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| 5/17/2017 7:44:00 AM

“Embajador de Colombia en Venezuela no volverá por el momento”: Holguín

La Cancillería se mantiene firme en su propósito de abogar para que en el vecino país consigan una solución pacífica y democrática, por eso pedirá en el encuentro de la OEA una reunión de presidentes de Unasur para “fijar posición”.

Mientras en Venezuela la Fiscalía anunciaba que 42 personas perdieron su vida en medio de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, la canciller María Ángela Holguín anunciaba en el Senado que el embajador en Caracas, Ricardo Lozano, no retornará por el momento al vecino país.

Así las cosas, el diplomático, que fue llamado a Colombia desde el 31 de marzo, seguirá en Bogotá "en consultas". Esta decisión la tomó la canciller luego de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela asumió las competencias del Parlamento.

Desde ese entonces las calles de Venezuela han sido testigos de multitudinarias protestas, muchas de ellas transformadas en disturbios. Han transcurrido seis semanas y en ese tiempo Colombia ha llamado al respeto de los derechos humanos en repetidas ocasiones.

De hecho el pasado jueves los gobiernos de Colombia, Brasil, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Argentina, México y Paraguay emitieron un comunicado en el que señalan que deploran “el deterioro de la situación interna y el recrudecimiento de la violencia en la República Bolivariana de Venezuela, que desde el 6 de abril ha dejado un creciente número de muertos y cientos de heridos”.

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"Condenamos el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades venezolanas contra la población civil que marcha para protestar contra las medidas del gobierno que afectan la estabilidad democrática, polarizan aún más a la sociedad venezolana y ocasionan la pérdida de vidas humanas, en su mayoría de personas jóvenes", aseguran en la nota.

Dichas acciones no han caído bien en el gobierno venezolano. El presidente Maduro y su canciller Delcy Rodríguez le han dicho a Colombia que no quieren injerencia en su país. Sin embargo, esto no ha frenado el llamado del gobierno colombiano para que cese la violencia y se garantice el derecho a la manifestación pacífica.

Holguín lo ratificó durante su intervención en el senado el pasado martes. Detalló que pedirán "en las próximas semanas" en el encuentro de la Organización de Estados Americanos (OEA) "una reunión de presidentes de Unasur para que se fije una posición frente a Venezuela". El objetivo será que "se miren los caminos que lleven a que ese país pueda encontrar una salida democrática y pacífica".

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Las declaraciones de la canciller se dieron en medio del debate de control político que promovió el Centro Democrático sobre el tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos y el caso del exministro Andrés Felipe Arias, quien se encuentra en libertad bajo fianza.

El partido aprovechó el momento para hablar sobre la crisis en Venezuela y presentó una denuncia de 58 páginas contra el presidente Maduro para acusarlo ante la Corte Penal Internacional (CPI) por "delitos internacionales".

El documento de la denuncia argumenta que Venezuela es un Estado parte del Estatuto de Roma y miembro de la CPI, por lo que "ante las flagrantes violaciones de derechos humanos y la comisión de crímenes de derecho internacional por parte de Nicolás Maduro, él, en su calidad de jefe de Estado y comandante de las Fuerzas Armadas venezolanas, es sujeto de la jurisdicción de esa Corte".

"Los Estados pueden presentar denuncias, pero también lo pueden hacer los poderes públicos ante la ausencia de un compromiso formal del Estado", dijo el senador Iván Duque, que presentó la iniciativa tras llevarla ante la plenaria del Senado.

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Duque se preguntó qué harían el resto de senadores "si ven al vecino suyo golpear sistemáticamente, todos los días, a su esposa, amarrar a sus hijos a sus camas o privarles de la alimentación".

"Yo no creo que ustedes seguirían simplemente manejando las buenas formas. Porque es deber ciudadano denunciar", agregó.

En este sentido, Duque insistió en que "la libre determinación de los pueblos no es una patente de corso para hacerse el de la vista gorda con lo que está pasando en un país vecino". Al final 60 senadores apoyaron la denuncia.

Con información de EFE

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