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| 2/16/2015 10:53:00 AM

El uribismo no descarta la fórmula de Gaviria

Crece el respaldo a la idea de que la justicia transicional se aplique a todos los sectores de la sociedad y no sólo a los combatientes.

La justicia transicional, el mecanismo que el gobierno colombiano les ofrece a las FARC para que se reincorporen a la vida civil y con ello puedan hacer política sin armas, no se debería reducir exclusivamente a los combatientes, políticos, empresarios, jueces, en fin, otras ‘ramas’ de la sociedad que también fueron protagonistas del conflicto y aún tienen “deudas pendientes” con la justicia puedan beneficiarse de esta.

La propuesta es de César Gaviria. El expresidente la califica sencillamente como una opinión personal que no compromete ni al gobierno del presidente Juan Manuel Santos ni a los negociadores en La Habana.

Gaviria considera que la justicia transicional no debe ser exclusiva para los combatientes. Durante más de cinco décadas de conflicto, miembros de la sociedad civil de alguna manera fueron financiadores, auxiliadores o pactaron compromisos con grupos paramilitares o guerrilleros por beneficios electorales o por simple intimidación con el fin de adelantar su tarea proselitista.     

Propuesta o simple opinión, la idea del exmandatario se podría convertir en un punto de consenso en un país cada vez más polarizado respecto al proceso de paz con la guerrilla.

De hecho, tan solo 24 horas después de que Gaviria hizo pública esta reflexión, son más los sectores y dirigentes políticos que están a favor de esta tesis que los que están en contra.

Lo que pretende el exmandatario es que para poder poner punto final al conflicto armado interno, el marco para la paz que elevó a rango constitucional la justicia transicional para acabar con la guerra, vaya más allá de la órbita exclusiva de quienes se alzaron en armas o quienes los enfrentaron, como los miembros de la fuerza pública.

Uno de los primeros en pronunciarse al respecto fue el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. Este funcionario, que durante el proceso de paz se ha mostrado riguroso frente a las FARC y cuyo lenguaje ha sido criticado por los sectores más proclives a la paz, la recibió con beneplácito. Las Fuerzas Armadas están en el centro de esta discusión, pues aunque algunos crean que ofrecer justicia transicional a los militares sea igualarlos con el terrorismo, ya hay una corriente al interior de las fuerzas dispuestas a aceptarlo.    

“El país debe reflexionar sobre lo que el expresidente Gaviria ha planteado, me parece muy razonable, de la mayor importancia, que para avanzar en estos temas que refieren a aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que pudieron tener algún problema en el marco del conflicto y así tener soluciones definitivas", dijo Pinzón desde Chile.

Era lógico que el fiscal general Eduardo Montealegre, quien desde hace dos años se ha manifestado partidario de esta tesis, acogiera la propuesta de Gaviria.

“Es importante que entren en este modelo de justicia transicional empresarios que en el pasado estuvieron comprometidos con el financiamiento del paramilitarismo, lo mismo que ganaderos, terratenientes, que de alguna forma favorecieron grupos al margen de la ley, que cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Debe ser una justicia transicional que abarque todos los sectores del conflicto, no sólo guerrilla, fuerza pública, sino todo el entorno económico y político que colaboró para la conformación de grupos paramilitares”.

Los partidos políticos, en su mayoría, respaldan la propuesta. Horacio Serpa, como jefe del Partido Liberal y copartidario de Gaviria, le dijo a Semana.com que la propuesta es “seria y realista”, y presentada en el momento oportuno. Para él, hay que respaldarla. En el partido de gobierno, La U, la idea también es acogida. Uno de sus directivos, el senador José David Name, la calificó de positiva e indicó que es un punto de partida para un debate que se hace necesario.     

David Barguil, presidente del Partido Conservador, en principio califica la idea como “importante” para abrir la discusión. Pero, en diálogo con Semana.com, aclara que cualquier idea de justicia transicional debe estar sujeta a las normas internacionales, como el Estatuto de Roma, a las cuales está suscrito Colombia.  “Cualquier escenario tendrá que  respetar  el marco legal internacional. Eso no es menor y los compromisos internacionales de Colombia tienen que estar sobre la mesa. Acá no podemos decretar un punto final y mirar adelante, hay normas internacionales a las que estamos sujetos”.

Barguil anticipó que la propuesta de Gaviria será ampliamente discutida en el Directorio Nacional Conservador para definir una posición institucional.

En la izquierda también acogieron la iniciativa de Gaviria. El senador Iván Cepeda, aunque ha sido muy crítico con sectores que financiaron grupos ilegales, especialmente el paramilitarismo, considera que es saludable para la paz que se amplíen las responsabilidades más allá de los combatientes. También porque no se les considere como futuros beneficiarios de un mecanismo de justicia transicional.  

Pero en la derecha, representada en el uribismo, la corriente política que más ha cuestionado el actual proceso de paz, la idea no es descalificada del todo, sin embargo, algunas de los argumentos con los que Gaviria justificó su propuesta generan malestar.

Y es que el expresidente Gaviria, en el artículo que publicó el domingo en El Tiempo, dijo que en el pasado, refiriéndose al gobierno de Álvaro Uribe, se firmaron indultos a miembros de la guerrilla y el paramilitarismo que se desmovilizaron.

Tal afirmación generó el inmediato rechazo de Uribe, quien se encuentra en México. Por eso, en su twitter le aclaró a  Gaviria que la ley de Justicia y Paz redujo penas pero no ofreció impunidad ni elegibilidad para cabecillas, y que esta se aplicó a guerrillas y paramilitares.

Pero de fondo, el uribismo podría estar más cerca de la idea de Gaviria, o por lo menos abrirse a la sana discusión. El senador Alfredo Rangel, vocero del Centro Democrático en estos temas, consideró que la justicia transicional es un mecanismo en el que debería existir el mismo tratamiento de rebaja de penas que se les dio a los paramilitares a los empresarios y ganaderos que apoyaron su formación. Coincidió con Barguil en que cualquier discusión debe hacerse bajo la órbita de los compromisos internacionales de Colombia y en atención al Estatuto de Roma, que establece que hoy todos los delitos de lesa humanidad deben ser investigados y sancionados.

En consecuencia, la futura discusión podría generar el consenso que aún le hace falta a este proceso de paz. Y si la justicia internacional puede convertirse en un obstáculo añadido, César Gaviria se la juega en que nadie, ni la Corte Penal Internacional, será un obstáculo para que en Colombia se pueda firmar la paz.
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