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| 11/30/2010 12:00:00 AM

ELN: entre el debilitamiento urbano y el repliegue rural

Informe de la Corporación Nuevo Arco Iris asegura que en los últimos ocho años el ELN se ha debilitado en las zonas urbanas. No obstante, se ha mantenido sin recibir mayores golpes en su estructura debido a que el Ejército concentró sus acciones en las Farc.

En el Informe de seguridad y conflicto armado 2010, de la Corporación Nuevo Arco Iris, la investigadora Magda Paola Nuñez aduce que esta organización “pasó de agache” la ofensiva del Ejército que concentró su actividad contra las Farc durante los años de gobierno del expresidente Álvaro Uribe. El capítulo hecho por Nuñez se llama ELN: debilitamiento nacional y fortalecimiento regional.

La estrategia del ELN, “caracterizada por una organización de pequeñas estructuras y la conformación de redes de apoyo, le permitió avanzar en algunos territorios sin recibir mayores golpes como en el caso de las Farc. Pero al analizar el mapa nacional de este actor armado, se evidencia una debilidad latente en las zonas más pobladas y urbanizadas del país”, dice.

Núñez señala que en los últimos años los ataques contra la infraestructura pública, que caracterizaron a esta guerrilla en una época, han disminuido. Y que esta guerrilla se ha replegado en las zonas de frontera.

Según la investigación, el 60 por ciento de las acciones del ELN en el último año “corresponden a campos minados”.

El acuerdo con las Farc

La investigación enuncia en cuáles departamentos del país tiene presencia esta organización: Arauca, Cauca, Nariño, Chocó, Risaralda y Antioquia. En Cauca y Nariño los enfrentamientos con la fuerza pública son intensos, mientras que con las Farc llegó a un acuerdo de cese al fuego, precisamente, en esos departamentos.

Núñez advierte que el ataque al Banco Agrario en el municipio de El Tambo, Cauca, el pasado 10 de noviembre, podría ser “el comienzo de acciones conjuntas entre las dos organizaciones”. No obstante, desde el 2007 las dos guerrillas se han unido para ejecutar operaciones conjuntas.

El informe, sin embargo, reseña una advertencia del defensor del pueblo, Vólmar Pérez, quien dijo que en el departamento de Arauca los enfrentamientos entre las dos guerrillas han causado muertes de civiles, provocado accidentes por minas antipersonal, y confinamientos, entre otras consecuencias.

La versión del rompimiento del acuerdo fue refrendada por un comunicado del Estado Mayor del Décimo Frente del Bloque Oriental de las Farc que señaló que la tregua fue “destruida por el Frente Domingo Laín”, que supuestamente ingresó en territorio de las Farc y mantiene “relaciones con el Ejército”, cita el informe.

Este capítulo del informe dedica buena parte a la descripción de cómo ha sido la confrontación armada por el control del territorio en Arauca, que comenzó a finales de los 90. Para ese momento, entraron las AUC al departamento y las Farc estaban en proceso de expansión por “el cobro del gramaje de cultivos ilícitos”. La presencia de esos actores agudizó el conflicto, razón por la cual aumentaron las cifras de muertos en el departamento, a principios de la actual década.

Las operaciones militares comenzaron en el 2003 y el 2004, luego de que el Gobierno declaró zona de rehabilitación y consolidación el departamento. Esa declaratoria le dio facultades excepcionales al Ejecutivo para el combate de la subversión. No obstante, “no logró disminuir la capacidad de los grupos guerrilleros”. En el 2003 el decreto de “Estado de sitio” fue derogado.

En el 2006 comenzó una nueva confrontación entre las Farc y el ELN debido a la muerte del guerrillero conocido como alias el ‘Che’, de las Farc, a manos de alias la ‘Neca’ del ELN.

La investigadora explica la continuidad de la confrontación entre las dos organizaciones guerrilleras a partir de cuatro circunstancias: la crueldad de la guerra en ese departamento; las rentas y el control del territorio; el control de la frontera, y la independencia del Frente Domingo Laín del ELN ante el Comando Central (COCE).

Las cifras

Arauca tiene la tasa de homicidios más alta por cada 100.000 habitantes, según la Defensoría del Pueblo: 79. Según el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, ocurrieron 112 entre enero y junio del 2010.

Así mismo, la cifra de secuestro aumentó de cuatro, entre enero y junio del 2009, a 16 en ese mismo periodo en el 2010.

Según el informe, los desplazamientos han obligado a la población a tomar partido. “Las guerrillas en medio de la confrontación se dividieron el territorio y obligaron a la población a alinearse con uno u otro grupo armado”, indica.

La investigación de Núñez señala que la población civil, que es finalmente la que sufre con mayor rigor los efectos del conflicto armado, percibió la declaración de Arauca como zona de rehabilitación “de manera adversa”, pues aunque intentó la recuperación del territorio por la fuerza, no se interesó por “el mejoramiento en sus condiciones de vida”.

También señala que la “consolidación institucional” es un proyecto en ciernes, pues gobernadores, alcaldes y otros funcionarios se han visto salpicados en investigaciones, ya por sus alianzas con grupos ilegales o por malversación de fondos.

A la desconfianza en las instituciones provocada por los yerros de los gobernantes se suma la que generan hechos como el que ocurrió hace unas semanas cuando se conoció que una niña fue violada por cuenta de agentes del Ejército.

“La desconfianza y el temor crecen aún más cuando son los miembros de la fuerza pública, encargados de proteger y salvaguardar el Estado Social de Derecho, quienes cometen estos hechos de violencia en contra de la población civil”, indicó el informe.

Al final, en la parte de conclusiones del informe, la investigadora advierte que “si bien la confrontación armada del Estado ha mostrado resultados positivos en diezmar las guerrillas, luego de ocho años de confrontación armada las estructuras se mantienen y la afectación sobre la población civil persiste”.
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