Electricaribe: la solución le va a doler a muchos

El servicio de energía en la costa norte está en su momento más caliente. La semana pasada alcaldes y gobernadores de esos siete departamentos le pidieron al gobierno intervenir de manera inmediata a Electricaribe –filial de la española Gas Natural–, porque los habitantes no soportan más atropellos con el servicio. Una encuesta revela que el promedio de cortes de energía en los hogares de esta región es 90 horas por año, lo que dobla el promedio nacional que es de 45,5 horas.

A la furia de la dirigencia regional se sumó el bloque costeño de parlamentarios quienes promovieron un duro debate en el Congreso. El presidente del Partido Conservador, David Barguil, anunció nuevas movilizaciones para pedir la salida de la compañía. A estas advertencias se unió el exministro de Minas Amylkar Acosta, actual director de la Federación Nacional de Departamentos, quien alertó sobre un posible apagón en esta parte del país.

La verdad es que se trata de un problema que viene de tiempo atrás, que ha sido estudiado y diagnosticado, pero que paradójicamente nadie ha podido solucionar, pues las salidas a la vista no son fáciles de aplicar.

Para comenzar, los responsables de la situación se tiran el balón entre ellos. Algunos usuarios se quejan del mal servicio, de los cortes de energía, suspensiones y mantenimientos permanentes, pero no pagan las facturas y se conectan ilegalmente al sistema. De hecho, Electricaribe atribuye sus problemas de iliquidez, que le impiden hacer las inversiones requeridas, precisamente a las pérdidas no técnicas como el fraude, la adulteración de los contadores, las conexiones ilegales y a la cultura de no pagar que impera en varios municipios de la costa.

La empresa argumenta que de sus 2,6 millones de usuarios, cerca del 80 por ciento pertenecen a estratos 1, 2 y 3, es decir, son los de menores ingresos, y entre ellos están muchos de sus deudores morosos. La compañía atiende a 400.000 familias que viven en 1.800 barrios subnormales (de invasión), cuyo recaudo debe hacer puerta a puerta. De ahí que las pérdidas anuales lleguen a 700.000 millones de pesos.

Además, la empresa tiene la presión adicional de su deuda de cerca de 1,6 billones de pesos con la banca colombiana. En los próximos meses se vencen millonarias obligaciones, lo que apretaría más la caja de la empresa.

Pero a Electricaribe también le cae bastante responsabilidad. Según el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, esta firma no hizo las inversiones que se requerían en la última década. Asegura que en los 12 últimos años solo ejecutó tres proyectos de transmisión y distribución de energía, lo que es una inversión bajísima. Mientras tanto, en el último año el gobierno, gracias al Plan 5Caribe impulsado por el exministro Tomás González, ha adjudicado 30 proyectos por 3,1 billones de pesos.

Por medio del Plan 5Caribe, un programa de choque, el gobierno y Electricaribe se comprometieron el año pasado a invertir 4 billones de pesos en cinco años para comenzar a solucionar los problemas. De esos recursos la compañía eléctrica debía poner 1,1 billones. Sin embargo, ya está muy rezagada porque de los cerca de 250.000 millones que debía ejecutar este año solo ha invertido 11 por ciento.

Para algunos, el gobierno también ha puesto su granito de arena para agravar esta situación. Directivos de Electricaribe alegan que no le ha pagado a la compañía las pérdidas atribuibles al consumo en los barrios subnormales, que ascienden a 400.000 millones. A este monto se suma lo que le adeudan a la empresa los entes territoriales (acueductos, hospitales, colegios y cárceles) que supera 150.000 millones de pesos.

Intervención en la mira

Salir de este rollo no es fácil, pues cualquier solución pasa por reconocer que todos tienen que poner de su parte. Congresistas de la región creen que la única alternativa es que la Superintendencia de Servicios Públicos intervenga la compañía y le aplique drásticas multas. Otros dicen que esta no es lo solución, y ponen de ejemplo lo que pasó con Emcali, que duró 11 años en este proceso sin que los resultados fueran los mejores.

“No podemos salir de las llamas para caer en las brasas”, dice el exministro Acosta, quien presentó una propuesta avalada por los gobernadores para que, a través de una banca de inversión, se seleccione un nuevo operador de la red de energía. El ministro Arce evalúa la propuesta y además analiza si debe haber más de un operador en la costa, ya que esta región concentra alrededor del 25 por ciento de todos los usuarios del país. Es decir, es un mercado muy grande para un solo prestador.

La alternativa de cambiar de operador ha ganado adeptos. Entre ellos el vicepresidente Germán Vargas, quien dijo la semana pasada que “llevamos tantos años con el problema que yo creo que ni Electricaribe está interesada, ni nosotros en que ella continúe”. Sostuvo que sería bueno avanzar en la transferencia de la propiedad de la empresa a una compañía que de verdad quiera mejorar el servicio.

Es la primera vez que se plantea desde el gobierno esta salida, ya que se consideraba que Electricaribe era intocable por tener como uno de sus principales accionistas a la multinacional española Gas Natural Fenosa. En el sector se decía que el gobierno no quería tener un conflicto como el que tuvo con Commsa, una concesionaria española con la que se enfrascó en un largo pleito por la construcción de una vía.

Sin embargo, el problema ha escalado tan alto que la posibilidad de la intervención o de la salida de la compañía está sobre el tapete, ya que para que Electricaribe pueda prestar un mejor servicio y honrar sus obligaciones financieras tendría que capitalizarse. Y hasta el momento ni la empresa, ni su principal accionista, Gas Natural Fenosa, han planteado esta alternativa. Por lo pronto, el superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, comenzó a hacerle una auditoría especial para analizar las salidas más pertinentes a la crisis financiera.

Cambiar de operador no es tan sencillo, pues es difícil que alguien quiera quedarse con este negocio tan complejo, mientras no se cambien las condiciones de este mercado. Celsia y Promigás, dos empresas del sector energético, desmintieron los rumores de que estarían interesados en comprar la empresa.

Además, a algunos les preocupa que esto podría abrir la puerta para que los políticos vuelvan a tener injerencia en el sector eléctrico como ocurrió en el pasado, cuando las electrificadoras públicas que prestaban el servicio enfrentaron graves problemas de politiquería, corrupción y clientelismo.

Suministrar el servicio de energía en la costa Caribe es tan complicado que, en los 18 años de privatización, Electricaribe ha tenido tres inversionistas extranjeros: Caribe Energy Holding de Houston Industries y Electricidad de Caracas, que pagaron 1,4 billones por las redes con un mercado de 1,4 millones de usuarios. Pero ante los primeros problemas vendieron por debajo del precio de compra a Unión Fenosa, que durante casi una década renovó redes, cambió transformadores y colocó contadores.

Lo cierto es que la fórmula más viable para resolver este problema de una vez por todas, que implica un esfuerzo conjunto de los responsables, es la salida más difícil. Consistiría en que el gobierno ejecute los planes para normalizar y construir nuevas redes; los usuarios paguen sus facturas; la empresa invierta lo que le corresponde, y hasta los generadores como Isagén, AES Chivor y Emgesa se hagan parte de la solución. Esta fórmula ha fracasado ya en otras ocasiones por el incumplimiento de las partes. Ojalá que ahora, ante las nuevas alertas, se encuentre una salida definitiva que desactive esta bomba social que amenaza la costa Caribe.