Procuraduría: ¿Todos inhabilitados?

Los martes y miércoles, días en que hay plenaria en el Congreso de la República, se ha vuelto normal ver corriendo entre los parlamentarios a tres personajes que buscan su beneplácito: María Mercedes López, Fernando Carrillo y Jorge Perdomo. Uno de ellos será el próximo procurador general.

El presidente del Senado, el caldense Mauricio Lizcano, ha generado una gran controversia en los últimos días por querer ponerle fecha a la elección. En un principio en el liberalismo lo acusaron de querer prolongarla para beneficiar a María Mercedes López. Y ahora, aunque ya hay un cronograma, los ánimos parecen no bajar.

Con fechas, la carrera entró en su clímax mayor. El cronograma arranca con la publicación de las hojas de vida de los tres aspirantes y se oirán observaciones de ciudadanos hasta el viernes. Entre el 18 y el 24 de octubre se verificará que los candidatos cumplan los requisitos de ley y el 25 los tres harán su exposición ante el Senado. La elección definitiva será el primero de noviembre.

Mientras López, Carrillo y Perdomo intensifican sus campañas cada día también tratan de capotear señalamientos según los cuales cada uno, por distintas circunstancias, estaría incurso en inhabilidad para asumir el cargo de procurador. La alarma no es menor dado el recién episodio del exprocurador Alejandro Ordóñez, quien a poco menos de cinco meses de concluir su segundo período fue desbancado por una decisión del Consejo de Estado.

Semana.com indagó en qué está cada una de las campañas y qué alcance tienen las supuestas inhabilidades que le endilgan a cada candidato. 

La exmagistrada María Mercedes López

Contra la candidatura de la exmagistrada han surgido versiones de una posible inhabilidad porque aún no ha pasado un año de haber dejado su cargo en el Consejo Superior de la Judicatura. Es decir, estaría impedida por incurrir en la llamada ‘puerta giratoria’.

En su caso hay un debate de interpretación. La reforma al equilibrio de poderes señala que no podrán postularse a otros cargos los altos funcionarios de la rama judicial. El problema es que como en ese momento se había caído el Consejo Superior de la Judicatura, ese cargo no aparece en el listado de los que se enumeran como los impedidos para reelegirse o nominarse.

Hay una interpretación que la ayuda y otra que no. La primera es la de la secretaria de la Presidencia de la República le dio la bendición a Santos de ternarla. Allí argumentan que las inhabilidades son taxativas y que por eso, el hecho de que no esté enlistado su cargo la deja a ella con posibilidad de aspirar a la Procuraduría. “¿De verdad alguien cree que el presidente iba a ternar alguien con inhabilidad?”, se pregunta López.

Pero hay otro concepto que no la favorece y es que las tres altas cortes ya se pronunciaron en el sentido contrario. Cuando dos magistrados del mismo Consejo Superior de la Judicatura, Wilson Ruiz y Néstor Osuna, intentaron postularse a la Registraduría amparados en el mismo argumento, la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado aclararon en una carta que para ellos estos juristas sí estaban inhabilitados.

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La aspiración de López también ha tenido otro cuestionamiento: una demanda de hace más de 25 años, cuando ella fue gerente de la Terminal de Transporte de Medellín, en 1991. Una tesorera que fue removida por López demandó y el caso ahora está en el Consejo de Estado. López asegura es un tema muy sencillo, que se trataba de un cargo de confianza, es decir, de libre remoción, y que la decisión fue tomada por toda la junta del Terminal, encabezada por el alcalde de la época.

Aunque su candidatura esta vez fue la última en aparecer, desde cuando se anunció su nombre este ha ido ganando terreno. “Estoy lejos de pensar que a la candidata del premio Nobel la vayan a derrotar, eso ni siquiera se me ha pasado por la cabeza”, dice. Es la segunda vez que la exmagistrada López, quien fue presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, se presenta ante el Congreso como la carta de Santos. La primera fue en el 2012 cuando se enfrentó a Orlando Suárez Gallo y a Alejandro Ordóñez, pero declinó su aspiración poco antes de que la terna fuera sometida a votación. López argumentó que no había garantías porque el entonces procurador tenía todo amarrado para lograr la reelección.

 El exfiscal (e) Jorge Perdomo

La carta de la Corte Suprema de Justicia es tal vez el candidato al que más se ve en el Congreso. Dice que su campaña es  “abierta, austera y con argumentos. No tengo ningún ministro que esté apoyándome, ni ningún político detrás”. Jorge Perdomo asegura que “estoy abordando uno o a uno para presentarles mi propuesta y para aclararles las dudas que tengan”.

En el Congreso también le endilgan inhabilidades. Hay quienes afirman que no cumple el requisito de mínimo 15 años de experiencia profesional que pide la ley para ser procurador. “Me gradué el 19 de diciembre de 1997. La Constitución exige 15 años de experiencia profesional y yo llevo alrededor de 19 años como abogado, y en paralelo he ejercido como docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, ambas cosas están certificadas. Todo es un cuento trasnochado”.

Los críticos de Perdomo también sostienen que su postulación a la terna está viciada porque la impulsaron magistrados que tendrían familiares que fueron vinculados a la Fiscalía cuando este cumplía el encargo. En su defensa el candidato dice que esa situación se dio exclusivamente frente a dos magistrados, justamente los dos que “se declararon impedidos y se les aceptó el impedimento”, por lo que no votaron en el proceso de postulación de Perdomo como el candidato de la Corte Suprema para la Procuraduría.“No estoy ni en la misma, ni en ninguna situación parecida a la del exprocurador Ordóñez”, dice Perdomo.

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Otra inhabilidad que le achacan a Perdomo es la de que dejó la Fiscalía hace menos de un año y la ley exige que pase mínimo ese tiempo antes de poder optar a un alto cargo. Pero Perdomo dice que el planteamiento es absurdo porque la ley dice expresamente que esta aplica para quien haya sido fiscal general en propiedad y que él fue vicefiscal y luego fiscal encargado, y prestó el servicio frente al vacío que se produjo al término del período del fiscal Montealegre y la no designación del sucesor por la Corte Suprema de Justicia.

El exministro Fernando Carrillo  

El exministro comenzó su campaña el mismo 7 de septiembre, cuando fue ternado por el Consejo de Estado. “No hemos perdido ni un minuto”, dice. Por ahora, su campaña es la que tiene más fuerza en el Congreso. Carrillo tuvo en la votación interna del partido liberal 16 votos de senadores, de 17 posibles. La campaña trabaja intensamente con los otros partidos.

Aunque su caso es más lejano, a Carrillo también le achacan una supuesta inhabilidad. La historia se remonta a su época de ministro de Justicia, a comienzos de los años 90, cuando la Procuraduría le impuso una sanción por cuenta de la fuga de Pablo Escobar de la cárcel. Carrillo no era el responsable de cuidar al capo, en su posición de ministro tenía responsabilidad sobre todos los centros penitenciarios del país.

A muchos congresistas les ha llegado copia de esa sanción. Sin embargo, existe otra decisión de la Procuraduría del primero de octubre del 2003 que desvirtúa ese primer pronunciamiento. “Lo de la supuesta inhabilidad es parte de la guerra sucia que han puesto en marcha, yo no tengo ningún impedimento, la sanción fue revocada en el año 2003 y así lo demuestran los certificados de inexistencia de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría”, sostiene.

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Agrega que la institución que verifica las calidades e inhabilidades es el Consejo de Estado y él ya pasó ese filtro, pues fue postulado justamente por esa corporación.