguez era una especie de ‘brazo político’ de los contratistas relacionados con el descalabro de las finanzas en Bogotá.

La investigación en su contra arrancó por una solicitud del jefe del Partido Verde, Alfonso Prada, quien le pidió a la Fiscalía adelantar las pesquisas contra el concejal, para determinar su responsabilidad en los hechos mencionados por un sinnúmero de testigos del ‘carrusel’ de contratos.

Para los investigadores es claro que el concejal era asiduo visitante de la dirección del IDU, donde, presuntamente, orquestaba la entrega de contratos. La Fiscalía tiene en su poder el informe de Policía Judicial 001, en el que se encuentran los videos y las minutas de entrada del cabildante al IDU durante los años en que, según ellos, se hicieron maniobras irregulares. Dentro de los informes registra que en el 2008 el concejal Rodríguez fue 47 veces a la entidad en épocas de la administración de Liliana Pardo.

En el informe hay un elemento particular. El concejal pretendió no dejar huella de sus ingresos al IDU y lo hacía en motocicletas de alto cilindraje, una de sus pasiones, y no en el vehículo de dotación del Concejo. Un hecho que demostraría la influencia de Rodríguez en la entidad.

En ese mismo informe se precisa que para el año 2009, las visitas del concejal a la gerencia aumentaron significativamente, más de 60, empleando el mismo mecanismo de entrada.

Uno de los testigos contra Rodríguez es el exsubdirector jurídico del IDU Inocencio Meléndez, quien puso en conocimiento de las autoridades la influencia de Rodríguez en el Instituto. Ha dicho, entre muchas cosas, que los contratos 137, 071 y 072 de malla vial, los cuales fueron adjudicados a los Nule, fueron gestionados por Rodríguez.

Meléndez dijo en una declaración que el concejal entregó 500 millones de pesos al procurador distrital Hernán Briñez, con el fin de que avalara la adjudicación de las obras de la Fase III de Transmilenio. Rodríguez ha negado sistemáticamente esos hechos.

Dentro de las pruebas más contundentes que se serán reveladas en la audiencia de imputación de cargos resaltan dos declaraciones realizadas por el contratista Emilio Tapia, en las que señaló que Rodríguez y el contratista Julio Gómez no sólo fueron los ‘amos y señores’ del contratos de la Fase III de Transmilenio, sino que, en múltiples reuniones en el 2008, pactaron acuerdos para la adjudicación de seis contratos de malla vial.

El contratista Julio Gómez, quien por estos días se encuentra recluido en el búnker de la Fiscalía y ha encendido el ventilador contra contratistas, funcionarios y políticos, ha dicho en sus declaraciones que él llegó al IDU por cuenta de su relación con Rodríguez.

De esta manera, la Fiscalía cree tener en sus manos decenas de pruebas contra este personaje que, en años inmediatamente pasados, fue uno de los cabildantes que obtuvieron las peores calificaciones de desempeño. La Fiscalía tiene la palabra y será el juez quien determine su futuro judicial y político.