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| 12/3/2011 12:00:00 AM

El último gran contrato

La demora en la entrega de la licitación de la recolección de basuras por 2,5 billones de pesos tiene enfrentadas a la Alcaldía y la Corte Constitucional. Muchos creen que este puede ser el último coletazo del cartel de la contratación.

La alcaldesa de Bogotá, Clara López, amenazó con demandar a la Corte Constitucional si no falla pronto una tutela interpuesta por un grupo de recicladores de la ciudad que tiene suspendida la licitación de la recolección de basuras desde agosto. El presidente de la Corte, Juan Carlos Henao, dijo que se pronunciaría en los próximos días pero que los tiempos de la Corte no son los de la política y no van a dejarse presionar para resolver un proceso que tiene más de 4.000 folios.

El caso no es de poca monta. Está en juego una de las licitaciones más jugosas del país: se trata de 2,5 billones de pesos, que se repartirán por ocho años entre varios de los pesos pesados de la contratación. Y la llamada Uaesp (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos), la entidad del Distrito encargada de adjudicar el contrato y supervisar el manejo de basuras, ha advertido que si la Corte no define pronto, la ciudad podría incluso vivir una emergencia sanitaria.

El trámite no ha sido fácil. El contrato que había firmado la Uaesp en 2002 con las empresas recolectoras de basuras se venció en septiembre de 2010. En ese entonces, el Distrito no tenía lista la nueva licitación, y por eso prorrogó por un año más el contrato. Y hace cuatro meses, cuando ya estaba todo listo para la licitación definitiva, la Corte ordenó suspenderla un día antes de que se adjudicara. La Alcaldía entonces declaró urgencia manifiesta y como no podía hacer más prorrogas, firmó contratos adicionales por seis meses esperando que en este tiempo se resolviera la tutela. Pero los nuevos contratos cambiaron las reglas del juego. Si antes las operadoras tenían zonas asignadas para recoger la basura, ahora todas pueden competir en las que más desechos producen. Como estas abarcan los estratos 4,5 y 6, y los sectores industriales, se corre el riesgo de que no trabajen en las zonas más pobres.

“Si no adjudicamos la licitación, Bogotá podría verse invadida por las basuras”, advirtió Juan Carlos Junca, director de la Uaesp. ¿Es una advertencia o una presión a la Corte para que resuelva pronto?

Si bien en algunas zonas de la ciudad ya se ven basuras amontonadas, un empresario del sector le dijo a SEMANA que las empresas han continuado con sus rutas, porque ellos también están participando en la actual licitación y no van a “dar papaya” de dejar de prestar el servicio, aun en las zonas menos atractivas.

Los tire y afloje en esta licitación no son gratuitos. Sin duda es uno de los negocios más rentables del país y detrás de él están varios de los pesos pesados. Y ahora, además, hay varias firmas extranjeras que quieren también tener parte del ponqué. Por eso hay versiones sobre los intereses que se están moviendo detrás de la Alcaldía para que deje la licitación adjudicada y sobre la Corte para que retrase la decisión hasta el año entrante, cuando se posesione Gustavo Petro. Él ha dicho públicamente que lo mejor que puede pasar es que la licitación no se adjudique en la Alcaldía del Polo, famosa por los escándalos en la contratación bajo Samuel Moreno.

Incluso, en una conversación grabada entre el polémico contratista Alejandro Botero y el entonces fiscal del caso del carrusel, Germán Pabón, se le oye a este último decir que el proceso contra Samuel Moreno se estaría dilatando en la Fiscalía para no atravesarse en el proceso de licitación de las basuras.

La polémica alrededor de este contrato no es nueva. Todo comenzó en 2009, cuando la directora de la entidad, Victoria Eugenia Virviescas, terminó un contrato con una firma de abogados que venía estructurando las licitaciones y contrató al bufete de Álvaro Dávila –uno de los principales protagonistas del carrusel de la contratación– para asesorar el proceso. A los pocos meses, Virviescas y una de sus funcionarias terminaron saliendo de la entidad luego de que el diario El Espectador reveló que esa funcionaria dejó escrita sobre el mantel de un restaurante la estrategia para sacar de la licitación del relleno sanitario Doña Juana a una empresa. En el mantel aparecían las iniciales de A.D. y junto a ellas el signo $.

Virviescas fue reemplazada por Myriam Margoth Martínez, quien no corrió con mejor suerte. Martínez fue destituida hace tres meses por la Procuraduría por presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación del contrato para operar el relleno sanitario Doña Juana. Su gestión también está en entredicho porque aumentó la nómina de la Uaesp de 40 funcionarios a casi 400. Además, distintos sectores le critican el esquema de trabajo de la nueva licitación que ideó, que terminó demandado ante la Corte por los recicladores.

Y es ahí donde está el problema hoy de la licitación. En el esquema la Uaesp obligó a cada empresa a aliarse con asociaciones representativas de recicladores, pero no para que estos hagan su labor tradicional de recoger los residuos reciclables en determinada zona, sino para que las empresas los hagan socios vía acciones. A los recicladores no les suena esta fórmula pues lo que ellos quieren es formalizar su trabajo y que les paguen por ello, pero no con acciones, que en el papel suenan bien, pero en cualquier jugada contable pueden perder todo su valor.

Incluso, uno de los consorcios, integrado por la firma Aseo Capital –fundada por el contratista Alberto Ríos, pero de la cual se retiró el año pasado–, iba a darles a los recicladores en acciones hasta el 70 por ciento de ganancias sobre las utilidades. Al fin y al cabo, el que consienta más a los recicladores gana más puntos en la licitación.

Según Junca, el esquema se diseñó así precisamente para cumplir con la sentencia de la Corte, que ordena incluir a través de acciones afirmativas a los recicladores. El proceso, sin embargo, también levantó sospechas porque cuatro organizaciones de recicladores, constituidas días después de iniciarse la licitación, se presentaron y fueron validadas por la Uaesp.

Según Adriana Ruiz, abogada que representa a algunas organizaciones de recicladores tradicionales en la tutela ante la Corte, tanto empresarios como recicladores protestaron por el diseño. Según la Uaesp, de las 8.000 consultas que recibieron, la mayoría fueron de las empresas operadoras actuales, Atesa, Ciudad Limpia Bogotá, Lime S.A. y Aseo Capital, las únicas que han terminado ganando con el retraso de todo el proceso. Estas empresas se han convertido en las patronas del negocio de las basuras en el país, pero en esta licitación aparecieron varias firmas extranjeras que quieren entrar a competir duro en el mercado colombiano. Entre los nuevos aspirantes están una gigante firma coreana, que también amenazó con demandar a la Corte por las demoras en el fallo, un consorcio mexicano, varias argentinas y dos empresas brasileñas, que no solo comparten joint ventures en su país, sino que representan a los dos grupos dominantes del mercado brasileño de recolección de residuos y rellenos sanitarios.

En el caso de los brasileños llama la atención que Estre Ambiental, la empresa más grande de basuras de ese país, que se ganó la controvertida adjudicación del relleno de Doña Juana, también decidió meterse a su manera en la licitación para recoger las basuras. Justo antes de que la Uaesp la abriera, Estre compró la empresa Cavo Serviços de Saneamento, que, curiosamente, está participando en esta licitación en asocio con Transportes Vigía, de la familia del actual ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry. Recientemente, El Espectador publicó que para la licitación del relleno de Doña Juana, Estre había presentado informes financieros distintos a los que reporta en Brasil. Voceros de la compañía explicaron que las diferencias se debían a que no alcanzaron a hacer ajustes finales a los balances que mostraron para la licitación.

Lo único claro en esta complicada historia es que detrás del negocio de la basura de Bogotá hay demasiados intereses en juego, tanto económicos como políticos. Este contrato, con todo y lo cuestionado que ha sido su proceso, es el último punto de honor para la administración saliente del Polo. Si la Corte Constitucional lo tumba en los próximos días o si dilata la decisión hasta el año entrante, quedará en manos del alcalde electo, quien desde su campaña ha prometido luchar contra las mafias que se tomaron a Bogotá a través de la contratación.
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