Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2005/02/14 00:00

Y el elegido es...

Mientras que el gobierno rompe récords en el libro de los nombramientos más demorados en la historia del país, el Seguro Social se hunde en su crisis.

Desde hace 222 días el Seguro Social se encuentra sin un presidente en propiedad.

Hace 222 dias una de las empresas más importantes del Estado, que maneja 7,5 billones de pesos al año, no tiene quién la dirija. Como si fuera uno de sus pacientes, el Seguro Social se encuentra en una camilla esperando a que le nombren un doliente: su nuevo presidente.

Aunque parezca increíble, Héctor Cadena renunció a ese cargo en marzo de 2004 y a su salida, en junio, fue nombrada Elena Mesa en calidad de encargada. Ahora hay otro, Gilberto Quinche, en igual condición temporal. Uno de los puestos más apetecidos y poderosos del país ahora busca candidatos desesperadamente.

Para elegir al presidente del Seguro, que tiene a su cargo tres negocios (salud, pensiones y riesgos profesionales), con más de seis millones de usuarios y beneficiarios, se requiere que el consejo directivo conforme una terna para que el Presidente de la República seleccione al funcionario. Generalmente el gobierno forma la terna y los miembros del consejo la aprueban.

En octubre del año pasado el consejo directivo conformó la primera terna para presidente del Seguro, en el que tienen asiento representantes del sector privado, los trabajadores, los empresarios y el gobierno, entre otros. Tras varias diferencias, quedó conformada por Juan Carlos Camargo, quien venía del sector financiero y la Lotería de Bogotá, el ex superintendente Emilio José Archila, y Clemencia Pinzón, gerente de un hospital del Distrito.

Para nadie era un secreto que el candidato del gobierno y de un importante grupo de parlamentarios era Camargo, a quien incluso le preguntaron antes de incluirlo. La terna fue enviada al Palacio de Nariño y Camargo, prácticamente nombrado, alcanzó a reunirse con funcionarios del Estado, con políticos y a pensar en solucionar algunos de los retos más importantes del Seguro.

Pero los días fueron pasando. El falso rumor de que la Superbancaria, que lo debe posesionar como representante legal en el área de pensiones, imputaría su designación, unido a la falta de decisión del presidente Álvaro Uribe lo llevaron a renunciar a la terna el 14 de diciembre pasado.

Así terminó 2004, con seis meses sin presidente en propiedad y con una de las interinidades más sorprendentes de la historia del Seguro. En lo que va corrido de 2005 el panorama no parece mejorar. El martes pasado el ministro Diego Palacio citó al consejo directivo y propuso una nueva terna: el candidato del gobierno, Jorge Alberto Serna Jaramillo, gerente liquidador del Inurbe; Óscar Paredes, ex director del Fondo Nacional del Ahorro, e Iván Daza.

Algunos miembros del consejo le pidieron que buscara candidatos que no vinieran recomendados de los políticos sino que tuvieran la capacidad para sacar a la empresa del vacío en el que se encuentra. Lo anecdótico fue que un miembro le recordó al Ministro que por equidad de género, en la terna tenía que haber una mujer, mientras que otro cuestionó la exclusión de Gilberto Quinche, actual presidente encargado.

A la pregunta del Ministro de a quién sacaban de la lista para incluir a una mujer, la mayoría dijo que a Serna Jaramillo, frente a lo que Palacio decidió levantar la sesión para el viernes, pero esta no se pudo realizar pues el Ministro tuvo que viajar a Cartagena a las negociaciones del TLC y a reunirse con el presidente Uribe.

Y mientras que el gobierno sigue sumando registros en el libro de los récords de los nombramientos más demorados en la historia de Colombia, junto al director de la Red de Solidaridad y del Archivo Nacional, las dificultades y las decisiones de fondo en el Seguro no dan espera, en especial en el tema de pensiones y salud.

Lo que los empleados le piden al presidente Uribe en medio de su convalecencia es que defina si va a liquidar o no el Seguro, y si no es así, que le dé instrucciones urgentes al Ministro para que nombre una terna técnica de la que salga el funcionario.

Por fortuna, "los dos presidentes encargados, Elena Mesa, quien dejó el cargo el mes pasado, y el actual, Gilberto Quinche, han sido personas que vienen de la entidad, que han continuado el proceso de reestructuración y han hecho cambios importantes, pero la entidad requiere una cabeza en firme que enfrente los grandes problemas que hay", dijo Carlos Rodríguez, presidente de la CUT y miembro del Consejo.

El nuevo presidente, además de hacerles el quite a las órdenes de captura que hay por el incumplimiento de tutelas, tendrá varios temas prioritarios por definir.

El primero es el del tamaño del Seguro. Con la escisión que se hizo de las clínicas y centros de atención médica, la vocación de la entidad quedó hacia el aseguramiento y no hacia la prestación de servicios. Si es consecuente con esto, la nómina se deberá reducir a más de la mitad de los 3.000 empleados que tiene actualmente, y acabar con la herencia de gigantismo que la ha acompañado.

El segundo tema en importancia es el financiero. El Seguro gasta más de lo que recibe, y cada vez más el gobierno tendrá que hacer enormes desembolsos del erario público. Este año girará 3,9 billones de pesos para completar el pago de pensiones, mientras que en salud se requieren 400.000 millones de pesos para que el año no termine en crisis.

Precisamente el negocio de salud es el más amenazado. La sanción que le impuso la Superintendencia para evitar la afiliación terminó por descremar a los usuarios, es decir, las EPS privadas se llevaron a los jóvenes y sanos, y el Seguro se quedó con los más viejos y con los pacientes de alto costo.

Por eso, el nuevo funcionario tendrá que presionar al gobierno para que aplique una reciente norma que se les reconoce a las EPS que concentran un alto volumen de personas de enfermedades de alto costo (VIH-sida o insuficiencia renal) un pago adicional que ayude a compensar la carga económica de su atención. Sólo por este factor, el Seguro pierde 120.000 millones de pesos al año.

Otro de los temas importantes es el de las siete Empresas Sociales del Estado (ESE) creadas con las 37 clínicas y 240 centros de atención ambulatorio que tenía el Seguro. Algunas de estas empresas han demostrado no ser viables, otras están sobredimensionadas y otras tienen más empleados e instalaciones de las que necesitan para competir. Es necesario llevar a cabo procesos de reestructuración y cierre de centros médicos en algunas de ellas.

Aunque el Seguro Social sigue, se requiere un presidente que les genere tanto a los usuarios como a los empleados la confianza de que permanecerá. No se trata de cualquier empresa, sino de una que tiene tres millones de beneficiaros en salud, 1.850.000 cotizantes en pensiones y 250.000 empresas afiliadas a riesgos profesionales. Este humo blanco no puede esperar demasiado.

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