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| 7/2/2014 12:00:00 AM

“Morelli hizo una gestión antieconómica e ineficiente”

Así lo dijo a Semana.com la auditora general, Laura Marulanda, tras anunciar los hallazgos en el caso de la contralora general.

La contralora Sandra Morelli acaba de recibir uno de los mayores golpes de su administración. Este miércoles la auditora general de la República, Laura Emilse Marulanda, anunció hallazgos disciplinarios, administrativos, penales y fiscales, que superan los 76.400 millones de pesos.

Todo por la firma del famoso contrato de arrendamiento del edificio donde se trasladó el organismo de control en la zona de Ciudad Salitre, en el occidente de Bogotá.

En un comunicado la Auditoría General explicó que la Contraloría y el Ministerio de Hacienda habían acordado el traslado temporal del organismo de control, mientras se adecuaba y modernizaba la antigua Torre Colseguros y el edificio cardenal Crisanto Luque, antiguas sedes de la Contraloría.

Sin embargo, estas acciones no se llevaron a cabo y, por el contrario, la Contralora terminó vendiendo las viejas edificaciones por 12.000 millones de pesos, cuando su avalúo catastral ascendía a 34.000 millones de pesos.

Pero la contralora, según la Auditoría, jamás demostró por qué razón vendió el bien, aun cuando estudios consideraban que no presentaba problemas importantes de estructura o de sismoresistencia.

Según se ha conocido, el arriendo de la nueva edificación donde se trasladó la Contraloría fue de 2.600 millones de pesos mensuales y los costos generales en los que ha incurrido la entidad es de 76.400 millones pesos. “La contralora hizo una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente”, dijo Marulanda a Semana.com.

“Los recursos públicos destinados al pago de los contratos de arrendamiento de la nueva sede y los contratos conexos (trasteo, avalúo del edificio del complejo de Gran Estación, rediseño de la instalación del cableado estructural en el edifico Gran Estación, entre otros) no cumplieron, en criterio de la Auditoría General, con el fin propuesto, generando un presunto detrimento patrimonial superior a 54.091 millones”, dice la entidad en su informe.

La Auditoría también encontró que no existieron elementos de juicio que permitieran demostrar que resultaba más costoso adecuar las antiguas sedes del edificio Colseguros que pagar el arrendamiento de la nueva sede o adquirir una nueva.

¿Quién paga por este detrimento? La propia contralora y los subalternos que firmaron los contratos. Es por eso que la Auditoría está pensando en que cuando termine el proceso podrían ser embargados los bienes de Morelli.

Pero hay más. El ente de control “también encontró que la Contraloría en su traslado a su nueva sede no llevó consigo bienes muebles que se encontraban en buen estado, dejándolos en las sedes de la Torre Colseguros y Edificio Cardenal Crisanto Luque, desde hace 22 meses, lo que evidencia una posible pérdida, daño o deterioro por causas distintas al desgaste natural por valor de 122,3 millones de pesos correspondiente al saldo en libros pendiente por depreciar de esos bienes”, dice el informe.

La auditora general le dijo a este portal que sería la Fiscalía y la Procuraduría las que estimen conveniente abrir o no investigaciones por este detrimento.

Pero la Contralora podrá recibir otro golpe. La Auditoría General la citó para el próximo 30 de julio para formularle auto de apertura e imputación en un proceso de responsabilidad por un hecho mucho menor pero igual de comprometedor: la utilización de dineros públicos para suministro de combustible de su vehículo personal.

El valor de esa presunta conducta está por establecerse. Pero aquí, más que el valor económico, es el compromiso ético y de moralidad de una funcionaria que, como Morelli, debe cuidar sagradamente los recursos del Estado. Ese proceso, sin embargo, apenas comienza y la saliente contralora tendrá la oportunidad de defenderse.
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