Sábado, 3 de diciembre de 2016

| 2015/10/14 20:03

Mi desencanto político... ¿y el suyo?

Los ciudadanos son piezas claves del proceso político. Como pocas veces en la historia nacional, la participación electoral se vuelve indispensable para asegurar el proceso de La Habana y lograr que los cambios anunciados se produzcan.

El próximo 25 de octubre los ciudadanos elegirán nuevamente alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles en Colombia. Foto: Archivo particular

Ya está cerca el 25 de octubre, el gran día en el que elegiremos nuevamente alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles en Colombia. La publicidad pulula en los medios de comunicación y en los mentideros de los pueblos y ciudades del país, y todos centran sus campañas en mostrar por qué son la mejor opción o por qué deberían votar por ellos.

En las calles y conversaciones de café, por todo el país, la pregunta más común por estos días es ¿por quién va a votar?, pero creo que pocos se preguntan antes ¿por quién debo votar?

Preguntarse eso en estas épocas puede resultar una tarea un poco harta en medio del reinante desencanto con muchas administraciones y con la política en general. Según la Encuesta de Cultura Ciudadana realizada por Corpovisionarios, 88 % de los ciudadanos piensa que los políticos son corruptos y al 28 % no le gustaría tener a un político como vecino.

El ambiente político es disímil en el país. Existe desencanto frente a las promesas políticas incumplidas por los elegidos de contiendas electorales pasadas, pero también expectativa por la aparentemente inminente inversión de grandes recursos monetarios, tanto en obras de infraestructura como en mejoras sustanciales en los niveles de vida de los colombianos, prometidas desde el gobierno nacional para ambientar el proceso de paz y la llegada del posconflicto, obras y políticas que estarán en buena medida en las manos de los mandatarios locales.

Sergio Jaramillo, el alto comisionado para la paz, ha recalcado una y otra vez que el proceso político, social, económico y cultural que sigue después de la firma del acuerdo en La Habana, y que permitiría consolidar la paz, tiene que tener un acento regional. Esto quiere decir que buena parte de la inversión que se piensa realizar para el cumplimiento de los acuerdos debe pasar por acuerdos con los mandatarios locales elegidos en octubre del 2015, inversiones que contarán sin duda con acompañamiento internacional y con veedurías especiales de todo tipo.

Pocas veces en los últimos 50 años de vida política se ha jugado tanto. Esta frase de cajón cobra ahora un significado muy importante, pues de quien quede elegido depende en buena medida la implementación de políticas y de obras de infraestructura de los próximos cuatro años.

Por eso, los alcaldes, gobernadores y demás funcionarios elegidos deben estar a la altura de este reto. Deben entender, sin distingo de su filiación política, que la implementación de los acuerdos debe ser lo más eficiente posible; deben entender que el momento histórico en el que van a gobernar es muy distinto de otros momentos, ya que por fin se avizora el fin de nuestra larga guerra interna, así que del cumplimiento estricto de los acuerdos va a depender, en buena medida, que el proceso de posconflicto desemboque en una verdadera consolidación de la paz y no en un proceso de reciclaje de violencias, venganzas y criminalidades que nuevamente nos lleven a espirales de violencia sin sentido.

En este panorama, los ciudadanos son piezas claves del proceso político. Como pocas veces en la historia nacional, la participación electoral se vuelve indispensable para asegurar el proceso de La Habana y lograr que los cambios anunciados se produzcan. La responsabilidad ciudadana no es menor: debemos acudir a las urnas y votar por aquellos candidatos que sepamos que se la están jugando por una aplicación seria y juiciosa de los acuerdos; también debemos participar en los espacios que se van a abrir para discutir y elegir cómo se van a implementar los acuerdos en cada una de nuestras regiones y, finalmente, también debemos ser veedores y garantes de la forma como esos recursos se van a invertir, asegurando que lo acordado en los espacios de participación se cumpla.

Pareciera que los ciudadanos colombianos nos estamos acostumbrando a culpar a los políticos de los problemas que tenemos: cuando se destapó el caso de corrupción en Bogotá por parte de la administración de Samuel Moreno, la poca participación y veeduría ciudadana pasaron de agache. Puedo equivocarme, pero creo que la responsabilidad del llamado “carrusel” también es nuestra, porque la Constitución Nacional y la ley nos dan la posibilidad de realizar veedurías ciudadanas y de exigir transparencia en las tomas de decisión y en la implementación de las políticas de nuestras ciudades, pero en una actitud irresponsable entregamos a los políticos toda la carga y nos contentamos con indignarnos después. La paz también exige unos ciudadanos distintos, responsables de lo público, garantes de la política, comprometidos con una implementación seria de los acuerdos y de los marcos legales y constitucionales existentes.

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