Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

| 5/8/2015 9:00:00 PM

Las contradictorias penas de la justicia

Al mismo tiempo que Emilio Tapia fue condenado a tres años por el carrusel de la contratación, el ladrón del libro de Gabo podría pasar 20 años preso. ¿Por qué?

Pareciera que últimamente hay una sentencia que levanta toda una polvareda en la opinión pública cada semana. El turno de la más reciente fue para Emilio Tapia. El contratista cordobés, uno de los responsables del mayor desfalco de la capital en su historia, fue condenado a tan solo 37 meses y seis días de cárcel. La cifra pareció escandalosa para muchos por lo baja. Por eso en la radio, en los blogs y en los comentarios de la prensa durante varios días muchos se preguntaban cómo era posible que mientras que quien se robó el primer ejemplar del libro de Gabo o los alfiles del uribismo estén al borde de penas de 20 años, un ladrón de cuello blanco pudiera sacarla tan barata.

Pero Emilio Tapia está lejos de tener esa suerte. Su condena verdaderamente no es “poquita”. Hay dos razones de peso para esos tres años. La primera es que esa sentencia apenas resuelve uno de los tres procesos penales que hay en su contra. La segunda es que Tapia podría recibir beneficios por su colaboración con la justicia, es decir, a cambio de que se convierta en el testigo estrella para desenredar la maraña de comisiones y marrullas entre los particulares y funcionarios públicos que configuraban ese carrusel.

La lista de deudas del contratista con la justicia es bastante larga y como reconoce su abogado, el penalista Jesús Albeiro Yepes, “contrario a lo que la gente dice, nada será fácil para Emilio Tapia”. Por cuenta de su participación en el carrusel de la contratación en un principio la Fiscalía le había imputado una lista larga de delitos: concierto para delinquir, cohecho, interés ilícito en la celebración de contratos y peculado.

Con esa bolsa de acusaciones la Fiscalía comenzó a negociar. El primer delito que le quitaron fue el peculado. A cambio de su testimonio en varios procesos –especialmente en el de Iván Moreno ante la Corte Suprema-, a Tapia le otorgaron un principio de oportunidad por ese cargo, con el cual se cerró la investigación.

El segundo delito fue el que se resolvió la semana pasada: concierto para delinquir. En este Tapia acordó allanarse a los cargos, es decir reconocer que es culpable de modo que la justicia no tenga que desgastarse en una investigación.  El sistema penal acusatorio premia a quien hace esto con hasta el 50 por ciento de rebaja de la pena. A Tapia no le dieron ese 50 por ciento, sino el 40. El juez calculo ese beneficio con base al máximo del delito que le imputaban que era de 63 meses. Y de ahí salieron los tres años que han conmocionado al país.

Pero este era solo el proceso más sencillo de los que Tapia tiene en su contra. Le queda uno por cohecho e interés ilícito en la celebración de contratos, en el que la pena mínima podría ser de ocho años. Y otro, por lavado de activos, que es un delito aún más grave. Este último se lo abrió la Fiscalía después del escándalo por las parrandas que se realizaron en La Picota, por lo cual también lo trasladaron a Cómbita. Esta semana el Inpec lo absolvió disciplinariamente por su participación en una de ellas, la de las Mercedes, el día de los presos.  

El caso de Emilio Tapia es quizás uno de los que mejor ejemplifica el modelo de justicia oral que adoptó el país hace casi diez años. Con este se buscó que, al mejor estilo de los programas de abogados gringos, se pudiera premiar a quienes colaboren con las autoridades, sobre todo cuando se trata de desmantelar grandes redes criminales. Esos beneficios no suelen entregárselos a las personas que son inocentes -pues estas buscan probar esto en el juicio- sino precisamente a los que son culpables.

Tapia decidió jugarle a ese modelo y se convirtió en el testigo clave del carrusel. Sin su testimonio difícilmente la Corte Suprema hubiera podido condenar a Iván Moreno y muy probablemente otro juez tampoco logrará hacer lo mismo con su hermano Samuel. En parte gracias a lo que el “sopló” vincularon al proceso al ex secretario de salud Héctor Zambrano, a más de cinco concejales, al abogado Álvaro Dávila y a los funcionarios del Idu. No será un testigo perfecto. Se ha dicho que ha ocultado bienes y se tomó la cárcel para hacer parrandas, pero seguramente aún le falta mucho por contar. Ha asegurado que abrió el capítulo de Bogotá, pero que conoce de cómo se mueve ese oscuro mundo de la contratación en todo el país. ¿Qué tanto le perdonará el país a cambio de esos secretos?
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1839

PORTADA

Odebrecht: ¡Crecen los tentáculos!

Las nuevas revelaciones del escándalo sacuden al Congreso y al director de la ANI. Con la nueva situación cambia el ajedrez político al comenzar la campaña electoral.