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La finca Criadero-Rancho La Fe en Sahagún, Córdoba, de propiedad de Tapia. | Foto: Cortesía Fiscalía

PROCESO

Los $41.000 millones que perdería Emilio Tapia

Semana.com conoció que el contratista estaría dispuesto a perder gran parte de su fortuna a cambio de una rebaja de pena.

13 de marzo de 2015

La aspiración del excontratista Emilio Tapia de volver oficialmente a la cárcel La Picota, para dejar atrás los rigores del complejo penitenciario de alta seguridad de Cómbita (Boyacá), hasta ahora ha sido fracasada. Una parranda vallenata tras las rejas, una pequeña muestra de su talante de excesos, le significó el -en apariencia- duro castigo.


Sin embargo, no es tanto lo que ha sufrido. El protagonista del ‘carrusel’ de contratos en Bogotá es un asiduo del búnker de la Fiscalía en Bogotá desde hace mes y medio -de hecho, ha podido brevemente reencontrarse con sus ‘compadres´ en La Picota-, donde asiste varias veces a la semana y sostiene conversaciones con los fiscales del caso.

En ellas busca beneficios jurídicos en varios procesos relacionados al ‘carrusel’: una rebaja sustancial en su pena, todavía pendiente de imponerse. Paralelamente, la Dirección de extinción de dominio avanza en su trabajo contra Tapia y le ha embargado bienes y participaciones en empresas por un valor de 41.000 millones de pesos.

El afectado, según conoció Semana.com, habría anunciado su intención de renunciar a dicho peculio y mantener su colaboración con la Justicia. Los representantes del ente acusador buscan ofrecer beneficios a Tapia que estén acordes con la ley, con lo que se puede seguir desentrañando este escándalo, del que todavía queda mucha tela por cortar.

En plata blanca, se trata de tres apartamentos en Bogotá, dos fincas en Sahagún (Córdoba) -una conocida como Criadero-Rancho La Fe, donde tenía sus preciados caballos- y un lote en Tabio (Cundinamarca). También la Fiscalía conoce de la participación del señalado en 12 sociedades, algunas de las que sirvieron para canalizar los anticipos de las obras civiles en Bogotá que él controló y desde donde también se giraban coimas a servidores públicos.







En el caso de firmas como Temach Equipos y Temach Groups, el ente acusador encontró que si bien eran sociedades que no figuraban a nombre de Tapia, las pruebas demuestran que sí eran manejadas por el excontratista.


Según se ha podido establecer con fuentes del proceso, Tapia busca un principio de oportunidad por el delito de lavado de activos y un preacuerdo con aceptación de cargos por los otros tres delitos (concierto para delinquir, cohecho e interés ilícito en la celebración de contratos), por los que podría pagar hasta 15 años de cárcel. Un juez dirá si el trato, de alcanzarse, es válido para la Justicia.