La reunión entre Juan Manuel Santos y la CIDH

Durante una reunión a puerta cerrada este jueves en la Casa de Nariño, el presidente Juan Manuel Santos habló con una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el encuentro, el organismo hemisférico manifestó su apoyo al proceso de paz y le entregó al gobierno su cuarto informe: nuevamente, Colombia quedó por fuera de la ‘lista negra’ de países que violan los derechos humanos.

Uno de los puntos clave del documento es que la CIDH señala que al ser el conflicto armado una de las principales causas de la violación de los derechos humanos, es importante contribuir a los diálogos en La Habana. Como lo señaló el embajador ante la OEA, Andrés González, “es evidente que si se logra desarticular el conflicto, habremos dado uno de los pasos más relevantes en materia de solución a los derechos humanos”.

SEMANA habló en primicia con el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez, acerca de los detalles del encuentro con el gobierno.

SEMANA: ¿Cuáles fueron las principales conclusiones de la reunión?

Emilio Álvarez: La idea era entregarle al presidente Santos, en su condición de jefe de Estado, el informe que fue producto de la visita de diciembre de 2012. La Comisión trabajó después durante todo 2013 con información adicional que nos reenvío el Estado, con informaciones de la sociedad civil, con audiencias, y en diciembre de 2013 se aprobó el informe. Y también le explicamos que sabemos que hay cosas que han seguido pasando, hay decisiones de la Corte Constitucional, hay políticas públicas, hay avances en el proceso de paz y que ahora el gobierno dispone de cuatro meses para contestar cómo piensa atender las recomendaciones que vienen en el informe.

SEMANA: ¿Cuáles son los puntos clave del documento?

E.A.: El informe reconoce el carácter primario del conflicto armado en Colombia como fuente de generación de violencia y violación a los derechos humanos y también resalta los esfuerzos del Estado por construir una paz estable y duradera. La Comisión considera que esa paz también debe apoyarse en los derechos humanos. En ese sentido, el informe es una contribución de la Comisión, no sólo a las políticas públicas que desarrolla el estado, sino que creemos que puede ser un insumo a este proceso de diálogo de paz, porque en realidad es un proceso en marcha.

Estamos ante un conflicto vivo, latente y caliente y eso es una característica muy especial. Este es el cuarto informe y toca en detalle temas que tienen que ver, por ejemplo, con el marco legal, el desplazamiento interno o afectaciones al derecho a la vida o a la integridad personal. Siguen presentándose denuncias de ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones forzadas, disminución pero presencia de falsos positivos o el fenómeno de cómo la guerra en esta condición de espiral de violencia afecta a grupos en condición de vulnerabilidad. Por ejemplo, lo que pasó con las poblaciones afros, indígenas, LGBTI y defensores de derechos humanos. Entonces el documento contiene una serie de recomendaciones para que el presidente Santos mande un mensaje de cumplimiento e implementación.

SEMANA: ¿Cómo se va a materializar esa cooperación al proceso de paz? ¿Ustedes van a dialogar con los miembros negociadores de La Habana?

E. A.: Tuvimos una reunión con el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, y se habló en el encuentro con el presidente que la Comisión estaba dispuesta y comprometida a acompañar el proceso que vive Colombia y una de las posibilidades que se mencionó es que en su momento, si hay condiciones en octubre, el alto comisionado pueda estar en Washington con el pleno de la Comisión. Ojalá que se llegue a un acuerdo, a una solución política que los colombianos tendrán que refrendar, para ir dialogando y generar mecanismos de acompañamiento.

SEMANA: Si la reunión de octubre se llega a dar, ¿Qué se va a discutir?

E. A.: El comisionado fue muy claro para decirnos que hay cosas que no puede compartir de las negociaciones de paz. Pero por ejemplo, la Comisión tiene una práctica consolidada en todos los temas que se refieren a reparación. Entonces ¿Cuál ha sido la experiencia de reparación en otros países? ¿Qué ha pasado en casos como Perú, Argentina, Chile, México en lo que tiene que ver con mecanismos de justicia transicional? Este tipo de aprendizajes podrán ser compartidos en el caso colombiano.

La Comisión tiene prácticas, estándares, jurisprudencia consolidada, que pueden ser muy útiles y recibimos con mucho beneplácito que haya habido una primera intervención de las víctimas en un proceso directamente en la mesa de negociación. Que se les escuche directamente a las víctimas es un gesto muy valioso a nivel simbólico, político y jurídico. Es la aproximación al dolor. Toma rostro el dolor de la guerra que a veces parece invisible. Así que si eventualmente se llega a dar el encuentro en octubre, podremos poner sobre la mesa lo que la Comisión ha trabajado en otros países.

SEMANA: ¿Cómo ven el tema de la priorización en el juzgamiento de los crímenes? ¿Ustedes creen que ese debe ser el modelo para este proceso?

E. A.: La priorización no se ve en sí misma como un hecho que sea contrario a la CIDH. El llamado que hace la Comisión es para que se atiendan las violaciones a los derechos humanos y no se generen condiciones de reproducción de impunidad. Esa es la principal preocupación. Colombia tendrá que encontrar su propio modelo para la justicia transicional. No ha habido un modelo igual porque no hay un país igual. La Comisión no considera compatible con la Comisión Americana las leyes de amnistía. Ha habido casos explícitos en Perú, Guatemala, Argentina y Uruguay. De manera que la Comisión no sustituye a los actores colombianos, sino complementa. Por eso nuestra idea es acompañar.

SEMANA: ¿Hasta donde les permitirá el gobierno llegar con ese acompañamiento?

E. A.: Yo creo que el hecho de aceptar la visita fue visto como un gesto de cooperación de la Comisión bajo el entendimiento de quien es cada quien. A la Comisión no le corresponde sustituir, entonces no creo que el dilema sea hasta donde contribuiremos, sino como contribuiremos.

SEMANA: ¿Cómo va contribuir la Comisión en la búsqueda del equilibrio entre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición?

E. A.: El primer aporte es el informe. Y lo que vamos tener en estos próximos meses es un ejercicio más dinámico de diálogo a partir de los estándares de la Comisión y poder generar en este tipo de reuniones un proceso en el que el gobierno transmita sus preocupaciones, sus límites y realidades y la Comisión tratar de buscar formas de cooperar.

SEMANA: ¿Qué aspectos no van bien en el país según el informe?

E. A.: Nos preocupa el tema de la impunidad, nos preocupa el tema del marco que se ha trabajado de justicia y paz y que no se avance de manera más acelerada en la ubicación de algunos responsables. Nos preocupa que haya algunas prácticas que dan continuidad con realidades del pasado, entonces la Comisión no ahonda en la discusión sobre las Bacrim, sino que dice que hay ciertos elementos de continuidad.

SEMANA: ¿En qué quedaron con el presidente?

E. A.: Estamos esperando a que nos conteste el informe y por supuesto vamos a tener un mecanismo de seguimiento a través de la embajada, de la cancillería. Eventualmente nos veremos en octubre y continuar a partir de este seguimiento ejecutivo las posibilidades de un acompañamiento.