Martes, 2 de septiembre de 2014

EMPEZO LA OPOSICION

| 1986/09/22 00:00

EMPEZO LA OPOSICION

El Congreso, escenario del primer round entre el gobierno y la oposición conservadora.

Y finalmente, la semana pasada, comenzó la oposición. En 11 que fue llamado el "primer round" o "el bautizo de fuego", el ministro de Gobierno, Fernando Cepeda, debió enfrentar sucesivos debates en la Cámara y el Senado sobre, precisamente, el tema del recién nacido binomio gobierno-oposición.
Aunque la opinión pública esperaba que el comienzo de este experimento estuviera lleno de episodios candentes, el primer gran debate con la oposición no resultó tan emocionante como se había calculado.
El martes en la noche, al final de la sesión, por encima de las grandes diferencias que suscitaba el tema tratado, existía un consenso: que el citante -el ex ministro Jaime Arias- y los demás conservadores que participaron en el debate, no estuvieron a la altura del momento político. Y esto permitió que Cepeda los despachara, si no rápido -la sesión duró más de cinco horas- sí con relativa facilidad.
La estrategia del ministro de Gobierno fue sencilla: dividió para reinar. Para ello, aprovechó las contradicciones entre Arias y el representante antioqueño Fabio Valencia Cossio (o Cossío, como lo llamó Cepeda, ante la hilaridad de los parlamentarios presentes): mientras Arias había presentado al presidente Virgilio Barco como cabeza de un gobierno imperial y omnipotente, Valencia lo había acusado de haber sido manipulado por los directorios políticos para el nombramiento de gobernadores. Cepeda, con la escuela y la espuela de un experimentado catedrático, dilató la discusión alegando que debían ponerse primero de acuerdo. Y aunque los conservadores intentaron hacerlo patinar también a él en sus propias contradicciones, para lo cual se basaron en afirmaciones hechas por Cepeda en viejas columnas periodísticas, este cerró la discusión con una frase definitiva: "El gobierno no puede ser responsable de lo que yo dije en 1979". Como dice el viejo refrán, que en pelea de dos un tercero saca tajada, el que terminó luciéndose fue Braulio Herrera, el representante de la Unión Patriótica que estrenó curul ese día, como lo reconoció la mayoría de los presentes.

EL SEGUNDO TIEMPO
Aunque el debate en el Senado, que se llevó a cabo al día siguiente, no fue tan lánguido como el de la Cámara, tampoco respondió a las expectativas que eran mayores, debido a que el citante, el senador Alvaro Leyva, había anunciado que se venía con una "gorda": la acusación de que el presidente Barco había violado la Constitución.
En un principio Leyva se lució. Haciendo gala de erudición y de un gran trabajo de investigación histórica, se remontó a los más lejanos orígenes del artículo 120 de la Constitución, y en particular de la fórmula de "participación adecuada y equitativa", para demostrar que el espíritu de esta norma había sido consignado en la Constitución para que trascendiera el Frente Nacional y rigiera para siempre.
Sin embargo, cuando llegó al punto central de su argumentación, en el sentido de que el Presidente había violado la Constitución al excluir a los conservadores de la composición del gobierno, no fue capaz de demostrarlo. Porque era imposible. Como lo demostraría Cepeda más adelante, el artículo 120 obliga al Presidente a ofrecer participacion en el ejecutivo, pero faculta al segundo partido en votos a que acepte o rechace la propuesta. Y en caso de que la rechace, le otorga total libertad al Presidente para conformar su gabinete. Y eso fue exactamente lo que sucedió, tanto en el caso de los ministros como en el de los gobernadores.
Y en el momento en que Leyva se enredaba más en este punto, le pasó lo peor: pidió la palabra Gustavo Rodríguez, del Movimiento Nacional, quien trasladó el debate a los episodios de repartición burocrática en Bogotá. Después de esta interrupción, Leyva nunca pudo recuperar el hilo de su argumentación y la posibilidad de que Cepeda se luciera se le sirvió entonces en bandeja de plata.
Aunque entre los conservadores existió el consenso de que no salieron bien librados en este primer episodio de oposición, podría concedérseles un gol de la honrilla: el de haber vendido con éxito la idea de que se necesita un verdadero estatuto de la oposición.
Y aquí vino el gran resbalón de Cepeda. Después de haber afirmado sin ruborizarse que el Partido Liberal no había participado en el anterior gobierno, se empecinó en su tesis de que "la Constitución es el estatuto de la oposición". Y se resbaló por dos razones. Primero, porque es evidente que la Constitución es una ley fundamental, y el estatuto de oposición que piden los conservadores -y no sólo ellos, sino además el Nuevo Liberalismo y la UP- es un conjunto de normas específicas. Segundo, porque la Constitución, tal como está concebida en la actualidad, se basa en un sistema político de colaboración bipartidista y no de binomio gobierno oposición. Tan específico debe ser el estatuto de la oposición, que debe contener reglamentaciones concretas sobre puntos como la carrera administrativa, y sobre todo, el acceso a los medios de comunicación del Estado.
Esto último cobra especial importancia si se tiene en cuenta que el nuevo gobierno está estudiando una profunda reforma al manejo de los canales estatales de televisión, cuyo punto central es el de los noticieros y programas de opinión. Teniendo en cuenta que los realizadores de esos programas, según el proyecto que estudia en la actualidad el gobierno (ver SEMANA número 224) serán dos grupos de contratistas del Estado sujetos a posteriores renovaciones, no es descartable pensar que esa relación contractual los lleve a convertirse en voceros del gobierno de turno, en perjuicio del partido de oposición.
Claro que los actuales adjudicatarios de noticieros son también contratistas del Estado, pero al haberse hecho esta adjudicación con un criterio paritaria entre los dos partidos, hay más posibilidades de que exista un equilibria informativo.
Este es un punto que interesa fundamentalmente a los conservadores como partido de oposición. Hasta el momento se ha hablado de un tímido "derecho de réplica", que en la práctica debe entenderse como su aspiración a ser partícipe en la adjudicación de noticieros y programas de opinión.
Aunque al cierre de esta edición estaba aún pendiente un punto muy importante, la decisión sobre si el Partido Conservador aceptaría participar en las alcaldías, algo era evidente: la semana pasada, por primera vez en más de 30 años, el partido perdedor le hizo oposición al partido del gobierno. Y esto, a pesar de que aún requiere una reglamentación, parecía tener contento a casi todo el mundo.







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