Home

Nación

Artículo

| Foto: SEMANA

CARRUSEL

Condenan a Emilio Tapia, esta vez por enriquecimiento ilícito

El excontratista, que había aceptado el delito, queda expuesto a una pena de hasta seis años; queda pendiente el cargo de lavado de activos.

26 de junio de 2015

Este viernes fue clave para Emilio Tapia en su estrategia de morigerar la gravedad de su situación penal por cuenta de los procesos que se le siguen por el ‘carrusel’ de contratos de Bogotá. El excontratista logró una significativa rebaja de pena por el delito de enriquecimiento ilícito por el que fue condenado.

Aún hace falta que la jueza Quinta Especializada que acogió la aceptación de Tapia dicte la sentencia que no superaría seis años de cárcel. De haberse ido a juicio, la pena habría sido de hasta 13 años.

Esta decisión se suma a otras dos en su contra por los delitos de cohecho, concierto para delinquir y peculado por apropiación. Por la primera conducta, la única en la que se le ha impuesto pena, deberá pagar tres años. 

Aún le queda una deuda con la justicia por el delito de lavado de activos. Precisamente este último lo mantiene tras las rejas en la cárcel de Cómbita (Boyacá) y le podría dar de 10 a 12 años de prisión.

Según la jueza, la Fiscalía logró demostrar que el excontratista incrementó de manera injustificada su patrimonio, en relación de las múltiples “maniobras” para el manejo de 'coimas' por la adjudicación de millonarios contratos en el Distrito.

Advirtió la togada que Tapia no pudo demostrar el origen de sus recursos, que representan propiedades por valor de 41.000 millones de pesos.

Dentro de ellas se destacan cerca de 24 bienes en distintas ciudades, automóviles de lujo, apartamentos, haciendas y fincas en distintas partes del país, los cuales en este momento están en propiedad del Estado, por cuenta de su procedencia dudosa.

Igualmente advirtió la juez que Tapia fue el protagonista de un concierto para delinquir junto con el entonces alcalde de Bogotá, Samuel Moreno; su hermano, el senador Iván Morano Rojas; el asesor jurídico del grupo Nule, Álvaro Dávila, y el contratista Julio Gómez, con el que logró la entrega de multimillonarios contratos viales del Distrito a cambio de una millonaria comisión.

En la audiencia la jueza resaltó en varias oportunidades "los graves daños que el excontratista Emilio Tapia causó al patrimonio público, mientras que la Fiscalía y la Procuraduría dijeron que, con sus actuaciones, "afectó las finanzas del Distrito para conseguir contratos de malla vial a su favor".