Lunes, 20 de octubre de 2014

| 2014/02/15 23:00

¿Qué va a pasar con las elecciones?

La jornada electoral del próximo 9 de marzo tal vez será recordada en la historia como la del clientelismo recargado y la de la consolidación de las castas políticas regionales.

La familia Guerra, dos hermanos y un primo, aspira a tres curules en el Senado.

Si yo me ganara hoy el Baloto y quisiera comprar con esa plata votos ya no encontraría ninguno. ¡Ya están todos vendidos!”, decía un senador a SEMANA para explicar el estado de la campaña electoral hoy en Colombia.

Cuando faltan menos de 20 días para que los colombianos vayan a las urnas para elegir a 102 senadores y 166 representantes a la Cámara, esa frase da una idea de lo que pueden ser los resultados del próximo 9 de marzo.

Si bien la compra de votos no es una novedad, lo que hace distinta esta jornada electoral, comparada con otras, es el poder económico de muchos de los candidatos. Y la explicación no es que de la noche a la mañana exitosos empresarios han decidido lanzarse a la arena política. Más bien se trata de que, en esta oportunidad, han coincidido dos fenómenos. Por un lado, ciertas castas políticas regionales han consolidado un poder económico. Y por otro lado, el presidente Juan Manuel Santos le ha dado especial juego a la clase política regional con la llamada ‘mermelada’.

Es cierto que ‘mermelada’ siempre ha existido –en otra época se le llamó ‘lentejas’ o ‘auxilios parlamentarios’– pero la diferencia ahora es que es la primera vez que un presidente en ejercicio carece de una popularidad que lo deje tranquilo para ganar en primera vuelta. Y eso hace que entre a desempeñar un papel clave en las elecciones la inversión del alto gobierno.

El diario El Espectador publicó hace unos días que, según registros oficiales, entre el primero y el 24 de enero pasado, cuando comenzó a regir la restricción de la Ley de Garantías, los ministerios celebraron 1.657 contratos por 1,2 billones de pesos, mientras que en 2013 fueron 924 contratos directos por 73.000 millones. Es decir, este año el presupuesto fue 20 veces superior.

El gobierno argumenta que es su obligación legítima llevar desarrollo a las regiones. Sus contradictores consideran que así aceita la ‘maquinaria’ para la reelección, pues los ‘dueños’ de parte de esos contratos y quienes deciden quién y cómo se ejecutan son los congresistas o los gobernadores.

¿Cómo gana uno y otro? Un contratista, que lleva más de 15 años trabajando con obras públicas en Colombia, le explicó a SEMANA el modus operandi. “El gobierno le da a un gobernador o a un senador un contrato, por ejemplo, de 50.000 millones de pesos, él se queda con el 20 por ciento. Eso son 10.000 millones de pesos. Se mete la mitad al bolsillo y con la otra mitad saca un congresista”. Esta revista preguntó a un senador y a un gobernador si era verdad que así ocurría y ambos lo confirmaron. El congresista o gobernador beneficiado, a su vez, agradecido con el gobierno nacional, hace que sus seguidores apoyen al presidente en las urnas.

El próximo Congreso, en este contexto, tal vez será el de la consolidación de una clase política, la mayoría hoy en el poder, en tres versiones: 1) ciertas dinastías políticas regionales que han perdurado gracias al manejo de contratos, 2) los familiares o fichas de alcaldes y gobernadores, y 3) los herederos de curules de condenados que han logrado subsistir a pesar de sus investigaciones judiciales (ver recuadros).

Por supuesto, personajes como Álvaro Uribe, Horacio Serpa y Antonio Navarro, que están en la contienda, se llevarán los titulares de prensa. También se hablará de figuras reconocidas por la opinión como Jorge Robledo, Claudia López, Viviane Morales o Carlos Fernando Galán, por mencionar solo a unos cuantos. E incluso se le hará un reconocimiento a partidos como el Liberal, el Verde y el Polo, que han hecho un esfuerzo por depurar sus listas. Y serán ellos, sin duda, los que animen debates de hondo calado político.

Pero los otros pueden quedarse con un porcentaje significativo de las curules del Congreso. ¿Qué tanto impacto tendrán en su manejo?


La era del ‘clientelismo 2.0’

Cada elección le mide el pulso al país y deja, a su vez, una huella en la historia. Las del Congreso de 2002 y 2006, por ejemplo, pasaron a la historia como las de la parapolítica. La jornada electoral para elegir alcaldes y gobernadores, en 2011, se llevó a cabo en medio del reacomodo de bandas criminales, que las convirtieron en una de las más violentas de la historia. Ahora el fenómeno es otro. Las elecciones de 2014 parecen marcar el regreso del clientelismo en versión recargada.

Cabe recordar que uno de los pilares de la Constitución de 1991 fue la reforma del sistema político. Y se quería hacer borrón de ciertas prácticas criticadas como el clientelismo, y en particular se prohieron los auxilios parlamentarios que lo alentaban. Pero dos décadas después, cuando la Carta Política se está decantando, se habla de ‘clientelismo 2.0’, haciendo un símil con el llamado ‘internet 2.0’, que es una versión mucho más avanzada del internet original.

No solo los auxilios parlamentarios se han mantenido vivos en estas dos décadas a través de otro nombres (fondos de cofinanciación primero, fondos interministeriales después y cupos indicativos ahora), sino que la situación se ha complicado más porque la Constitución, en su espíritu de apertura política, permitió que se crearan nuevos partidos y eso ha dado lugar a un gamonalismo moderno  que no tiene que responderle a ningún partido.

¿Se trata entonces de un regreso a lo que había antes de la Constitución de 1991?“Hay diferencias y hay similitudes. La principal similitud es que en ambos casos se utilizan estrategias clientelistas –auxilios parlamentarios o mermelada– para obtener resultados electorales. Antes de 1991 se distribuían cargos a todo nivel para aceitar la maquinaria y asegurar los votos. Ahora, el presidente en ejercicio busca su propia reelección y más que puestos –aunque las cuotas burocráticas son importantes– lo que se reparten son contratos para aceitar la maquinaria y obtener votos”, dice Felipe Botero, director de Posgrados de Ciencia Política de la Universidad de los Andes.

El ‘clientelismo 1.0’ era cuando los caciques tradicionales se medían en cantidad de puestos que lograban para sus huestes en la administración pública. En ese entonces se hablaba de la repartición de la torta burocrática. Y el ‘clientelismo 2.0’, si bien solo se está expresando ahora, comenzó a originarse con la descentralización (la elección popular de alcaldes y la reforma a las regalías) y la privatización de las empresas del Estado. Enormes recursos de regalías, salud y educación, además de obras públicas y otros contratos, quedaron en manos de los alcaldes y gobernadores. 

Y estos, a su vez, justo cuando los partidos políticos explotaron en pedazos (en 1998 se inscribieron 80 partidos y movimientos para las elecciones), quedaron a expensas de grupos poderosos como los contratistas, que querían sacar la mejor tajada del erario público, o de grupos ilegales, como la guerrilla y los paramilitares, que se inventaron todas las argucias posibles para saquear al Estado.

Muy pocas familias con poder político antes de 1991 lograron sobrevivir al fenómeno de los contratistas y de los propios ilegales. Lo hicieron las que supieron sacarle el jugo a las concesiones y utilizaron su poder político para obtener contratos.

Hace poco más de diez años, el politólogo Eduardo Pizarro acuñó la expresión de ‘microempresas electorales’ para explicar la atomización de los partidos en decenas de microempresas electorales. Hoy podría decirse que lo que hay en Colombia son ‘conglomerados electorales’, verdaderas empresas construidas gracias a los votos y que operan con los recursos del Estado.El hecho de que las vallas y la publicidad, en ciertas regiones del país, comenzaron a aparecer más tarde de lo acostumbrado no es casualidad. La compra de votos se ha masificado de tal manera y ha demostrado ser tan efectiva, que fueron muchos los que madrugaron a asegurar los resultados por esa vía. 


La apuesta de dos familias políticas regionales

El próximo 9 de marzo se dará un hecho inédito en la historia de las elecciones en Colombia: los miembros de dos familias originarias de Sucre –los Guerra y los García Romero– se podrían quedar con el 5 por ciento del Senado, es decir con cinco curules.

Se trata, por una parte, de los hijos de dos curtidos caciques políticos de Sucre: el exsenador José Guerra Tulena y su hermano el hoy gobernador Julio Guerra Tulena. Los hijos de José son María del Rosario Guerra, segundo renglón de Álvaro Uribe en su movimiento Centro Democrático, y Antonio Guerra, actual senador por Cambio Radical que busca repetir curul. El hijo del gobernador, Julio Miguel Guerra Soto, busca ser senador por Opción Centro.

Las cabezas de la otra dinastía política, los García Romero, son los exsenadores Juan José García y Álvaro García, el primero fue condenado por mal uso de auxilios parlamentarios y el segundo por la masacre de Macayepo. Ahora aspira al Senado Teresita García Romero, hermana de los dos anteriores, y hoy senadora por el PIN, y Andrés Felipe García Zuccardi, hijo de Juan José y de la exsenadora Piedad Zuccardi, investigada por orden de la Corte Suprema por presuntos vínculos con los grupos paramilitares. 

Ellos son apenas un retrato de la política regional que va a estar jugando en estas elecciones. Entre otros estarán los Gerlein, Char y Name de Atlántico; los Ramos y Valencia Cossio, de Antioquia; los Sánchez Montes de Oca, de Chocó, por mencionar solo algunos.

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