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| 3/12/2016 12:00:00 AM

¿Se destraba la justicia?

Con los sorpresivos nombramientos de siete magistrados, la interinidad de la Corte Suprema y de la Fiscalía llega a su fin. Se espera que con la renovación queden atrás las acusaciones de politización.

Las noticias relacionadas con la Rama Judicial en los últimos tiempos habían sido invariablemente negativas. Por eso, sorprendió el jueves pasado cuando inesperadamente surgió una buena. Y no solo buena, muy buena. Cuando se daba por hecho que no habría quorum para elegir fiscal y que el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo quedaría encargado indefinidamente, la Corte Suprema reaccionó. Después de un año de múltiples conflictos internos que tenían bloqueado el proceso, este se destrabó en un abrir de ojos. Los siete magistrados que faltaban para ocupar las vacantes existentes fueron anunciados a la opinión pública al cierre de la semana. La noticia cayó bien y después de haber recibido agua sucia durante muchos meses hubo aplausos para ese organismo.

El aplauso fue generalizado pero no unánime. Como la llegada de Perdomo era considerada un hecho cumplido, ni este ni su jefe Eduardo Montealegre se sumaron al jolgorio. En los cargos importantes el que se va siempre prefiere que lo reemplace una persona de confianza que no solo mantenga la línea, sino que no le dé por aplicar el espejo retrovisor tan común en Colombia. Perdomo, al ser la mano derecha de Montealegre, le daba esa tranquilidad.

De la nueva corte todavía no se puede decir mucho, pues poco se sabe. Los nuevos integrantes son más jóvenes y relativamente desconocidos para la opinión pública. Desde el holocausto del Palacio de Justicia los integrantes de esa alta corporación han tenido un perfil más bajo que antes de esa tragedia. La nueva alineación se destaca por regional y no elitista. La mayoría de los nuevos jugadores no son cachacos de Los Andes, el Rosario o el Externado, sino profesionales hechos a pulso, casi todos en universidades no tradicionales. La corte buscó premiar la experiencia y, por eso, muchos de los nombrados vienen de largas carreras en la Justicia e incluso de la misma corporación.

Los siete nuevos abogados que integran esta alta corte son los siguientes. A la sala de casación civil llegan Luis Alonso Rico Puerta, egresado de la Universidad Autónoma Latinoamericana (Medellín) y Aroldo Quiroz, de la Santo Tomás y exprocurador delegado. A la sala laboral, Gerardo Botero Zuluaga, de la Universidad de Manizales, quien viene de una larga carrera en la rama; Fernando Castillo, de la Santo Tomás y experto en derecho económico; y Jorge Luis Quiroz, de la Universidad Católica y también funcionario judicial por años. A la sala penal, José Francisco Acuña Vizcaya, egresado y exdecano de la Universidad Nacional y Luis Antonio Hernández, de la Universidad Libre, y también de la rama.

Lograr destrabar esa elección no estaba en las cuentas de nadie. Era un secreto a voces que la Corte Suprema llevaba varios años enfrascada en una especie de guerra intestina. En los últimos años tres magistrados consideraron tan intolerable la situación que prefirieron irse: Arturo Solarte, María del Rosario González y Jesús Val de Rutten.

Durante varios meses, la corte estuvo dividida en dos bloques. Uno, que era liderado por su expresidente Leonidas Bustos y, el otro, compuesto por un grupo de magistrados que estaban en contra de él. Esa rivalidad se notaba en el día a día, pero también tuvo impacto en temas trascendentales como la reforma al equilibrio de poderes y el proceso de paz, en el que se hizo público que los magistrados no actuaban como un solo cuerpo. Como ambos grupos mutuamente se vetaban sus candidatos, durante más de un año y medio no hubo luz verde para llenar las nuevas vacantes. Era tan álgida esa confrontación que cuando Bustos dejó la presidencia hace unas semanas no se pusieron de acuerdo ni siquiera para nombrar su reemplazo. El vicepresidente, Fernando Giraldo, decidió renunciar al derecho que tenía de sucederlo para no ahondar la crisis.

Pero todo cambió en las últimas semanas. Ante el final del periodo de Montealegre y la amenaza de que la interinidad en la Fiscalía pudiera durar meses, comenzó un movimiento en la opinión pública para que la Corte Suprema supliera las vacantes que se necesitaban para elegir al nuevo fiscal. El organismo tiene 23 magistrados, pero siete de las sillas estaban vacantes. En esas circunstancias, los 16 votos requeridos para elegir el reemplazo de Montealegre eran casi imposibles de obtener en ese contexto de pugnacidad, porque requerían unanimidad total entre los presentes.

En las últimas semanas, muchas voces le exigían a la corte no dejar la Justicia al garete y arreglar esa situación. Varios editoriales, columnas de opinión y programas de radio se pronunciaron en ese sentido. Los magistrados, conscientes de la falta de legitimidad que podrían enfrentar de no destrabar ese nudo gordiano, se pellizcaron y solucionaron el problema. En un ambiente de cónclave hicieron acuerdos y lograron llenar las siete vacantes en una sola tarde. Se ha rumorado que detrás de este final feliz podría estar la mano del exsuperministro Néstor Humberto Martínez, pero este lo niega. 

En todo caso, el país recibió bien la renovación de la Corte Suprema de Justicia que para muchos era necesaria. Por su juventud los nuevos magistrados le dan a ese organismo un nuevo aire desprovisto de los prejuicios que flotaban en el ambiente. Aunque no se menciona en voz alta, hay un hecho trascendental en la llegada de ese nuevo equipo. La anterior corte había protagonizado un superchoque de trenes entre la Rama Judicial y el gobierno de Álvaro Uribe. Ese enfrentamiento dejó resentimientos y sesgos que han dado pie a acusaciones de politización de la Justicia. La llegada de una nueva generación que no vivió esos episodios ayuda a cerrar cicatrices y a superar esa etapa. Símbolo de este nuevo ambiente es que Leonidas Bustos, el presidente saliente, había sido víctima de las chuzadas del DAS del gobierno Uribe, y la nueva presidente, Margarita Cabello, fue ternada durante ese gobierno por el propio Uribe como una de sus candidatas para la Fiscalía.

La buena noticia es que haber destrabado la crisis de la corte es simplemente el primer paso de un revolcón importante que se avecina en la Rama Judicial en los próximos seis meses. Para comenzar, la semana pasada se levantó el paro que tenía cerrado los juzgados desde comienzo de año. En el frente de la Procuraduría también habrá cambios, pues a Alejandro Ordóñez se le acaba el periodo en enero. Por eso, aun si el Consejo de Estado no anula su reelección como se ha especulado, a finales de año ya habrá que elegir su reemplazo. Lo mismo sucede con el defensor del Pueblo, que termina su periodo en agosto.

Por otra parte, la reforma de equilibrio de poderes creó dos nuevos organismos: el Consejo de Gobierno Judicial y la Comisión de Aforados. El primero, que reemplaza el Consejo Superior de la Judicatura, tendrá la responsabilidad de administrar toda la Rama Judicial en Colombia. La segunda, que reemplazará a la controvertida Comisión de Acusaciones del Congreso, será una especie de supercorte que podrá juzgar a los magistrados y al fiscal.

Tal vez, más importante por la eventual firma de los acuerdos de La Habana será el nuevo Tribunal para la Jurisdicción Especial para la Paz. Este tendrá 20 magistrados nacionales y cuatro internacionales, y ejercerá sobre todo lo relacionado con el proceso de paz. Su poder es tan grande que ha sido objeto de una enorme controversia y la lupa del país estará encima no solo de su integración sino de todas sus actuaciones.

Mientras todos esos cambios se concretan a mediano plazo, uno quedará definido en las próximas semanas: la elección del nuevo fiscal. Se anticipa que en pocos días, después de que se posesionen los nuevos miembros, la Corte Suprema tendrá que tomar una decisión con base en la terna que mande el presidente. Los que más suenan hasta ahora son Néstor Humberto Martínez y el actual ministro de Justicia, Yesid Reyes. No se sabe cuál es el preferido del presidente, pero se especula que los dos no se montarían en el mismo bus. Ambos son pesos pesados que no estarían dispuestos a competir entre sí con el riesgo de una derrota. Se rumora que la mujer de la terna sería Mónica Cifuentes, directora jurídica del Alto Comisionado para la Paz y una curtida penalista.

Como en la gabinetología, todos los abanicos de posibles candidatos para la Fiscalía no son más que especulaciones. El arreglo de la corte es tan reciente que es posible que el propio presidente hasta ahora esté definiendo nombres. Pero es seguro que ese proceso de elección será uno de los hechos más trascendentales de la etapa final del gobierno Santos. No solo porque la credibilidad de la Justicia depende en gran parte de la Fiscalía, sino porque ante la inminente firma de un acuerdo de paz ese cargo será cada vez más relevante.

No solo la Corte Suprema de Justicia tendrá que tomar decisiones trascendentales en el futuro cercano. La Corte Constitucional tendrá la responsabilidad de lo que podría ser el fallo más polémico del año: el que apruebe o rechace el plebiscito de la paz. Con este sucede algo muy curioso. Aunque el fiscal, el contralor y el procurador quisieran que ese alto tribunal lo declare inexequible, el presidente considera que de no haber una refrendación popular él estaría incumpliendo la promesa que le hizo al país.

Como los conceptos del fiscal, el contralor y el procurador no son vinculantes, el asunto no estará definido hasta que se pronuncie la Corte Constitucional. Puesto que el proceso de paz no es muy popular actualmente, muchos consideran el rechazo al plebiscito como un mandado del presidente para saltarse ese mecanismo, que a primera vista se ve inconveniente. Según esta teoría, la posición oficial del gobierno de apoyar el mismo es solamente una fachada para dejar la impresión de que el presidente quiso pero no pudo. Eso, sin embargo, no es así. Santos es vanidoso y quiere dejarse contar. Con el umbral del 13 por ciento el riesgo de perder es muy remoto, a pesar del mal momento del gobierno. Por otro lado, confían en que cuando se firme la paz, la opinión pública cambiará y la votación pueda ser muy superior a lo que sería hoy.

Por lo anterior, en la Corte Constitucional tendrá lugar un enfrentamiento entre el lobby de esos tres funcionarios para tumbar el plebiscito y el del gobierno para mantenerlo. En este momento, las fuerzas en ese organismo están divididas sobre el tema, pero al igual que la opinión pública, la firma puede cambiar los votos. En todo caso, en temas tan importantes como este, las decisiones acaban teniendo siempre elementos tanto jurídicos como políticos. Eso en la práctica quiere decir que si la Corte Constitucional siente que para el presidente de la República la paz no es integral si no es refrendada en un plebiscito, despejará el camino para que este se realice.

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