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| 2/25/2014 12:00:00 AM

Los problemas de Emilio Tapia y sus testaferros

Una mujer sería la tercera persona implicada en el ocultamiento de dineros.

Volquetas, contratos en algunos municipios de los departamentos de Córdoba y Cesar, una cuenta bancaria en Suiza, terrenos, vehículos, dos empresas, una casa en el norte de Bogotá y hasta caballos son algunos de los bienes y activos con los que la Fiscalía pretende demostrar que el excontratista Emilio José Tapia Aldana está dedicado a lavar activos.

Aunque en el momento de la captura de Tapia altas fuetes del ente investigador dieron a conocer que entre las propiedades del excontratista había aviones y helicópteros, durante la imputación nunca se pronunciaron dichos bienes.

La Fiscalía señaló que “Tapia desde el 2008 hasta la fecha en diferentes regiones del país de manera permanente invirtió en dos empresas y les dio apariencia de legalidad a dineros a través de sociedades creadas a nombre de Carlos Augusto Joly Herrera y Jesús Davis Herrera”, quienes serían sus testaferros.

También se dijo en la imputación que el excontratista ha administrado el dinero recibido producto de la actividad ilícita, para luego ser llevado a cuentas en el exterior, o que también se entregaba a diferentes funcionarios de las administración de Bogotá de manera irregular.

La Fiscalía dijo que Tapia tiene entre sus propiedades una finca Sahagún (Córdoba). El ente acusador aseguró que los bienes fueron adquiridos en su totalidad con recursos que tienen origen en delitos cometidos contra la administración pública, cuando Samuel Moreno fue alcalde de Bogotá y su hermano Iván era senador. “Conductas atentatorias dentro de los contratos estatales para la elaboración de obras viales, como por ejemplo la vía entre Bosconia y Valledupar, y la Ruta del Sol”, dijo la fiscal.

Durante los allanamientos de este lunes a las propiedades familiares y personales de Tapia en Bogotá, Valledupar, Montería y Sahagún, la Fiscalía ocupó una lujosa casa en el conjunto residencial Los Nogales, en la zona de Guaymaral, en la capital del país, lugar en el que vive el excontratista. Allí al parecer fueron incautados computadores, memorias USB y libros contables que hoy hacen parte de las pruebas en el proceso contra el excontratista. Diligencias decretadas ilegales por el juez en una audiencia reservada, al parecer por un mal procedimiento.

El otro capturado

También fue detenido por los hechos Carlos Augusto Joly Herrera, de 34 años, quien sería el primer testaferro de Tapia. Las indagaciones lo señalan como la persona que figuraba como propietario de bienes que en realidad pertenecen al excontratista. La Fiscalía ordena la captura por adquirir, invertir e intentar dar apariencia de legalidad a activos conseguidos al parecer de manera irregular.

“En diferentes regiones del país desde el 2008 a la fecha, usted Carlos Augusto Joly Herrera, ha ocultado el dinero y los bienes, además ha prestado su nombre para la constitución de empresas que en realidad eran controladas por Emilio Tapia”, dijo la fiscal, a lo que añadió que se prestó para entregar “dinero de las comisiones y de los contratos adjudicados irregularmente”, señaló la Fiscalía.

El segundo presunto testaferro es Jesús David Sierra Aldana, primo de Tapia y quien se encuentra prófugo de la justicia luego que el juez 22 de control de garantías ordenó su captura. Sierra es oriundo de Medellín. La Fiscalía tiene claro que fue la persona que realizó diferentes transacciones para ocultar los dineros conseguidos de manera ilegal dentro del llamado ‘carrusel de la contratación’. En su caso y en el de Joly, se les procesará por lavado de activos.

Interceptaciones telefónicas realizadas a Tapia al parecer fueron la base de la indagación con la que el ente investigador pudo conocer la forma como el excontratista dio la orden de vender algunas de propiedades registradas a nombres de terceros.

En el proceso el ente investigador además se encuentra tras el rastro de una mujer, de quien no se revela el nombre para no entorpecer el proceso, que sería la tercera persona utilizada como testaferro. Al parecer, ella se encargaría de ocultar el dinero conseguido irregularmente para invertirlo en propiedades.

Por su parte, el abogado Jesús Albeiro Yepes, defensor de Tapia, aseguró que la captura contra su prohijado es una clara violación al debido proceso, pues según el jurista, pasaron muchas horas sin que se le diera a conocer los detalles de la investigación que llevaron a la captura.

“No sabemos qué pretende la Fiscalía, se le está vulnerando el derecho al debido proceso al señor Emilio Tapia”, dijo el abogado, al tiempo que aseguró que es ilegal la detención porque su cliente tiene una inmunidad que le entrega el haber firmado un principio de oportunidad y un preacuerdo.

“Me preocupa la situación jurídica, su situación personal, su seguridad personal, las de su familia y las otras personas que han sido capturadas. La situación es incierta, es indescifrable para mí como defensor”, dijo.

Tapia había celebrado un preacuerdo con el ente investigador por los delitos de cohecho, concierto para delinquir y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, a cambio de colaboración, y como beneficio recibiría una condena que no superaba 13 años de detención domiciliaria. Este acuerdo fue retirado por la Fiscalía este lunes. Ahora se enfrenta a que se le procese por esas conductas, más la de lavado de activos, lo que lo podría llevar a purgar 25 años de prisión.

El polémico contratista además había logrado un principio de oportunidad con la Fiscalía por peculado, que tiene vencimiento el próximo 28 de febrero y se valorará qué tan viable es prorrogarlo. También deberá decir Tapia si quiere continuar colaborando. El procesado fue el primero en querer negociar con la justicia y desde entonces ha entregado información que ha tocado a los hermanos Iván y Samuel Moreno, excontratistas, funcionarios y demás procesados. Fuentes del ente acusador señalaron que si bien la información entregada ha sido importante, no es imprescindible como para obligarse a mantener el acuerdo.

En la noche de este martes la Fiscalía solicitaba al juez 27 de control de garantías que se privara de la libertad a los dos procesados. Tapia manifestó ante los medios de comunicación que “no aceptará los cargos y que su captura le parece una traición de la Fiscalía”.

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