Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2010/06/05 00:00

Electrocutados

Acaudaladas familias y algunas empresas del Caribe son señaladas de cometer millonarios robos de energía. Son investigadas por un cuerpo élite que se creó ante el incremento de esta práctica ilegal.

En las investigaciones por robos sorprenden algunos hallazgos. En una finca en Magdalena encontraron los contadores de luz enterrados.

Miembros de la Fiscalía, armados de picas y palas. se adentraron en un plantío de la finca La Ilusión ubicada en la zona bananera del Magdalena. Seguían las coordenadas entregadas por un informante y a los pocos minutos de escarbar, envuelto meticulosamente en plástico, apareció un contador de energía que había desaparecido. Se trató de un nuevo incidente con la familia Maya Dávila, propietaria de la finca. Sus miembros recién habían llegado a una transacción sobre la deuda de 1.500 millones de pesos que Electricaribe les reclamaba por el consumo de cuatro de sus parcelas, algunas de las cuales fueron beneficiarias de créditos blandos en las polémicas políticas del Ministerio de Agricultura.

Como es obvio, el contador era parte clave de los correctivos por los problemas de consumo de energía, pero nadie dio razón de lo que pasó. Ahora, además del proceso por el delito de defraudación de fluidos, se investiga cómo el contador ubicado a cientos de metros por fuera de la finca fue a parar dos metros bajo tierra en medio de un cultivo de banano y palma africana.

Este es uno de los 433 casos que un cuerpo élite de investigadores, conformado por las distribuidoras de energía de la costa Caribe, han identificado en los últimos 24 meses entre familias de estratos altos, empresas e industrias. Según sus cálculos, estas irregularidades llegarán a más de 158.000 millones de pesos en pérdidas, de los que hasta ahora han logrado ubicar 30.000 millones. Su trabajo les ha exigido una alta coordinación con las autoridades, las que usando sofisticados mecanismos de inteligencia vienen encontrando los más insospechados mecanismos de fraude.

Por ejemplo en Barranquilla, en la fábrica de vidrio Covialum, que consume mucha energía, supieron de una posible irregularidad. Cuando inspeccionaron con la Fiscalía, encontraron una subestación ilegal tras una pared falsa donde estaba ubicado el transformador legal, que tenía 10 veces menos capacidad. El equipo fue desmontado e incautado. La singular situación dio lugar a que la fábrica fuera denunciada por fraude, en un proceso que aún no ha sido resuelto. Otro ejemplo es el caso de varios miembros de la reconocida familia Abuchaibe Abuchaibe, de esa misma ciudad. Según los informes de Electricaribe, ese grupo ha realizado prácticas irregulares en sus proyectos, como el Centro Médico Vital, donde los investigadores encontraron conexiones anormales a equipos de alto consumo. Lo mismo han hallado en los sistemas de aire acondicionado de sus lujosas residencias ubicadas en edificios diferentes, en casos que la Fiscalía está evaluando.

Los señalados de ser beneficiarios de estas prácticas fraudulentas niegan que hayan tenido que ver con las obras y las sofisticadas conexiones para desviar la energía. En algunos casos atribuyen los hechos a los mismos técnicos de las empresas de energía, que según esa lógica harían estos desvíos por cuenta propia. En el caso de los Abuchaibe, un vocero de la familia asegura que los están persiguiendo con visitas irregulares, que nunca se ha hallado mérito contra ellos, que los casos han sido cerrados y que si han aceptado conciliar es porque los amenazaron con dejarlos sin el servicio.

En ocasiones que las empresas han preferido conciliar y pagar para evadir los procesos penales, pero sin asumir la responsabilidad de los hechos. Pretenden contener así el impacto que estas situaciones puedan tener sobre su reputación. Es el caso de una decena de estaciones de servicio Petromil en Atlántico, en las que la alteración de los medidores registró hasta el 75 por ciento menos de consumo.

Otros casos han terminado con capturas, como el del abogado monteriano Jhon Félix Vélez, detenido tras ser señalado de estar al frente de un grupo de técnicos, también capturados, que presuntamente aprovechaban los contactos del jurista con la alta sociedad de esta ciudad para ofrecer los fraudes. En este caso se hicieron cientos de escuchas telefónicas de acuerdos con los clientes. De prosperar la acusación de la Fiscalía, los procesados se enfrentan a cuatro años de cárcel por el delito de defraudación de fluidos.

La situación jurídica para quienes roben electricidad puede ser más compleja, sobre todo ahora que la justicia acepta que participar en estos delitos es una forma de concierto para delinquir, lo que agrava su sanción hasta seis años de prisión no excarcelables.

También se evalúan los impactos que esta práctica tiene sobre los dineros públicos, pues las tarifas de los más pudientes subsidian a los más pobres.

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