Los que perdieron las elecciones antes de llegar a las urnas

Con el fin de conseguir el respaldo de los votantes muchos candidatos a estas elecciones regionales hicieron lo posible y lo imposible. Y en esa carrera cometieron toda clase de irregularidades, y perdieron.

Decenas de candidatos a concejos, asambleas, juntas administradoras locales, alcaldías y gobernaciones fueron capturados o vinculados a procesos judiciales relacionados con diversos tipos de delito. En los titulares de prensa de los últimos salieron a la luz pública casos de candidatos y funcionarios públicos involucrados en trashumancia (trasteo de votos), corrupción al elector y falsedad en documento público, entre otros.

De acuerdo con el vicefiscal General, Jorge Perdomo, de los 114.000 candidatos inscritos para participar en el debate electoral, 103.000 son investigados por la Fiscalía por diversas causas. Los casos van desde demandas por alimentación hasta acusaciones por abuso sexual y también por pertenecer a bandas criminales.

De ellos, 515 casos son investigados por fraude en la inscripción de cédulas, 84 por constreñimiento al sufragante y 55 por ocultamiento y retención de cédulas. Una de las detenciones que llamó la atención fue la de Jorge Eliécer Coral, candidato a la Gobernación de Putumayo con medida de aseguramiento por supuesto favorecimiento a grupos ilegales de la región.

A la lista de políticos vinculados con grupos ilegales se sumaron John Jairo Benítez, candidato al Concejo en Montelíbano (Córdoba), y Farly Eliécer Velásquez, en Puerto Libertador, en el mismo departamento. Ambos están señalados por las autoridades como supuestos testaferros y coordinadores de las finanzas del ‘Clan Úsuga’.

En Tuchín (Córdoba), fue detenido Soycer Montaño, quien aspiraba a la Alcaldía. Al parecer manejaba las finanzas de una banda criminal en la zona. También fue capturado Amadid Suárez, quien aparecía como candidato al Concejo de ese municipio. Otro caso es el de Edgardo Figueroa, candidato a la alcaldía de Puerto Caicedo (Putumayo). El político fue detenido cuando se movilizaba en una ambulancia con 214 kilos de cocaína de propiedad de la banda ‘la Constru’.

La larga lista de detenidos también la integra Jhon Jairo Torres Torres, conocido como ‘John Calzones’, candidato a la Alcaldía de Yopal. El político, que ha sonado mucho en los últimos días por su remoquete es señalado como ‘urbanizador pirata’.

Otros candidatos al primer cargo del municipio capturados fueron Jair Díaz Díaz, en Florencia (Caquetá), acusado de prevaricato, cohecho y enriquecimiento ilícito. También José Ignacio Zapato Meriño, en Ponedera (Atlántico), fue detenido por el delito de concierto para delinquir.

También integra la lista Plutarco Mariano Grueso Obregón, aspirante a la Alcaldía de Popayán (Cauca), detenido por los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, extorsión, terrorismo, financiamiento de terrorismo, secuestro extorsivo, tráfico de estupefacientes, fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Lo mismo ocurrió con Elisaint Díaz Mosquera, candidata al primer cargo de Guacamayo (Santander), capturada por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado. Dos candidatos a la Asamblea de Florencia también tienen deudas con la justicia. Se trata de Yineth Yisela Caviedes y Juan Fernando Olarte, detenidos por los delitos de prevaricato, enriquecimiento ilícito y cohecho. Otro candidato a esta corporación en Guainía fue Héctor Augusto Tejada Rojas, vinculado por los delitos asociados a corrupción electoral.

Este listado lo cierran 28 candidatos a Concejo en departamentos como Caquetá, Quindío, Valle Del Cauca, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Putumayo, Caldas, Cauca, Norte de Santander, Córdoba, Vichada, Casanare, Bolívar, La Guajira y Meta, cada uno con un aspirante detenido.

Los fiscales también ordenaron 860 interrogatorios por trashumancia (ya se hicieron 413) y 233 imputaciones por el mismo hecho (ya se hicieron 196). En el reporte de la Fiscalía también aparecen 13 detenidos por delitos electorales, la mayoría sin medida de aseguramiento. También figuran 18 servidores públicos (tres registradores, Sucre, Atlántico, Guajira), contratistas y particulares por delitos electorales  cometidos en Bolívar, Atlántico, Meta, Tolima, Sucre, Magdalena, Córdoba, La Guajira y Casanare.