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| 7/16/2016 12:00:00 AM

Rajados en delitos electorales

Los delitos electorales y el constreñimiento contra los votantes no han cedido, según un informe de la MOE. ¿Qué se puede hacer?

Hace dos semanas, el gobierno y las Farc lograron cerrar varios de los asuntos pendientes del segundo punto de las negociaciones sobre participación política. En un comunicado conjunto emitido el 5 de julio, ambas partes concertaron tres temas clave: la elaboración de un estatuto de la oposición, la promulgación de una ley para impulsar la participación ciudadana y la reforma de la organización electoral. Mientras los dos primeros temas son un desarrollo pendiente de la Constitución de 1991, el tercero responde a una necesidad obligada de un sistema que hasta los políticos de profesión califican de arcaico y poco transparente.

En este último aspecto, la Mesa de Diálogos de La Habana acordó la creación de una Misión Electoral Especial (MEE) que se encargará de entregar recomendaciones al gobierno nacional para que se modifiquen las instituciones y se hagan los ajustes necesarios en relación con los mecanismos de elección popular en el país. Todo esto con el fin de modernizar el régimen y darle autonomía, independencia y transparencia. La misión, que contará con siete expertos designados por varias instituciones nacionales e internacionales de alto nivel nacional, será liderada por la Misión de Observación Electoral (MOE).

Precisamente esta entidad, que durante los últimos años se ha convertido en referente obligado para analizar los niveles de transparencia de cada elección, acaba de publicar un alarmante estudio sobre irregularidades electorales en Colombia. La investigación, basada en las elecciones locales de 2015, revela cifras aterradoras sobre conductas y anomalías presentes en ese proceso electoral. Entre octubre de 2014 y noviembre de 2015, a través de su plataforma web pilasconelvoto.com, la misión recibió 4.581 reportes sobre posibles irregularidades. De estas, 1099 fueron por constreñimiento al momento de votar, 698 corresponden al proceso de inscripción de cédulas y 617 tienen que ver con la conducta de las autoridades electorales.

Según la MOE, el delito electoral más frecuente está relacionado con las conductas que constriñen el libre ejercicio de los ciudadanos a elegir, ya sea a través de amenazas, dádivas o dinero. Se trata de un espectro muy amplio, asociado al clientelismo, en el que participan desde el político que ofrece un mercado a cambio de un voto, hasta el jefe que persuade a sus empleados a votar por un candidato. Solo en Bogotá, Cartagena y Medellín se recibieron 140 denuncias. Pero el clientelismo también puede ser armado. Durante años, grupos ilegales han hecho acuerdos para sabotear las campañas, impedido el acceso de algunos candidatos a eventos públicos y presionado a los electores a través de la fuerza.

El otro delito que más preocupa a los investigadores tiene que ver con la trashumancia, que consiste en convencer a los ciudadanos de inscribir su cédula en un lugar distinto al que residen, para sumarle o quitarle votos a una elección. De acuerdo con los resultados de la MOE, estas movilizaciones se dan con frecuencia en veredas limítrofes que pertenecen a diferentes municipios o departamentos; zonas fronterizas en municipios como La Guajira, Norte de Santander y Nariño; y entre localidades y resguardos indígenas. Las estrategias que más utilizan estas estructuras para el trasteo de votos consisten en cambiar los lugares de residencia de las personas en bases de datos como el Sisbén, colaborar con funcionarios de las registradurías municipales y realizar la inscripción irregular de cédulas con documentación falsa. Antioquia, Bogotá, Cundinamarca y Tolima son otras de las regiones donde más se presenta este fenómeno.

Otra situación que se suma a las anteriores tiene que ver con los excesos en la financiación de las campañas electorales, las cuales incurren normalmente en violaciones de los topes establecidos por el Consejo Nacional Electoral. En 2015, la MOE recibió 38 reportes de la ciudadanía en los que se denunciaron derroches en los actos públicos durante la apertura y cierre de campaña, en los que hicieron presencia artistas nacionales e internacionales, se entregaron electrodomésticos, comida y bebidas alcohólicas, superando los niveles de gasto permitidos y haciendo uso de dineros que, en muchos casos, provienen del narcotráfico y las administraciones locales.

En lo que se refiere a irregularidades en temas como seguridad y orden público, conteo de votos, autoridades electorales y publicidad para candidatos en medios de comunicación, el estudio evidencia casos preocupantes como el de Plato, Magdalena, donde la fuerza pública tuvo que atender agresiones entre simpatizantes de candidatos por utilizar propaganda electoral el día de las elecciones, además de tener que lidiar con protestas, disturbios y restricciones en el ingreso de candidatos y votantes tanto a eventos públicos como a las urnas. A la vez se encontró que no siempre los candidatos cumplen con los requisitos legales para postularse.

Es común que los delitos anteriores se combinen. Su recurrencia y facilidad para permear varias instancias burocráticas y comunidades en todo el país los hacen muy difíciles de detectar e incluso aún más difíciles de investigar o perseguir judicialmente. Esto se debe en gran parte a que la legislación vigente que castiga estas conductas está desactualizada y a la vez no es clara en definir las acciones que conduzcan a la detección y judicialización de los responsables. Por ejemplo, en el caso de la trashumancia, la ley no estipula con claridad quién es considerado como culpable de la movilización de personas para que inscriban fraudulentamente su cédula: si lo es el que convoca la movilización, el que transporta a las personas de un lugar a otro o el que le insinúa un candidato a los electores a la entrada a las urnas.

Ante la incertidumbre y preocupación que generan estas imperfecciones en la legislación electoral colombiana, el registrador Juan Carlos Galindo envió el lunes de esta semana una carta al nuevo fiscal general, Néstor Humberto Martínez, pidiéndole acciones para contrarrestar los delitos electorales. Y no es para menos, teniendo en cuenta que la Fiscalía cumple un papel fundamental en la lucha contra la corrupción electoral por ser la única entidad con la jurisdicción necesaria para investigar estas conductas. La importancia de que exista un trabajo conjunto entre estas dos entidades se puede ver en que entre 2002 y 2012 se presentaron 12.194 denuncias por diferentes irregularidades electorales, de las cuales solo se llegó a 261 acusaciones y posteriormente a 66 sentencias y 59 condenas, por lo que se necesita mayor atención y seguimiento a estos procesos.

Con la importancia que tendrá el plebiscito en el desarrollo de la última fase del proceso de paz, se hace cada vez más urgente estudiar los retos que tiene el país en materia electoral. La MOE concluye que algunos de los que se deben considerar a más corto plazo tienen que ver con la divulgación de la normatividad electoral antes, durante y después de cada elección, y el seguimiento a la financiación de las campañas. Seguramente estas serán recomendaciones que la misión presentará al gobierno, para que este las incluya en los proyectos que, en lo que queda de 2016 y dando cumplimiento a los acuerdos de paz, el Congreso deberá discutir sobre el tema.

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