Martes, 24 de enero de 2017

| 2015/10/14 18:32

El magistrado que puede cambiar toda la Corte

La elección de una sola persona en la Corte Constitucional puede determinar numerosos temas clave, entre ellos el proceso de paz.

El magistrado que puede cambiar toda la Corte Foto: SEMANA

El ambiente de campaña en el Senado cada vez toma más fuerza. No se trata solamente de las próximas elecciones de alcaldes y gobernadores en todo el país, sino de un solo cargo: el reemplazo del magistrado Mauricio González en la Corte Constitucional.

Para muchos esa elección es una de las más importantes decisiones para la Justicia, pues la llegada de ese nuevo integrante tendrá serias implicaciones en el rumbo que tomará esa institución.

La semana pasada, la Casa de Nariño publicó los nombres de las tres cartas que presentará al Senado. Se trata de Catalina Botero Marino, Alejandro Linares Cantillo y Magdalena Correa Henao.  A Santos le correspondía esa función, pues González había sido ternado por el entonces presidente Álvaro Uribe.

La primera percepción que generó la terna fue de tranquilidad. Se anticipa que con los tres candidatos la Corte Constitucional estará bien, pues en principio son tres personas sin cuestionamientos éticos ni profesionales.

Los tres tienen hojas de vida representan diferentes visiones del derecho y aportarían de modo distinto a la corte. (Los tres abogados que pueden llegar a la Corte Constitucional)

Sin embargo, sin importar quién sea el nuevo ocupante del Palacio de Justicia, lo cierto es que hay muchas cosas que este nuevo magistrado cambiará definitivamente. Es un hecho que la llegada de un solo miembro altera el equilibrio político e ideológico de la Corte. En ese organismo los nueve magistrados conforman una delicada balanza y cada voto es definitivo.

Así, lo que más llama la atención de la terna es su ideología liberal. Los tres nombres que postuló Santos aseguran cuál será la tendencia de ese tribunal en los próximos ocho años. Esa inclinación implicará no sólo un eventual apoyo incondicional de esa entidad al proceso de paz con las FARC, sino también un avance en las libertades individuales.

Durante casi 25 años la Corte Constitucional de Colombia ha sido no solamente un contrapeso para el poder público, sino también un instrumento de reformas que no se han aprobado en el Congreso como la eutanasia, el aborto, los derechos de la población LGTBI y la dosis personal. Por ello ha recibido todo tipo de elogios de quienes la ven como defensora de las minorías, y de críticas de quienes señalan que va en contra de la democracia que un solo voto pueda ser decisivo para una sentencia que cambie las vidas de millones de colombianos.

Sin embargo, la Corte no es un organismo exclusivamente jurídico, su origen tiene un componente político e ideológico que depende tanto de la Presidencia como del Congreso de la República.

La forma de elección de los magistrados de la Corte Constitucional es bastante particular, pues es uno de los pocos organismos en cuya conformación participan las tres ramas del poder público. En el trasfondo la Constitución plantea un interesante juego en la postulación: el Consejo de Estado, tradicionalmente conservador, presenta tres ternas; la Corte Suprema, tradicionalmente liberal, presenta otras tres, y finalmente el presidente decide la ecuación al participar en la elección de los tres restantes.

Así, cada ocho años la Corte Constitucional renueva sus magistrados. Y por eso, el papel del presidente en elaborar la terna es tan definitivo.

Bajo esta fórmula, la primera Corte tenía una clara inclinación liberal con tres magistrados postulados por el presidente César Gaviria: Eduardo Cifuentes Muñoz, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Martínez Caballero y posteriormente Manuel José Cepeda Espinosa y Álvaro Tafur Galvis. Ello permitió que se aprobaran sentencias progresistas impensadas para ese tiempo, como la que permitió la eutanasia o la dosis personal.

El segundo grupo de magistrados comenzó a equilibrar la balanza, pues se incluyeron en las ternas elaboradas por el presidente Andrés Pastrana nombres de corte más conservador como Marco Gerardo Monroy y Álvaro Tafur Galvis.  Aunque esta segunda corte fue más equilibrada, tenía una inclinación liberal. Esto porque el tercer magistrado elegido de terna del presidente era Manuel José Cepeda y además, también formaban parte de esta corporación otros con esa mismo posición ideológica como Jaime Córdoba Triviño, Eduardo Montealegre (quien reemplazó a Carlos Gaviria), Jaime Araújo y Clara Inés Vargas.

Pero ese carácter liberal comenzó a cambiar con la tercera corte, pues el presidente en el año 2009 era Álvaro Uribe Vélez. El mandatario de la seguridad democrática postuló a dos magistrados de derecha: Jorge Pretelt y Mauricio González. Además en el año 2012 sucedió algo fuera de lo común. Renunció el magistrado Juan Carlos Henao y contra todos los pronósticos no fue elegido el liberal Carlos Medellín, sino el conservador Luis Guillermo Guerrero. Esta inesperada situación produjo que por primera vez la Corte Constitucional tuviera una mayoría con inclinación conservadora conformada por los magistrados Nilson Pinilla, Luis Guillermo Guerrero, Jorge Pretelt, Mauricio González y Gabriel Eduardo Mendoza.

La nueva terna del presidente Santos, conformada por Alejandro Linares, Magdalena Correa y Catalina Botero, va a cambiar esa balanza. Por eso, se da por descontado que fallos en temas como eutanasia, aborto, matrimonio y adopción LGTBI, que no ha querido aprobar el Congreso de la República, podrán salir de esta nueva Corte.

Además, en menos de un año y medio (abril del 2017) Santos tendrá que hacer dos ternas más para reemplazar a los magistrados Jorge Pretelt y María Victoria Calle.

Por otro lado, si la paz se firma en marzo del próximo año, las reformas que vienen implicarán cambios constitucionales y legales profundos que requerirán por lo menos un año de trámite en el Congreso, lo cual implica que los tres magistrados ternados por Santos estarán elegidos en abril de 2017 para apoyar el proceso de paz.

Todas esas reformas tendrán que pasar por la Corte Constitucional. De hecho, el acto legislativo que se tramita en este momento en el Congreso busca fortalecer esa revisión. Si es aprobado, el alto tribunal tendrá 60 días para analizar previamente las normas que se necesiten para implementar los acuerdos de manera previa, es decir que una vez se expidan, nadie podrá demandarlas.

Por todas estas razones, la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional puede ser una de las decisiones clave que vivirá la justicia en los próximos años. 

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