Primeros efectos de una elección previa al fin de la guerra

A una hora de cerrarse la jornada electoral, los datos reflejan que estas elecciones han resultado atípicas. Esto, a juzgar por estos porcentajes: hasta el mediodía, se había reducido en un 75 % las amenazas contra los candidatos a elección popular, se había reducido un 47 % los hechos violentos y se registraban 64 % menos hostigamientos, todo con relación a las anteriores elecciones regionales.

El hecho que enlutaba a Colombia y en particular a una familia compuesta por padres, hermanos, esposa e hijo fue perpetrado por el ELN, el que incursionó de forma violenta en Anorí (Antioquia), y dejó sin vida al soldado profesional Laureano Paternina Pérez, quien pertenecía a la Cuarta Brigada del Ejército. Fuera de este crimen, no ha habido otros hostigamientos de esta naturaleza en todo el territorio nacional.

Adicionalmente, a esta positiva situación de orden público, la afluencia de votantes a las mesas previstas por la Organización Electoral hace prever que hay menos abstención que en las elecciones pasadas, aunque esto solo podrá corroborarse cuando finalice la jornada electoral.

Las palabras del presidente Santos en el sentido de que espera que “estas sean las últimas elecciones en medio del conflicto armado”, pueden estar mostrando el ambiente que los ciudadanos pueden vivir en una Colombia en paz. Es decir, sin amenazas y sin muertes.

Sin embargo, esto no significa que hacia el presente y el futuro haya una real profundización de la democracia. La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) ha advertido que la violencia armada cedió, pero que en su lugar se ha impuesto la compra de votos y otras prácticas que distorsionan la voluntad popular del voto a consciencia.

En palabras de Ariel Ávila, lo que está pasando es que “cambiamos el plomo por la plata”.

Con todo, no hay que olvidar que estos actos de corrupción son un problema endémico de Colombia. Solo había que escuchar los titulares de las noticias del mediodía en la televisión para percatarse que estas acciones siguen registrándose en los municipios que siempre “salen a bailar” en estas jornadas. Es decir, este fenómeno no es nuevo.

Y quizá uno de los efectos de que las balas se acallen es este de que los problemas estructurales comenzarán a salir a flote con mayor evidencia.

Por eso, quizá, el llamado de Santos de trata de votar por “los mejores candidatos, por los más honestos”, pues en sus manos estará la implementación de los acuerdos de paz, si estos se suscriben antes del 23 de marzo de 2016, como prometió la Mesa de Negociaciones de La Habana.

Los gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles que hoy los colombianos estamos eligiendo gobernarán hasta el 2019. Justo cuando los recursos del fin de la guerra comenzarán a fluir. Y, en todo caso, cuando la agenda del país político cambie, pues las FARC ya no serán el centro de los problemas colombianos.

Ya la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) advierte que 281 municipios del país que han sufrido el conflicto armado están priorizados para recibir los recursos.

“Los nuevos alcaldes y gobernadores tendrán  una responsabilidad muy grande porque les va a tocar manejar el posconflicto”, dijo Humberto de la Calle, jefe negociador, al depositar su voto en el puesto de Santa Ana Oriental de Bogotá.

Por eso, hay que sopesar el análisis del buen ambiente de que estas elecciones han cedido en su constreñimiento armado después de más de 50 años de violencia asociada con el conflicto, con los datos de las prácticas electorales.