Vidas cruzadas

La violencia en Colombia ha dejado profundas cicatrices e historias inverosímiles. Al drama de los huérfanos y las viudas se suman el desplazamiento y el despojo de tierras.

Y aunque en el 2011 este gobierno puso en marcha la ambiciosa Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que busca el retorno a sus parcelas de todas las familias campesinas que fueron despojadas por la violencia, en la práctica el problema ha significado retos monumentales frente a casos bien particulares y complejos.

Tal como ocurre con la finca La Esperanza, un predio rural valluno que el pasado 24 de marzo fue objeto de una controversial decisión judicial dentro del proceso de restitución de tierras. ¿Por qué?

La historia parece el guión de una película. Por un lado, un exguerrillero del ELN que fue desplazado luego de ser amnistiado por el Gobierno, y por el otro, un reconocido comerciante que junto a su hijo y su hermana fueron extorsionados, amenazados y secuestrados tanto por la guerrilla como por las AUC.

Todo se descubrió en marzo pasado cuando la sala especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cali emitió un fallo en el que reconoce la calidad de víctima de la violencia del anterior dueño y ordena le sea restituida la finca que vendió hace 13 años.

Pero en el mismo fallo se aclara que el comprador de la finca y actual propietario “actuó de buena fe exento de culpa” y por tal razón el mismo fallo ordena al Fondo de la Unidad de Restitución de Tierras, el pago de una compensación de dinero a su favor por valor de 303 millones de pesos.

Es decir, por un lado la justicia le da la razón al reclamante tras alegar que debió abandonar y vender su finca debido a la violencia; pero también se la da al propietario actual, al considerarlo comprador de buena fe, a tal extremo de ordenar que el Estado lo compense.

Para algunos, este caso es el claro ejemplo en el que la justicia actuó de manera salomónica al cobijar a la víctima del desplazamiento al devolverle su tierra, y a su vez respeta los derechos del comprador, al indemnizarlo.

Pero para otros, el caso constituye una delicada frontera que podría abrir las puertas para futuros avivatos que amparados en la Ley quieran deshacer ventas reales que hicieron en zonas golpeadas por la violencia.

A los dos protagonistas de esta historia los une La Esperanza, una bella finca de 19 hectáreas localizada en las fértiles tierras del corregimiento de Timba, zona rural de Jamundí, Valle. Es de esos territorios entre los departamentos de Valle y Cauca, bendecidos por la abundancia agrícola, especialmente cultivos de arroz y caña.

Finca la Esperanza. Foto: Archivo Particular

A esa finca llegaron en 1986 Libardo Chilito; su esposa, Nubia Ruiz, y tres hijos, tras ser beneficiarios de los programas de amnistía que lideró el gobierno de Belisario Betancur para militantes del ELN. A ellos el Incora les escrituró la finca.

Desde entonces la pareja Chilito Ruiz comenzó a trabajar la tierra, sembrar mango, cítricos y hasta montaron un criadero de peces y abrieron un reconocido balneario de pesca deportiva. Todo iba viento en popa hasta que en el 2001 empezaron a llegar hombres armados, encapuchados. Eran los paramilitares del Bloque Calima al mando de Éver Veloza, alias 'HH'.

Ese año el corregimiento de Timba se convirtió en un cuartel donde los paramilitares montaban retenes, desparecían campesinos e imponían su propia ley. Esa violencia llegó a las puertas de la pareja Chilito Ruiz el 25 de septiembre del 2001, cuando encapuchados asesinaron a Narciso Ruiz, hermano de la esposa de Chilito y por ende su cuñado. El finado Narcizo también era amnistiado del ELN y la finca donde vivía era contigua a La Esperanza.

A partir de ese día Chilito y su mujer comprendieron que no podían permanecer en la finca y así se lo hicieron saber los paramilitares a través de unos jornaleros. Fue entonces cuando Chilito decidió vender la propiedad, pagar las deudas y huir hacia Panamá en busca de nuevas oportunidades.

Todas esas angustias quedaron registradas en denuncias que el exguerrillero formuló ante la Fiscalía pero que en su momento no motivaron ninguna investigación, “pese a que yo figuraba en tres listas de paramilitares”, dijo Chilito en una de las entrevistas ante la Unidad de Restitución.

Para vender la finca Chilito se apoyó en un comisionista muy conocido de Timba a quien le manifestó que el precio mínimo de venta sería de 80 millones de pesos. Ese intermediario lo conectó con el comprador y actual propietario de la finca: Efraín de Jesús Tascón Restrepo.

Tascón Restrepo es un reconocido comerciante de Timba, donde vive de un granero de abarrotes. El negocio de la finca lo cerró en junio del 2002 por los 80 millones de pesos e irónicamente desde que compró La Esperanza, las desgracias comenzaron a llegar a su núcleo familiar.

Recibió ell primer golpe en el 2001 cuando los paramilitares que se tomaron Timba le secuestraron a su hijo Rubén Alberto Tascón, “al parecer, les caía mal porque no saludaba”, recordó el señor Tascón. Si bien su hijo ya era mayor de edad, tuvo que enfrentar el dolor de ver cómo lo sacaban de su casa por la fuerza y esposado. Tascón cuenta que le tocó moverse rápidamente y logró que no lo mataran gracias a las gestiones de un empresario de la región que tenía línea directa con los jefes paramilitares de la zona.

Pero sus desgracias continuarían y el 20 de mayo del 2004 guerrilleros del bloque móvil Arturo Ruiz de las FARC, al mando de alias 'Mamajuana', secuestraron en Timba a su hermana Marìa Esperanza Tascón Restrepo. Según una constancia de la Fiscalía, el plagio de la mujer duró 20 días y “su liberación se produjo el 10 de junio del 2004, previa cancelación de exigencias económicas negociadas entre la familia de la víctima y los delincuentes”.

Y el 2 de noviembre del 2010 el propio Tascón Restrepo vivió en carne propia la angustia del secuestro, cuando dos hombres lo abordaron a la salida de la finca La Esperanza, lo encañonaron con la intención de llevárselo, pero contó con suerte porque logró activar el botón de pánico que apaga su camioneta, una Ford Ranger modelo 1999.

Finca la Esperanza. Foto: Archivo Particular

Con ese pasado de violencia a cuestas, Chilito y Tascón volvieron a encontrarse por cuenta de La Esperanza. La justicia ya le ordenó a Tascón entregar la finca, pero él pide tiempo y que le aumenten la indemnización porque la suma ordenada por el Tribunal “no compensa lo que invertí en esa tierra que veía como mi jubilación”.

En el mismo fallo del Tribunal se aclara que la venta de la finca se hizo por un precio normal, ya que un avalúo comercial de un perito concluyó que el precio estimado de la finca para el 2002, era de 126 millones de pesos, y el señor Tascòn pagó 80 millones, valor que no genera alertas de despojo por cuanto supera el 60 % del precio comercial.

A favor del comprador también existen declaraciones ante la unidad de víctimas donde el propio vendedor y otros testigos coinciden al afirmar que Tascón Restrepo no sabía de las amenazas o situación de peligro que corría Chilito, “Y cuando él me dijo en el 2012 que estaba haciendo las vueltas para declararse víctima para acceder a unos recursos, hasta le ayudé atendiendo a los visitadores en la finca”, recordó don Efraín Tascón.

Lo grave es que problemas como el de Chilito y Tascón crecen como espuma y se están convirtiendo en un reto para la Unidad de Restitución de Tierras (URT), que hasta el 2014 sumaba un total de 72.623 solicitudes. De hecho, de las 98 compensaciones pagadas a víctimas, una decena corresponde a terceros de buena fe exentos de culpa; es decir, aquellos que compraron predios sin saber que el vendedor estaba siendo amenazado, intimidado o se sentía inseguro.

Ricardo Sabogal, director nacional de la URT, reconoce que esos casos se vienen presentando con mayor frecuencia, pero también advierte que están atentos para filtrarlos de “aquellos avivatos que quieren, a la luz de estas normas, quitarle validez a los contratos de compraventa que hicieron en el pasado”.

Añadió que prueba de esas alertas es que en la actualidad la Fiscalía investiga 120 pleitos similares donde “falsas víctimas intentan mamarse de la venta que hicieron hace años en zonas afectadas por la violencia”, dijo tras concluir que si bien hay casos que merecen toda credibilidad, no basta con demostrar que la venta del predio se hizo en una zona afectada por la violencia, “hay que probar que ese fenómeno de inseguridad afectó directamente a la víctima y que por ello vendió o abandonó su tierra”.

No hay duda de que en el caso de Chilito y Tascón fueron demostrados todos esos presupuestos, pero lo que no estaba en el libreto de las autoridades es que los involucrados resultaran ser un exguerrillero amnistiado y una víctima de las AUC.